Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares en el marco de un juicio federal en Estados Unidos por denuncias de adicción a redes sociales en menores de edad.
El acuerdo se anunció después de que 29 estados estadounidenses presentaran demandas argumentando que el diseño de las plataformas de Meta creaba adicción en niños y adolescentes. La acción judicial incluyó estados como California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.
Acuerdo y cambios en las plataformas
Según documentos judiciales, Meta aceptó implementar modificaciones para los usuarios adolescentes a nivel nacional, entre ellas límites diarios de uso y bloqueos nocturnos en Facebook e Instagram. Además, estos cambios deberán aplicarse en todo el territorio de Estados Unidos, en cumplimiento con lo pactado ante la justicia federal de California.
El juicio federal se originó tras la presentación en 2023 de una demanda coordinada por fiscales generales estatales, quienes sostuvieron que Meta diseñó intencionalmente sus apps para fomentar el uso compulsivo entre los jóvenes, impulsando así su negocio y afectando la salud mental de niños y adolescentes.
En las denuncias se argumentó que la compañía engañó a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas y recopiló datos personales de menores sin el consentimiento de sus padres. Los fiscales alegaron también la utilización de esta información para desarrollar modelos de machine learning e inteligencia artificial.
El caso incluyó reclamos bajo la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet. Los estados denunciantes solicitaron hasta 1,4 billones de dólares en concepto de daños, cifra que superaba ampliamente las sanciones aplicadas en otros litigios contra empresas tecnológicas.
Declaraciones de la compañía y respuesta legal
Meta negó haber cometido irregularidades. De acuerdo con lo informado por Reuters, la empresa señaló que decidió aceptar el acuerdo sin admitir culpa alguna.
Un portavoz de Meta calificó las acusaciones como “infundadas” y consideró que la sanción económica propuesta era “enormemente desproporcionada” frente a las reclamaciones presentadas por los estados.
La defensa de Meta argumentó que no existe evidencia de que consumidores hayan sido engañados sobre la posible adicción a las redes sociales, ya que “la adicción a las redes sociales” no constituye una afección psiquiátrica reconocida.
El portavoz también indicó que las medidas solicitadas afectan a todo el sector y criticó que se incluyeran como motivo sancionador funciones como la creación de una cuenta adicional de Instagram o los procedimientos de verificación de edad.
El acuerdo alcanzado evita la realización de un extenso proceso judicial contra Meta, considerada una de las pruebas más importantes hasta la fecha sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad en Estados Unidos.
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