No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, reza el dicho, y cada día que pasa, va acercándose el momento inexorable en que la soberbia lideresa del fujimorismo, Keiko Sofía Fujimori, tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, a rendir cuentas del lavado de activos, obstrucción a la justicia y liderar una organización criminal integrada por 41 encausados. Por todos estos delitos, el heroico fiscal José Domingo Pérez ha formulado acusación ante el juez Víctor Zúñiga Urday y ha pedido una pena privativa de libertad hasta por 30 años y 10 meses contra la hija del exdictador.
La defensa reclamaba denodadamente en los últimos meses, y con evidente afán dilatorio, de que no se habría acreditado la entrega personal de dinero a la acusada, pese al cúmulo abrumador de 15 mil folios de pruebas de requerimiento original; sin embargo, para sellar con incuestionable caudal probatorio, el fiscal ha presentado un adicional en vía de subsanación de 2,384 folios, en 12 tomos, en los cuales ha adjuntado mayores evidencias de los nombres, lugares, fechas, horas, minutos y años, así como la modalidad en que Keiko Fujimori, y su cónyuge Mark Vito Villanela, habrían recibido el dinero clandestino que hasta ahora han venido negando en todos los idiomas, y tampoco han explicado en qué lo gastaron.
De acuerdo con información reciente del diario La República, que habría tenido acceso a la acusación y el adicional de la subsanación, en todos los casos la acusada, su cónyuge y demás integrantes de la organización criminal a que se refiere el fiscal Domingo Pérez, habrían efectuado el recibo y trasiego de dinero en maletas o sobres manila para ocultar su procedencia y destino final.
Pese a haber evitado el registro bancario para no dejar huellas, las empresas de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras, y Dionisio Romero Paoletti, Credicorp, anotaron en senda contabilidad, y el registro de visitas correspondiente, la salida del dinero contante y sonante, así como el nombre de las personas que fueron a recibirlo, entre los que se encuentran la acusada principal y su cónyuge. Según los registros de Sudamericana de Fibras, el 20 de febrero del 2013, la misma Keiko Fujimori en persona llegó para llevarse US$ 50.000 en efectivo.
El valeroso fiscal ha logrado presentar evidencias de que la acusada y sus 41 cómplices también recibieron, entre el 22 de setiembre del 2010 y el 3 de junio del 2011, un total de US$ 3 millones 600 mil. Esta fecha es de capital importancia, porque en ese periodo la jefa de Fuerza Popular se desempeñaba como congresista y jamás reportó la recepción de ese dinero en su declaraciones juradas; lo cual desvirtúa plenamente el falaz argumento de su defensa de que ella nunca fue funcionaria pública ni cometió delito alguno desde el poder.
En el caso de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, admitió ante José Domingo Pérez, haber entregado subrepticiamente US$ 3 millones 650 mil a la campaña de Keiko Fujimori del año 2011. En prueba de su afirmación ha proporcionado la documentación bancaria y contable de la salida de dicho dinero; dejando sin escapatoria a la acusada con tal evidencia instrumental.
Pero también ha proporcionado documentación relativa a US$ 480.000 entregados directamente a Keiko Fujimori en 5 armadas: US$ 60.000, el 20 de marzo del 2016; US$ 60.000, el 29 de marzo del 2016;US$ 60.000, el 30 de marzo del 2016; US$ 150.000, el 25 de mayo del 2016; y, US$ 150.000, el 2 de mayo del 2016, por intermedio de José Chlimper Ackerman. A estas alturas ya sabemos que este último personaje fue nombrado miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú por imposición del Congreso fujimorista, en evidente recompensa política por sus servicios de pitufeo prestados.
En el mismo sentido, el fiscal ha presentado mayores evidencias de la recepción de dinero por parte de Keiko a través de sus coacusados como son: Augusto Bedoya Camere (US$ 2 millones 010 mil), Jaime Yoshiyama Tanaka (US$1.000.000 de Odebrecht), Pier Figari Mendoza (US$ 745.000), Jorge y Víctor Shiguiyama Kobashigawa (US$ 850.000), entre otros.
Al igual que a Chimpler Ackerman, a este último Keiko también lo hizo nombrar jefe de la SUNAT en pago por sus servicios prestados; pero también con el evidente propósito de que se encargue de favorecer el no pago de impuestos y multas tributarias de las empresas que aportaron a sus campañas electorales, así como a las que ella disponga. En otras palabras: la recaudación del dinero de los contribuyentes estaba en manos de la hija del exdictador.
El proceso se encuentra en la fase intermedia o de control de formal y sustancial, para evitar que eventuales vicios procesales propicien a futuro la nulidad de la sentencia a imponerse. De ello se están aprovechando los más de 40 abogados de la defensa para dilatar lo más que puedan el avance de la causa y dar tiempo a que el Congreso vaque a Pedro Castillo y Dina Boluarte, con el evidente propósito de que la derecha tome el poder desde el Parlamento e imponga condiciones al Ministerio Público o al Poder Judicial y “salvar a la chica”, como dijo claramente en algún momento Vladimiro Montesinos.
Por lo pronto, ya han reiniciado una elaborada campaña de desprestigio contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, como ha denunciado el reciente semanario Hildebrandt en sus Trece, donde se reproducen apócrifos chats que van desde supuestos lobbies hasta sórdidos diálogos de contenido lascivo. Estos burdos actos de demolición moral recuerdan a los del chat “La Botica”, donde en su momento los congresistas del fujimorismo urdían “chancar”, “joder” y “matar” al fiscal Domingo Pérez; así como las amenazas públicas que en otro momento hiciera Luz Salgado, en que blandiendo el dedo amenazante pretendiera intimidar a dicho fiscal, diciéndole: “usted no sabe con quién se está metiendo”.
En el propósito nefasto de salvar a su lideresa la ultraderecha no solo va a querer volar mediáticamente en pedazos a los fiscales, sino también a la ya precaria institucionalidad política, volviendo una y otra vez con eso de la vacancia presidencial, censuras ministeriales, acusaciones constitucionales y otras formas de desestabilizar al país. Sin dejar de lado el uso político de los magistrados recientemente nombrados del Tribunal Constitucional, a los que pasarán factura planteándole alguna acción de habeas corpus en cualquier momento, para lograr la nulidad del proceso judicial en favor de la acusada.
Sin embargo, como ya se ha visto cuando Pedro Chávarry pretendió sacar del camino a los fiscales, en una noche de Año Nuevo; corresponde a la ciudadanía la vigilancia firme y resuelta, para evitar que no solo los fiscales, el Poder Judicial o la justicia sean intimidados, sino para lograr que el Perú en su conjunto derrote a la impunidad.
