Amnistía Internacional ha denunciado que continúan las “políticas de represión” del Gobierno de Venezuela a pesar de la captura del presidente Nicolás Maduro en operación militar de Estados Unidos en enero de este año y ha advertido de que incluso algunos “perpetradores” de crímenes contra los Derechos Humanos han sido ascendidos en las estructuras de poder.
La representante de la ONG para Venezuela, Clara del Campo, ha puesto de relieve este miércoles en una entrevista para Europa Press que, salvo ciertos “alivios”, como una mayor flexibilidad para los medios de comunicación o la liberación de presos mediante la “arbitraria” ley de amnistía, continúan la detenciones por motivos políticos, las torturas y “la criminalización de miles de personas”.
“El velo de impunidad no se ha tocado ni un poco”, ha advertido Del Campo, quien ha explicado que centenares de venezolanos siguen siendo arrestados de manera arbitraria por motivos políticos. “No hay un registro de personas en custodia del Estado, en qué condiciones están, en qué centros de reclusión, bajo qué procesos penales (…) Hay un nivel de opacidad total”, ha dicho.
Del Campo ha explicado que el número de personas en esta situación es muy difícil de verificar y ha agradecido “la labor titánica” que algunas organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo para tener un registro. Hemos escuchado autoridades desde la presidenta encargada hacia abajo ir tirando al aire cifras sin ningún tipo de verificación internacional”, ha lamentado.
UNA LEY DE AMNISTÍA “ARBITRARIA Y DISCRECIONAL”
La Asamblea Nacional de Venezuela promulgó en febrero de este año una ley de amnistía que, de acuerdo con datos oficiales, ha beneficiado a más de 8.000 personas, entre encarceladas o bien en libertad con medidas cautelares. Las organizaciones de Derechos Humanos y de la oposición sostienen que la mayoría pertenecen a este segundo grupo por lo que cientos siguen aún en prisión.
Del Campo ha señalado que si bien desde Amnistía Internacional van a celebrar cualquier libertad que se logre o proceso penal que se cierre, lo cierto es que vienen observando “un uso bastante arbitrario y discrecional de esa ley (…), que ha sido la marca del Gobierno durante tantos años”.
Asimismo, ha denunciado “opacidad” y “falta de transparencia” en todos estos procesos, así como una mala aplicación de la norma, cuando no inexistente, con casos de personas que son liberadas pero dejan en abierto su expediente.
“La gente sigue sometida a medidas cautelares que igualmente restringen su derecho de libertad, incluso a la integridad, y enfrentan una amenaza y un temor constantes de que en cualquier momento les vuelven a detener”, ha explicado Del Campo, quien ha mencionado el caso de Javier Oropeza, un exalcalde que tras dos años de exilio, regresó al país creyendo que su causa había sido sobreseída.
Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se subirá al atril del pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, como parte de la apertura de la 81 edición que se celebra estos días en su sede de Nueva York. Una intervención que ha generado cierta expectativa después de los incidentes recientes en el país sudamericano, pero que de la que Amnistía no espera “nada”.
“Esperamos que por lo menos la comunidad internacional lo escuche con oídos críticos y haga una verificación y constatación detallada y minuciosa de las declaraciones que haga, porque lo más probable es que estén plagadas o de imprecisiones o abiertamente mentiras”, ha expuesto Del Campo.
Del Campo ha destacado que estos “alivios” que han llegado de algunas de las decisiones de las autoridades venezolanas se deben principalmente a la presión internacional, pero sin olvidar tampoco que al igual que “la arbitrariedad guía las violaciones de Derechos Humanos, también el resto de decisiones”.
“Creemos que la presión internacional influye mucho, la cantidad de información que se ha ido haciendo pública de forma exhaustiva, rigurosa y contrastable, sobre todo a través de la ONU, pero a través de la sociedad civil, permite dejar testigo al mundo de lo que pasa y da herramientas a actores, terceros estados, mecanismos multilaterales, Naciones Unidas, para exigir cambios muy concretos”, ha dicho.
Del Campo ha dejado entrever también que la posibilidad de que se celebren unas elecciones libres en el futuro pasan por una reforma completa de las actuales estructuras del Estado. “La participación política y el espacio cívico en Venezuela está plagado de vicios y de violaciones de Derechos Humanos desde hace muchos años muchos”, ha puesto de relieve la responsable de Amnistía Internacional.
“Desde la libertad de expresión, el derecho a la participación en asuntos públicos, a la libertad de asociación, a la reunión pacífica, todos los elementos, la separación de poderes, un sistema de justicia independiente, libertad de prensa, todos los elementos que construyen un Estado de derecho y un sistema que proteja y garantice los Derechos Humanos, incluido el de la participación política, hoy por hoy, no se dan”, ha asegurado.
“Tenemos que ver cambios mucho más robustos, garantizar la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la participación en asuntos públicos, el derecho de asociación, el de las ONG a exigir derechos, sean políticos o económicos, sean el derecho al agua, o la alimentación (…) esos son los cambios que nos van a permitir pensar que ha habido un cambio estructural que a día de hoy no están pasando”, ha ahondado Del Campo.
Unos cambios, ha explicado la responsable de Amnistía Internacional, que dependen de las autoridades venezolanas “sin atender a quien escuchen, quien les asesoren, o quien les influencien”.
“Quienes sostienen el poder del Gobierno venezolano y del Estado venezolano son las autoridades venezolanas y no deberíamos restarles ese poder y bajar el nivel de exigencia de lo que ellos pueden y deben hacer”, ha remarcado.
Aún con todo, Del Campo ha destacado que una parte de la sociedad venezolano no ha dejado de exigir que cambie la situación. “No hemos visto a gente bajar las manos (…) la gente venezolana sigue exigiendo sus derechos contra viento y marea y con un nivel de resiliencia que nos genera mucha admiración”, ha zanjado.
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