La congresista Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, advirtió que las fuentes hídricas que desembocan en el río Rímac contienen altos niveles de metales pesados debido a la actividad minera en la cuenca alta del río y que esta contaminación alarmante representa un grave riesgo para la salud de los peruanos.
Luque denunció que el Estado no hace nada para revertir la grave situación de salud pública y manifestó que no hubo respuesta articulada por parte de ningún ministerio y las organizaciones ambientales sobre los riesgos e impactos de la minería en la cuenca alta del río Rímac, pero dijo confiar que se pueda consensuar con otros sectores para obtener soluciones concretas ante la situación.
Manifestó además que trasladará al Estado peruano las preocupaciones que se suscitaron en el foro, como la declaratoria de estado de emergencia de la cuenca alta del río, el establecimiento de una comisión multisectorial en la cual integre a las instituciones, como el Ministerio de Desarrollo Agrario (MINAGRI), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el gobernador regional de Lima y el presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA).
Luque consideró necesaria una siguiente reunión de trabajo con otros sectores, en la cual se aborde específicamente el tema ambiental de la cuenca y afirmó que es urgente hacer visible los documentos de control político que destacan el rol del Estado en los diferentes niveles. Dijo que esto permitirá a la población fiscalizar y dar seguimiento a la solución de los peligros ambientales planteados por las instituciones estatales.
“Para esta cuenca necesitamos instrumentos que luego podamos darle seguimiento [...] no es un tema que se va a resolver de manera inmediata pero creo que el Estado tendría que estar presente para empezar a desarrollar informes mucho más articulados con la OEFA, con el Minsa que den cuenta por donde tienen que afrontarse y cuáles son las causas del problema”, manifestó durante la presentación en el Congreso de un estudio sobre el río Rímac.
"No hay un ministerio que asuma una responsabilidad política fuerte respecto a cómo abordarmos y cómo se orienta de manera clara y estratégica la situación de los pasivos, de la remediación ambiental. No existe. […] no solo es un tema de darle salud o garantizar derechos es también ver cuál es la visión y el debate político que ocupa”, mencionó Luque.
Edwin Berrospi, coordinador del área socioambiental de la Red Muqui y encargado de exponer el informe del estudio, sostuvo que la investigación se realizó con la colaboración de instituciones como la Comisión Episcopal de acción social (Ceas), la Red Muqui, la plataforma por la defensa y promoción del ambiente en la cuenca alta del río Rímac, Diócesis de Chosica y las comunidades de San Mateo, San Antonio y todas las que conforman la cuenca alta del río Rímac y que tiene como objetivo evaluar la calidad de agua y sedimentos en la cuenca, vinculada a los relaves mineros en 3 zonas de monitoreo: zona Chinchan, zona de Tamboraque y la zona Pacococha-Millotingo.
Berrospi explicó que, entre las tres zonas de monitoreo, Pacococha-Millotingosuperó de manera exponencial el Estándar de Calidad Ambiental (ECA). Esto se debe a que el PH del agua es ácido y presenta altos valores de arsénico, cadmio, cobre, plomo y zinc en relaves y sedimentos por la actividad minera en la cuenca alta.
Señaló además que en las zonas Pacococha-Millotingo y Tamboraque existe un alto riesgo de inestabilidad física y química por lo que, los resultados reflejan el grave peligro en la que se encuentra la salud y el bienestar integral de la población, así como de los ecosistemas. “No solo son estas tres unidades muestrales analizadas sino que son los 18 relaves que están representando un problema de salud pública para la cuenca del río Rímac [...]”, dijo Berrospi.
Berrospi afirmó que, según el anexo de la Resolución Ministerial del MINEM del 2023, existen 375 pasivos ambientales mineros en la cuenca del Rímac, de los cuales 196 se encuentran dentro de la laguna Santa Eulalia, fuente de agua importante para el consumo humano de Lima.
En este contexto, la congresista Luque señaló que las empresas mineras tienen responsabilidad en relación a estos pasivos ambientales, y que el Estado debe ejercer control y sancionar adecuadamente.
El evento contó con la participación del secretario de defensa del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Roy Arce Pajuelo, quien recordó que existen otros ríos que abastecen a Lima y Callao como lo son el río Chillón y Lurín que deben ser supervisados.
Arce pidió también que se debe conformar “(de inmediato) una comisión multisectorial en la que participe no solo el gobierno sino las partes afectadas con la finalidad de solucionar este gran impacto ambiental [...] que a la larga involucra al agua y la salud de todas generaciones”.
