Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular se libraron de la prisión preliminar de 10 días ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones invalidara la decisión argumentando la falta de motivaciones para la detención de todos los involucrados en el delito de lavado de activos.
Tras escuchar la decisión de la Sala, que preside el magistrado César Octavio Sahuanay, Keiko y sus allegados se estrecharon en besos y abrazos, respirando aliviados porque sobre ellos pende una grave imputación de lavado de activos, como producto de la entrega de US$ 1.2 millones de la empresa Odebrecht.
La Sala acusó al magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de haber tramitado sin previo análisis y acogiendo únicamente los argumentos de la fiscalía las acusaciones contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Marisol Valles y Erick Matto. Carhuancho ya no podrá volver a ver el caso, otro triunfo de los fujimoristas.
La decisión judicial se produjo pasadas las 9 y 20 de la noche, cuando ya se había difundido la noticia que confirmaba la fuga del juez César Hinostroza, de quien se dice habría sostenido reuniones con miembros de Fuerza Popular para mediatizar las investigaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La solicitud de detención provisional de la fiscalía se dio bajo la presunción de delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Tal como consta en el documento fiscal, las amenazas contra los testigos protegidos y las posibilidades de fuga fueron determinantes para el pedido.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Durante la argumentación sobre la prisión preventiva, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, resaltó que la anotación "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita", encontrada en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, fue "el hilo de la madeja" de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular y su cúpula.
Vela explicó que los directivos Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y Fernando Miagliccio confirmaron en que la empresa entregó el aporte a Fuerza Popular a través del jefe de campaña Jaime Yoshiyama, y el exministro de Transportes de la dictadura, Augusto Bedoya.
Recordó, además, que Marcelo Odebrecht, en noviembre de 2017, confirmó que habían financiado las campañas de muchos políticos peruanos con fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas, la conocida Caja 2, que era un fondo de procedencia ilícita.
Explicó que el pedido de detención preliminar se basó en la existencia de una red criminal dentro de Fuerza 2011 para captar aportes indebidos. "Estamos ante una organización criminal que infiltró al partido político. Nunca hemos dicho que los partidos son organizaciones criminales, sino que han sido instrumentalizados… Todos los detenidos están claramente asociados a la organización criminal y se detalla que han buscado amenazar, pagar, constreñir a los testigos para que cambien su versión", sentenció Rafael Vela.
El fiscal rechazó los argumentos de la defensa legal de Keiko, Yoshiyama, Bedoya, Valles Chong y Tarazona, y cuestionó que tampoco diga nada de los supuestos "aportantes" a la campaña, que ahora niegan de forma abierta haber entregado dinero.
Mientras se escuchaba la fundamentación del representante de la fiscalía, Keiko Fujimori permaneció con el rostro adusto.
KEIKO
Al hacer uso de la palabra, la lideresa del fujimorismo restó importancia a las declaraciones de los directivos de Odebrecht en Perú, que fueron citados por el fiscal Vela. "A él no le consta que haya habido aporte. ¿Qué ha señalado el señor Barata? Que jamás he solicitado dinero, que jamás he conversado con él de temas de dinero. Es más, señaló, que soy una persona fría y distante la vez que me vio", indicó.
En otro momento, declaró que "jamás se reunió" con el magistrado César Hinostroza, pese a las declaraciones en contrario del empresario Antonio Camayo, un hombre muy cercano al juez que se encuentra prófugo de la justicia.
En un intento por descalificar las investigaciones, dijo que las recientes detenciones de sus asesores Pier Figari y Ana Hertz de Vega, a base del testimonio de un testigo protegido, son claramente abusivas". También descartó sea responsable de los temas administrativos del partido.
Finalmente señaló que, en medio de tanta injusticia y de tanta persecución política, puede rescatar algo positivo "y es que se ha iniciado el camino de unidad en mi familia y fortalecimiento de mi partido".
Fujimori Higuchi también negó que tenga intenciones de abandonar el país. "No me he ido del Perú en el año 2000. Estoy aquí dando la cara. Jamás he obstruido a la justicia", señaló.
En la audiencia, la abogada Giuliana Loza cuestionó que en la resolución fiscal se diga que Fujimori Higuchi no cuenta con un trabajo conocido, pese a que es presidenta del partido Fuerza Popular y se encuentra en planilla, tributa y recibe honorarios.
