Hacia fines de 1996 se licitó el contrato por el lote X, que previamente fue redimensionado, resultando ganador el grupo argentino petrolero Pérez Companc, que pagó US $ 202 millones de dólares por las reservas probadas, instalaciones, y ductos etc. Ese contrato con todo lo que ello implica se transfirió, cuando el precio internacional del crudo estaba alrededor de los veinte dólares el barril. Ahora el crudo se ubica por encima de los US $ 70 dólares el barril. ¿Cuánto valdrían ahora sus reservas probadas?
Las reservas probadas fueron estimadas en 40 millones de barriles por el célebre informe de la Booz& Allen Hamilton que justificó y valorizó las diversas unidades de PetroPerú, para una irracional privatización por partes que se inició hacia 1992, con la fragmentación del gran lote X, en pequeños lotecitos I, II, III, IV, VI/VII, IX.
Debiera ser evidente que el año 1996 no era un buen año para el país, que vivía una dictadura cívico/militar con un copamiento de las instituciones, con una corrupción generalizada que ha sido calificada como la más grave en el Perú durante toda su vida republicana, que ya es decir bastante.
En ese proceso se privatizaron una serie de empresas públicas, sin planeamiento y con una falta de estrategia nacional de desarrollo, como lo atestigua el cierre del Complejo Minero Metalúrgico de La Oroya, el cierre del Alto Horno en la Siderúrgica de Chimbote, y los graves pasivos ambientales en el sector minero/energético. A pesar de una creciente oposición ciudadana el proceso privatizador de las unidades de PetroPerú fue posible por del descrédito de los partidos llamados democráticos, la debilidad de la oposición ciudadana, y de los sectores patrióticos. Hoy estamos pagando las consecuencias por esta falta de un planeamiento estratégico en el sector energético.
¿CUÁNTO VALDRÍA EL LOTE X?
Si se comparan los años 1996 y el 2018 en lo referente al lote X, un campo considerado maduro pues fue explotado por la vieja IPC desde la década de los años veinte del siglo pasado, pasando por las operaciones bajo responsabilidad de PetroPerú desde 1969 hasta 1996, fecha en que fue transferido a la petrolera argentina Pérez Companc (Pecom).
¿Qué se decía de ese viejo lote? Que era un lote sobreexplotado, con rendimientos decrecientes, que no tenía muchas reservas probadas, que tenía altos costos operativos. Con miles de pozos cerrados temporalmente (ATA) por ser antieconómicos. Es más, en el colmo del cinismo se decía que PetroPerú no estaba en capacidad de operarlo, pues le generaba pérdidas a la empresa.
Todo ello evidentemente era una gran mentira que se puso en evidencia, cuando desde 1994 la petrolera estatal comenzó a generar utilidades del orden de los US $ 256 millones de dólares anuales y era todo un problema pues ¿cómo se ha de privatizar una empresa que está generando utilidades? Un contrasentido económico.
Así, contra viento y marea dicho lote fue privatizado en diciembre de 1996 y desde el año siguiente hasta el 2017 bajo operaciones de Pérez Companc, pasando por Petrobras y la estatal china CNPC, de dicho campo maduro se han extraído 105 millones de barriles, y con los datos oficiales hasta diciembre del 2017 habría 75 millones de reservas probadas adicionales todavía por explotar.
En tal sentido, cabe preguntarse, si en 1996 con reservas probadas de 40 millones de barriles se pagaron US $ 202 millones de dólares, cuando el precio del petróleo no superaba los US $ 20 dólares, cabe interrogarse ¿Cuál sería el precio que debiera pagarse por 75 millones de barriles de reservas probadas, ahora que el precio bordea los US $ 70 dólares?
Al margen de ideologías, sin considerar las grandes diferencias de coyuntura entre 1996 y el 2018, donde el Perú ha pasado de ser un país paria, considerado pobre a ser un país de ingresos medios, con tasas positivas de crecimiento económico, de una fortaleza macroeconómica, con disciplina fiscal, a pesar de la incertidumbre de la economía mundial.
