La detención de Keiko Fujimori marca un antes y un después del tratamiento que el sistema de justicia peruano les ha dado a los grupos políticos que más han infiltrado sus espacios. Hasta antes de ayer, la severidad -sobre todo en el arraigo de los investigados e imputados- se había concentrado en Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, liberados después de diez meses de prisión preventiva, en Alejandro Toledo, con una orden de captura internacional y un proceso de extradición en marcha, así como en Susana Villarán y Pedro Pablo Kuczynski, ambos con impedimento de salida del país.
En una decisión sorpresiva, el juez Richard Concepción (el mismo que resolvió la prisión preventiva de Humala y Heredia) decidió aceptar el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que Keiko, junto a otros diecinueve investigados, fuera detenida preliminarmente en el marco de la investigación por el delito de lavado de activos que se sigue en su contra, por el financiamiento de su campaña política para las elecciones del 2016.
Lo que había empezado con una presunción delictiva a raíz de la imposibilidad de explicar los fondos de campaña de Fuerza Popular en las últimas elecciones generales, se fue acercando a la posibilidad de una imputación más grave: el lavado de activos de fondos de Odebrecht, cuyos funcionarios, acogidos en Brasil a procesos de delación compensada, fueron revelando a medida que avanzaban las investigaciones.
En simultáneo a esta investigación, fueron sucediendo algunos eventos importantes. Por ejemplo, la difusión de los CNM audios, que dio lugar, entre otros tantos efectos, a la certeza plena de que el partido de la señora Fujimori formaba parte esencial del entramado de corrupción que revelaban las conversaciones entre jueces, fiscales, consejeros del CNM y parlamentarios fujimoristas. Más aún, empezaban a despejarse las dudas sobre la captura que el fujimorismo había emprendido del sistema de justicia peruano, empezando por la Fiscalía y el Poder Judicial.
Mientras tanto, en el despliegue de las investigaciones del Ministerio Público las citaciones que el fiscal Pérez dispuso para la señora Fujimori fueron desatendidas por esta sin mayor explicación, acaso tranquilizada por la influencia que parece ejercer actualmente sobre el titular de la Fiscalía de la Nación.
El caso es que todos estos elementos han sido consignados en la resolución del juez Concepción Carhuancho que sustenta la detención preliminar de Fujimori.
La contundencia probatoria, sostenida en el correlato entre la ausencia de explicaciones para los gastos de campaña de Fuerza Popular y las declaraciones de los brasileños sobre sus aportes. Y del lado del peligro procesal, la influencia sobre el sistema de justicia y la renuencia injustificada a acudir a los llamados a declarar del Ministerio Público.
Todo hace indicar que en los próximos días se abrirá investigación preparatoria por este caso y el Fiscal, si no ocurre algo muy extraño, solicitará una medida de arraigo similar a la detención de hoy, que el juez deberá conceder. Esta no podrá ser otra que la prisión preventiva, cuyo plazo máximo es de 36 meses. Me contaron que en Alfonso Ugarte ya están preparado un traje a rayas XL.
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