Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también ha solicitado la captura de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por lavado de capitales violación de datos personales.
“La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 6.00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos (…) y Daysuris del Carmen Vásquez Castro (…) por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”, señaló la entidad a través de un comunicado.
Petro y Vásquez serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios.
En respuesta a esta detención, el presidente colombiano ha publicado un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que reconoce que “me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel”.
En cualquier caso, asegura que la Fiscalía tendrá “todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”. “Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, ha subrayado.
“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, ha indicado el mandatario colombiano.
Cabe recordar que Petro ya solicitó a la Fiscalía en marzo de este año que investigara si su hijo mayor y su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, ofrecieron a grupos de narcotraficantes beneficios sobre las políticas de paz a cambio de dinero.
“Debido a la información que se rumorea sobre mi hijo y mi hermano, le pido al fiscal general de la Nación que adelante todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, indicó el mandatario izquierdista en un comunicado.
Previamente, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, puso en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar para que puedan ser incluidos en el plan de paz del Gobierno de Colombia.
“Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, subrayó.