Es decir, haciendo abstracción del contexto macroeconómico y de la coyuntura políticasocial, el valor de las reservas probadas e instalaciones sería muy superior a los US $ 1,325 millones de dólares.
Solamente guardando las proporciones de la transferencia de 40 millones de barriles en 1996 por las cuales se abonó US $ 202 millones, cuando el precio era de US $ 20 dólares el barril. Ahora si quisiéramos privatizar 75 millones de barriles de reservas probadas, cuando el precio está por encima de los US $ 70 dólares el barril, lo menos que debiera percibir el estado sería un monto superior a los US $ 1,325 millones de dólares.
UNA TRANSFERENCIA DE RIQUEZA
Pero todo esto sería una ilusión, pues el Congreso de la República, en particular el lobismo de Acción Popular, el Apra, Alianza para el Progreso, con el fujimorismo de "la Sra. K" están próximos de aprobar lo que sería el Proyecto de una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH), donde se les extendería por 30 años adicionales la vigencia de sus contratos a las empresas petroleras que firmaron sus contratos en la década de los noventa del siglo pasado.
Como es de conocimiento público se trata de los contratos de servicios Z-2B bajo responsabilidad de Savia Perú en el Zócalo Continental, más los lotes I y V en Piura operados por Graña y Montero Petrolera que son contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2023.
En la misma condición se encuentran los contratos de licencia por los lotes II, VI/VII, X en Piura, correspondientes a Petrolera Monterrico, Sapet y CNPC de la China Popular respectivamente; a ellos se suman a los contratos próximos a su vencimiento antes de 2026, los lotes 8 operado por Pluspetrol Norte en la selva nororiental, como la Maple (31 B/D) y Aguaytía Energy (31C) en Ucayali.
POR UN MAYOR DEBATE
En razón de la coyuntura política que vive el país marcado por la corrupción endémica, más la cercanía a un proceso electoral, la controversia entre el ejecutivo y las reformas constitucionales, ha captado el interés de la opinión pública, por tanto la atención sobre la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) ha pasado a un segundo plano, cuando debiera convocar el interés público.
Al margen del evidente rentismo que constituye renovar los contratos por los lotes de hidrocarburos próximos a su fecha de vencimiento por 30 años más, el referido proyecto debe ser sometido a una revisión legislativa con expertos y consultores internacionales ajenos a los grupos de interés.
En verdad, una nueva ley de hidrocarburos debiera tener como punto de partida un análisis económico, productivo y financiero ponderado, lo más objetivo posible lejos del interés de parte de los "espadachines a sueldo de las empresas"
Importa interrogarse sobre ¿Qué ha sucedido en el sector entre 1993 a la fecha? La evidencia nos demostraría la cruda realidad: el fracaso de los objetivos que justificaron la privatización de PetroPerú.
También demostraría como mediante la privatización de la petrolera estatal se subvaluaron las reservas probadas en este cuestionado proceso, que ha significado una transferencia de riqueza desde el estado hacia el capital privado y los grupos de interés.
Un caso clamoroso de la subvaluación de las reservas probadas desde 1994 cuando se decide privatizar los activos, instalaciones y lotes de Petro- Perú, lo constituye la experiencia del lote X que previamente fue "adelgazado" mediante la escisión y formación de varios lotecitos como los lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, que hoy detentan las empresas como Graña y Montero, Petrolera Monterrico, Sapet, CNPC y Unipetro.
A pesar de su antigüedad estos lotes tienen más reservas probadas de las que se declaran gracias a las peculariedades del subsuelo de la Cuenca de Talara y del Zócalo Continental. Gracias a nuevas tecnologías, es posible extraer más crudo de los campos maduros de Talara, por ello es de justicia que las empresas interesadas en la ampliación contractual paguen por las reservas probadas y/o se convoque a una licitación pública, para que se pague por el valor de las reservas que le pertenecen a la Nación.
