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Este artículo es de hace 6 años

De beneficiarios a ciudadanos

Los sistemas obligados a la respuesta pública pueden y deben extenderse, para así forzarlos a responder adecuadamente a la necesidad ciudadana.

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En el último cuarto de siglo no se ha logrado cuajar un esquema político, económico y productivo que permita afirmar que el país marcha hacia el ejercicio de la ciudadanía, entendida como atributo de igualdad de derechos y ejercicio de libertades. El reflejo de ello en lo social es la implantación de medidas parciales en alcance y segmentadas en relación a la población a la que se dirigen.

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Mantenemos un sistema de salud público bicéfalo que duplica funciones y gastos; contamos con un sistema de pensiones con la ONP, Pensión 65, regímenes especiales y aquellos adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de retribución; persisten diversos esquemas de relación laboral en el sector público: CAS, 728, locación de servicios. En suma, segmentación que ahonda la diferencia y duplicidades generadoras de ineficiencia e ineficacia.

Se dirá que esto obedece al principio de realidad ya que los recursos son limitados. Eso es reversible; tiene directa relación con la imposibilidad de lograr una reforma tributaria que nos saque del famélico 12.5% para pasar al menos a un 20% que nos permita generar políticas públicas sociales sostenibles dirigidas hacia la ciudadanía.

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Es momento de pasar de los beneficiarios de las intervenciones a los ciudadanos a los que se les reconoce y garantiza progresiva pero irreversiblemente sus derechos; lo que hoy es perfectamente viable si se establece la ruta de sostenibilidad financiera e integración de los recursos y entes prestadores del sector público.

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En 2009, cuando se inició el aseguramiento universal en salud, se dijo que era inviable dotar de cierta protección financiera a millones de “no pobres” que ingresarían al SIS; la decisión política hizo que se pase de 6 a más de 16 millones de asegurados en pocos años, lo que obligó a ampliar el financiamiento (insuficiente siempre) y a que el sistema vaya respondiendo a la necesidad ciudadana, antes que a sus lógicas excluyentes.

En suma, los sistemas obligados a la respuesta pública pueden y deben extenderse, para así forzarlos a responder adecuadamente a la necesidad ciudadana. Si no se asegura ese tránsito, seguiremos con alcances parciales y segmentados que contribuyen a la diferencia en una sociedad de iguales. No hay caso de país en el mundo que haya logrado desarrollo social con políticas públicas diferenciadas y dirigidas sólo a ciertos grupos poblacionales.

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El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
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