El equipo de Lula ha presentado “una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) por abuso del poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social, con solicitud de tutela de urgencia”, según recoge el documento judicial al que ha tenido acceso Europa Press.
Al final de la misma, el texto incluye una serie de peticiones relativas a las citadas plataformas, y, además, reclama anular la candidatura y “declarar la inelegibilidad” tanto de Flávio Bolsonaro como de su ‘número dos’, Alfredo Gaspar de Mendonça, “por el plazo de ocho años posteriores a la elección de 2026”.
En el texto, el equipo de campaña de Lula denuncia una “granja de contenido sintético” y una “distribución desproporcionada” que ejemplifica subrayando que “el perfil oficial del primer investigado (Flávio Bolsonaro), con un 17,2% menos de seguidores (que Lula), obtuvo, en la primera semana de la segunda vuelta, 2,96 veces más interacciones por publicación que el del candidato de la Coalición”.
También protesta por la “restricción” de la cuenta publicitaria del líder del Partido de los Trabajadores en vísperas de la primera vuelta, así como porque “los sistemas de inteligencia artificial de ambas plataformas generan contenidos con la leyenda ‘Flávio 22’, pero rechazan una solicitud equivalente con ‘Lula 13′”, las combinaciones de ambos políticos con el código numérico de su candidatura. También denuncia que “se aprobaron anuncios pagados desde Estados Unidos que incluían una imagen sintética del presidente estadounidense (Donald Trump) pidiendo el voto para el primer investigado (Flávio)”.
“Estos elementos convergen en los dos ilícitos previstos en el art. 22 de la Ley Complementaria n.º 64/1990, aquí imputados: el uso indebido de los medios de comunicación social –dado que las plataformas digitales son, hoy en día, los medios de comunicación de mayor alcance en el país– y el abuso de poder económico –puesto que la candidatura se beneficia de la movilización de estructuras empresariales de producción y distribución de contenido, de un valor económico significativo, al margen de la rendición de cuentas y con recursos provenientes de fuentes prohibidas–“, ha subrayado el equipo de Lula.
La presentación de esta acción judicial ha llegado un día después de que Meta asegurase haber cumplido con todas las instrucciones del Tribunal Superior Electoral para subsanar las fallas alegadas por la campaña de Lula sobre una presunta manipulación en sus publicaciones para favorecer a Flávio Bolsonaro, si bien el mismo día, el Consejo Asesor de Meta manifestaba su preocupación por los fallos “recurrentes” en los esfuerzos de la compañía para garantizar la integridad electoral en sus plataformas, advirtiendo de que sus prácticas de moderación están sofocando el discurso político.
El equipo de Lula ha actuado de este modo después de que el Partido Liberal que lidera Flávio Bolsonaro denunciase la candidatura del mandatario ante el TSE, solicitando también su anulación por “abuso de poder”.
La campaña de Flávio presentó una demanda en la que sostiene que el Gobierno habría utilizado información proveniente del portal digital oficial del Gobierno de Brasil (Gov.br), del Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS) y de la Receita Federal (equiparable a la Agencia Tributaria española) para dirigir mensajes personalizados sobre programas sociales de ayudas a las familias, frente al precio de los hidrocarburos y la luz o destinadas a la compra de medicamentos.
“Ningún candidato de la oposición tiene acceso a ninguno de estos recursos. Además, el uso de datos personales recopilados para la prestación de servicios públicos con fines de comunicación gubernamental durante un período electoral viola el principio de limitación de la finalidad que rige el tratamiento de datos por parte de las autoridades públicas”, afirma la petición.
El documento hace referencia a un contrato entre el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO), suscrito en 2021 y vigente hasta diciembre de este año, que contempla una estimación de 170 millones de notificaciones mensuales a través de diversos canales digitales. El coste previsto ascendería a 20,4 millones de reales (3,6 millones de euros) en un período de doce meses.
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