El Tribunal Constitucional decidirá este martes si grandes empresas se salgan con la suya o paguen una deuda millonaria al Perú. El caso es que más de 150 empresas, que deben al país S/ 9,256,970,935, no quieren pagar mediante maniobras legales.
Estas empresas buscan que sea declarada inconstitucional la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº1421, que los obliga a pagar. El TC tiene la palabra este martes.
Sobre el tema, la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, dijo que “estamos en medio de una grave recesión económica pero este martes el TC podría tomar una decisión que implicaría dejar de cobrar S/ 9 mil millones de impuestos a grandes empresas”.
“No lo permitamos. Que el Tribunal Constitucional del Perú sepa que la ciudadanía está atenta“, dijo la lideresa mediante sus redes sociales.
“¡Basta ya de leguleyadas para evadir y eludir impuestos! Es tiempo de una verdadera Reforma Tributaria para que los que más ganan paguen lo justo”, agregó.
A su vez, la bancada congresal del Frente Amplio (FA) exhortó al TC que este martes resuelva pensando en los intereses del país y que el monto que deben las empresas podría servir para construir hospitales, plantas de oxígeno, implementar camas UCI, etc. y, hacer frente a la pandemia.
Entre las empresas que adeudan al Estado aparecen: Buenaventura, Scotiabank, Telefónica, Latam, Odebrecht, la clínica Ricardo Palma, Las Bambas, Cerro Verde, Graña y Montero, Lindley, Backus, etc.
La Sunat ha informado que estas 158 empresas deben S/9,256,970,935, equivalente al 6% del presupuesto público para el año 2021, el 52% de los recursos públicos asignados a la lucha contra el coronavirus, prácticamente el presupuesto anual del sistema de pensiones y 5 veces más que la deuda de la corrupción fujimorista de los 90.
Por ejemplo, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ha invocado la prescripción de S/2,083,106,484, seguido de Scotiabank Perú SAA con S/1,076,546,420.
El congresista del Frente Amplio Lenin Bazán ha declarado: “El Tribunal constitucional debe decidir a favor de la sociedad y no de las grandes empresas. Con el dinero de las deudas lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir el COVID-19“.