La reactivación del sector construcción ha generado trabajo y dinamización económica pero, como contraparte, se ha incrementado el accionar de las mafias que extorsionan y asesinan. Así lo informó Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), organización que afilia alrededor de 200 sindicatos en todo el país y que ha sufrido el asesinato de 20 dirigentes de sus sindicatos afiliados de 2011 a la fecha.
“Saludamos a la Policía Nacional por la desarticulación de algunas bandas del crimen organizado y la captura de sicarios que accionaban como brazo armado del seudosindicato de fachada FENATRACC y su prontuariado líder Augusto Ramos Dolmos, que sembraban el terror en las obras de los distritos de Chorrillos y Comas, también por la decisión de enviar un grupo de la DINOES a Sullana, Piura, para combatir el sicariato”, afirmó.
Recordó que desde 2016 a la fecha, tan solo en Sullana, han sido asesinados por sicarios tres dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP: Óscar Céspedes en 2016, Henry Noé Suárez en 2020 y Edwin Nieves Villegas en 2021.
Sin embargo, remarcó, esta medida es aislada, pues no existe una política de Estado de lucha organizada contra el sicariato y la extorsión de las mafias de la construcción civil. Esto lo demostraría el incremento de la violencia y la falta de sentencias comparables con la cantidad de acciones delictivas.
“Desde la FTCCP, exigimos una política de estado contra la delincuencia en construcción civil, para evitar muertes, extorsiones y la sensación de inseguridad ciudadana que vive el país y, especialmente, los empresarios, profesionales y obreros del sector. También exigimos que se fortalezca a la Policía Nacional, las Fiscalías contra el Crimen Organizado y los juzgados en todo el país para poder hacer investigaciones que concluyan con la captura, juzgamiento y sentencia a los delincuentes de estas mafias, evitando así la impunidad”, sentenció.
Asimismo, evidenció que en esta lucha la Policía a veces confunde a los violentistas con los trabajadores en protesta, pues la Policía confunde la protesta legítima de los trabajadores, que reclaman derechos laborales cuando el empresario incumple, convirtiéndose en guardianes de malos empresarios infractores de la ley.
Algunos empresarios cederían a la presión de los delincuentes y serían víctimas de sus fechorías, y en muchos casos el dinero para la extorsión lo obtienen de no cumplir de los derechos laborales de sus trabajadores.
“El incumplimiento de los derechos laborales también es violencia. En ese sentido, la propuesta integral del Estado contra la extorsión debe tomar en cuenta todos estos aspectos del problema”, dijo.
