Pasadas las 9 de la mañana, Keiko Fujimori fue detenida de manera preliminar en la sede del Ministerio Público (MP) luego que el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, declarara fundando el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez para investigarla por lavado de activos.
Pérez presentó la solicitud de detención por diez días debido a que Keiko no asistió a anteriores citaciones de la Fiscalía, que investiga los aportes a la campaña de Fuerza 2011 y Fuerza Popular, agrupaciones con las que se presentó a las pasadas elecciones, en las que obtuvo el segundo lugar.
CON VITTO
La excandidata quedó demudada al recibir la noticia en local de la Fiscalía ubicado en el antiguo jirón Miró Quesada. Solo atinó a informarle a su esposo Mark Vitto Villanella que la acompañaba. Después fue trasladada al local de la Prefectura.
El juez dictó la orden de detención bajo la premisa de que Keiko Fujimori encabeza una organización criminal dentro de Fuerza Popular, en una decisión que reavivó el encendido clima político del país.
De acuerdo al penalista César Nakazaki su suerte futura es muy complicada, pues si la Fiscalía presenta un pedido de prisión preventiva con argumentos sólidos es probable que se acepte el pedido, pues la decisión recaería sobre el juez que determinó la detención preliminar.
“Si se pide la prisión preventiva es altamente probable que se dé salvo que se demuestren graves irregularidades en este caso”, dijo Nakazaki.
Las imputaciones del juez son graves, pues le atribuye a Keiko ser lideresa de una organización criminal, dedicada al lavado de dinero.
Poco después, el exministro fujimorista Augusto Bedoya también fue detenido bajo cargos de ser el supuesto receptor del dinero ilícito entregado por la firma Odebrecht. La detención preliminar involucra a 20 personas en total. El jefe de campaña Jaime Yoshiyama se libró de la detención por estar fuera del país.
ODEBRECHT
Los argumentos de acusación tienen su origen en los aportes no muy claros de diversas organizaciones, entre ellas la empresa Odebrecht, para la campaña de Fuerza 2011. De acuerdo al magistrado, la responsabilidad de la excandidata se basa en que los estatutos le otorgan injerencia en todas las decisiones que se adoptan en su agrupación.
Concepción Carhuancho señaló que el pedido de detención preliminar contra Keiko y otros 19 militantes de su agrupación fue solicitado por el fiscal José Domingo Pérez y que la investigación gira en torno a la constitución de una organización criminal que “tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ellos aportes ilícitos” y tenía a Keiko en su “liderazgo y jefatura”.
Tras advertir que entre las funciones de una organización criminal está propiciar la fuga de sus integrantes, el juez decidió ordenar la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, argumentando que no tenía “arraigo laboral conocido”.
El magistrado también advierte que ella tendría facilidades para salir del país. “Desde el año 1994 hasta la fecha cuenta con salidas a diversos países, de donde se sigue que existe el serio riesgo de que no retorne al país”. Después hace énfasis en que tiene a sus suegros y amistades en Estados Unidos, así como familiares en Japón.
Otros de los argumentos para determinar que existe riesgo de fuga es “la gravedad de la pena que se espera como resultado” de la investigación, “la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo”.
El juez también cuestiona “el comportamiento del imputado” durante el procedimiento de investigación, en alusión a las diversas estratagemas legales utilizadas por la defensa de la excandidata, lo que en un sentido amplio podría entenderse como sus lazos con magistrados cuestionados como el juez César Hinostroza o el fiscal Pedro Chávarry.
La resolución del juez incluye parte de un informe de la fiscal provincial anticorrupción del Callao, Sandra Castro, el cual consigna la declaración de un colaborador eficaz que da cuenta de una presunta relación entre el destituido juez César Hinostroza y el citado partido político.
LA CARTA DE KEIKO
Desde la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Keiko escribió que su detención “será solo un capítulo más de persecución” en su contra. “Hoy me han detenido sin fundamentos jurídicos. En el momento en que voluntariamente me presentaba ante la Fiscalía. La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Me han perseguido 18 años, y nunca han mostrado una prueba, y así sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”, escribió.
Tras recordar que la semana pasada “anularon abusivamente” el indulto humanitario de su padre, dijo que ahora ella y otros fujimoristas son objeto de persecución política. En su carta les dice a sus seguidores que “no van a truncar nuestro proyecto político”.
Mark Vitto calificó la decisión fiscal como un exceso, mientras que la abogada de Keiko, Giuliana Loza, definió la detención preliminar como arbitraria: “Esta es una resolución arbitraria y abusiva. En estricto cumplimiento a una citación hemos sido notificados de una resolución que dispone la detención preliminar por 10 días, sin sustento o argumento alguno”.
En horas de la tarde, la excandidata fue llevada a la sede de la Sala Penal Nacional, en el centro de Lima, en una camioneta blanca, bajo una fuerte custodia policial y cubriéndose las manos enmarrocadas. Allí se realizó la diligencia de control de identidad. Minutos después, retornó a la sede policial de la avenida España donde sus seguidores se concentraban exigiendo vanamente su libertad.
DETIENEN A ESPOSA DE CONGRESISTA
La detención de la lideresa de Fuerza Popular y 19 de sus seguidores incluye a la esposa del congresista Rolando Reátegui, Marizol Valles Chong. Según el juez, la esposa del parlamentario habría prestado su nombre para registrar aportes de campaña “fantasmas” a FP.
