La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) “la libertad plena de todas las personas presas políticas” y ha reclamado a Caracas transparencia y una visita a los centros de detención “con acceso irrestricto”.
“La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. En Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada”, ha declarado el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un comunicado leído por la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.
Por ello, ha reclamado que “toda detención arbitraria debe cesar de inmediato” y ha exigido, en representación de la CIDH, “la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia”, advirtiendo al tiempo de que “las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado”.
Asimismo, el dirigente de la Comisión ha exigido “acceso pleno y verificable a la información pública” y “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal”, además de “protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia”.
“Reiteramos con la mayor firmeza la urgencia de una visita ‘in loco’ a Venezuela, con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad”, ha agregado, subrayando que “la pregunta ya no es si la CIDH está dispuesta, lo está; la pregunta es si el Estado venezolano lo está”.
Tales han sido las reclamaciones que han dado conclusión a un texto en el que el comisionado Ralón ha argumentado que “no hay Derechos Humanos plenos sin democracia”. “La democracia no es un adorno del sistema interamericano: es su condición de posibilidad. Y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho”, ha defendido, antes de lamentar que “en Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada”.
“Solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de libertad por motivos políticos: defensoras de Derechos Humanos, periodistas, familiares de detenidos y, en varios casos, núcleos familiares completos”, ha detallado el presidente de la CIDH, que ha destacado los “más de 300 testimonios de víctimas” recogidos por el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEVE) de la Comisión y las “cerca de 30 audiencias temáticas” celebradas sobre este tipo de detenciones en Venezuela. “La evidencia es abrumadora”, ha anotado.
En este sentido, ha alertado de que, “a abril de 2026, 454 personas continuarían detenidas por razones políticas: 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares”, si bien supone una cifra menor a las “2.062 detenciones por motivos políticos” documentadas por la sociedad civil en la segunda mitad de 2024.
Sin embargo, Ralón ha señalado que “persisten la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica”, una serie de circunstancias que ha vinculado a las “al menos 18 personas” fallecidas “bajo custodia del Estado”.
El dirigente de la CIDH ha tomado “nota” de la ley de Amnistía, que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio por terminada a finales de abril tras haber beneficiado, según ella, a más de 8.600 personas que habrían logrado “libertad plena”. Sin embargo, el comisionado ha incidido en que “la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena, mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares”, como “prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestar o de hablar con la prensa”. “Eso no es libertad: es libertad vigilada”, ha aseverado.
“La CIDH no normalizará lo que no debe normalizarse, no aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”, ha prometido el líder de la Comisión en un comunicado en el que ha querido subrayar que “no hay Derechos Humanos plenos sin democracia”.
Tras la exposición de argumentos realizada por Tania Reinaum, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha respaldado la propuesta de una visita ‘in situ’ de la CIDH a las prisiones venezolanas, alegando que “proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que la situación exige y, sobre todo, que el pueblo venezolano merece”.
“Cada persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la estabilidad democrática y el progreso que la región necesita. La represión y la persecución política no pueden tolerarse en nuestro hemisferio”, ha manifestado.
Por ello, ha reiterado su “llamamiento a las autoridades venezolanas para que agilicen incondicionalmente la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos”, al tiempo que ha manifestado que la Organización de Estados Americanos “está dispuesta a apoyar a Venezuela y a sus Estados Miembros mediante líneas de acción complementarias y que se refuercen mutuamente, con el objetivo de restaurar la confianza, fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la gestión pública y fomentar la gobernanza sostenible”.
“El futuro de Venezuela, al igual que el de cualquier Estado en este hemisferio, debe fundamentarse en la voluntad de su pueblo. La OEA no está aquí para imponer soluciones. Estamos aquí para apoyarlas en el camino hacia la democracia representativa, la estabilidad política y la prosperidad”, ha aclarado, antes de “reconocer el derecho del pueblo venezolano a determinar su propio futuro” y pedir “a todos los actores dentro de Venezuela y en todo el mundo para que asuman la responsabilidad compartida”.
Al calor del discurso de Ramdin, la opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido la postura de la OEA en un mensaje en redes en el que ha argumentado que “el desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.
“Los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen, deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”, ha reclamado.
LA CIDH OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A OTROS TRES VENEZOLANOS
La comparecencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA ha tenido lugar el mismo día en el que la propia Comisión ha adoptado una nueva resolución en la que otorga “medidas cautelares” a tres hermanos italo-venezolanos –Carmelo, Daniel y Levin De Grazia– cuyos “derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Carmelo y Daniel De Grazia estarían privados de la libertad desde el 19 de abril de 2024, sin recibir la “atención médica necesaria y bajo condiciones inadecuadas de detención”, ha indicado la Comisión en una nota en la que agrega que “Levin De Grazia permanecería bajo arresto domiciliario, siendo sometido a hostigamiento por funcionarios estatales”, situaciones, todas ellas, sobre las que “el Estado (venezolano) no ha proporcionado información a la CIDH”.
Por ello, la entidad ha solicitado a Caracas que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” de los tres hermanos y para que tampoco sean “objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia”, entre otras medidas.
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