La impunidad de McDonald’s

Han pasado más de nueve meses de la muerte de Gabriel Campos y Alexandra Porras en el restaurante de comida rápida, McDonald’s, aquella mañana del domingo 15 de diciembre de 2019. El informe técnico emitido por SUNAFIL demostró que la causa de las muertes fue incumplimiento de las normas de seguridad por parte del restaurante de comida rápida.

La pareja de enamorados laboraba para la cadena de comida rápida, McDonald’s, en la sede de Pueblo Libre en la “modalidad de tiempo parcial”. Este empleo les servía para costear sus estudios y en el que llevaban menos de seis meses. Sin embargo, los jóvenes trabajaban hasta 12 horas en un país, en el que, por ley, solo corresponden ocho. Ella quería ser abogada y él fisioterapeuta. Sueños que fueron frustrados por una pésima condición laboral más parecida a explotación. 

En respuesta al fallecimiento de los dos trabajadores, McDonald’s cerró sus locales en el Perú por dos días consecutivos en señal de luto. La empresa Arcos Dorados, propietaria de McDonald’s, se encargó también de cubrir los cargos de sepelio de la pareja. Pero, las obligaciones no quedaron allí. La franquicia debía ponerse a disposición de las autoridades para las investigaciones del caso a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Fiscalía de Perú. 

El informe técnico emitido por SUNAFIL demostró que la causa de la muerte de Gabriel y Alexandra se debió al incumplimiento de las normas de seguridad por parte del restaurante de comida rápida. La descarga eléctrica que acabó con la vida de los enamorados fue provocada por deficiencias en la máquina dispensadora de bebidas con la que trabajaban. Mantenimiento que pudo ser realizado por el grupo de franquicias que factura alrededor de 2700 millones de dólares por restaurante al año, y que, solo en Latinoamérica cuenta con más de 2 200 locales. 

Nueve meses después de lo ocurrido, la 35° Fiscalía Penal de Lima archivó el caso y declaró improcedente la denuncia impuesta al gerente de la empresa Arcos Dorados del Perú S. A. C., José Carlos Andrade Roy. Denuncia que implicaba el delito de violación a la libertad de trabajo, el cual atenta contra las condiciones de salud y seguridad. El abogado representante del empresario argumentó que el archivamiento se dio en un contexto de acuerdo económico al que llegó la familia de Alexandra Porras con la empresa propietaria de McDonald’s. Y aunque la contraparte que aboga en representación de Porras afirma que dicho acuerdo no significó que se detenga la investigación, lo cierto es que se ha dado por zanjado el proceso. 

Dos muertes demuestran, una vez más, la explotación laboral que viven muchos jóvenes, y que están disfrazadas de “colaboración” en las grandes empresas. No existe actualmente una cifra de trabajadores que sufren de explotación laboral porque esto sucede en empresas privadas que se supone, “cumplen con las normas”. Sin embargo, esto se ve también reflejado en la informalidad laboral, la que representa y mueve casi 80% del PBI peruano. Y la que también, ha dejado sin trabajo al 25% de ciudadanos antes de reportado el primer caso de coronavirus en Perú, según IPSOS.

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