“Yo creo que la forma más rápida constitucional (para lograr la salida de Pedro Castillo), es la vacancia, pero no tenemos los votos suficientes. Pienso también que en algún momento el Ministerio Público va a publicar algo que sea verdaderamente fuerte como para que las bancadas del oficialismo comiencen a variar sus cosas (…). Estoy seguro de que cuando salga algo que sea determinante van a haber cambios de intención. Luego de esto es probable que haya algo respecto a Dina Boluarte, porque también va caminando eso con una denuncia constitucional bastante consistente”.
Eso fue lo que dijo el flamante presidente del Congreso, José Williams Zapata, en sus primeras declaraciones periodísticas a RPP al asumir el cargo, el pasado martes 13 de setiembre. De lo cual apreciamos que el drama del Congreso es el de la inminente debacle institucional, porque el actual presidente continuará el derrotero golpista impuesto por Keiko Fujimori desde el año 2016 y continuada por María del Carmen Alva y Lady Camones en el actual periodo parlamentario, de tener como prioridad no una agenda país con visión de estadista hacia el desarrollo, sino la toma del poder que no ganaron en las urnas, vacando al presidente y vicepresidenta, a la mayor brevedad, y de ser posible, en uno o dos meses, como decía Camones en los audios que propiciaron su caída, con el apoyo de la Fiscalía de la Nación.
La derecha política no entiende ni quiere entender que ese perfil conspirativo es el que ha llevado al Poder Legislativo a cosechar el repudio generalizado de la ciudadanía; el daño que con ello están haciendo a la institucionalidad democrática es de dimensiones incalculables, con el agravante de que quien ahora pretende tomar la presidencia de la República por asalto es un militar en retiro, como lo es José Williams; que, pese a conocer de inteligencia y estrategia, se ha ceñido al malévolo guion trazado por sus antecesoras. Tal vez porque lo mueve no solo el vanidoso ego de colocarse la faja presidencial, sino la de poner en práctica el estilo militar con que se ha formado en toda su vida, de optar por salidas rápidas y violentas, como la del operativo Chavín de Huántar, que dirigió exitosamente en el año 1997, logrando rescatar a 72 rehenes cautivos del MRTA en la embajada del Japón.
O, tal vez, la infausta operación militar del Plan Huancayoc, que culminó en la masacre de Accomarca, el 14 de agosto del año 1985 (a dos semanas de iniciado el primer gobierno de Alan García), bajo el mando de Telmo Hurtado (“El carnicero de los Andes”) donde Williams, entonces mayor de infantería, estuvo al mando de las patrullas 6 y 7 de las compañías de élite Lince. En esa masacre el pueblo entero fue borrado del mapa, sus 69 pobladores ametrallados (incluyendo mujeres y niños de hasta 3 añitos de edad) y sus restos volados con fuego de granada. José Williams fue acusado judicialmente y luego absuelto de los cargos que pesaban sobre él.
Pero el estilo militar aflora en su accionar inevitablemente, como no puede ser de otra manera en él. Ya hemos visto que cuando recibió la invitación de Pedro Castillo para iniciar un diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la sede del Palacio de Gobierno, Williams aceptó, pero con la condición de reunirse en la sede del Congreso. El objetivo: imponer condiciones e intimidar a Castillo, dando el mensaje de que las cosas se harán como la presidencia del Legislativo lo ordena. Si la invitación a dialogar fue iniciativa del Poder Ejecutivo, pues debió aceptarse en todos sus términos, incluyendo la sede; porque, si bien es cierto los congresistas representan a la Nación, el presidente de la República (quien quiera que sea) es el jefe de Estado y personifica a la Nación (véase los artículos 93 y 110 de la Constitución); de modo que el accionar de Williams solo demuestra su autoritaria vena castrense y poco respetuosa de los preceptos constitucionales, que son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos. Para ocultar esto los titulares de la prensa golpista han estado haciendo aparecer como que la iniciativa de diálogo había partido del nuevo presidente del Congreso.
Pero más allá de importantes sutilezas constitucionales, que a los militares les cuesta entender; lo preocupante del escenario actual, cada vez más crispado y agudo, es que en estos momentos el interesado de ceñirse la faja presidencial por la vía del golpe de Estado parlamentario es un general en retiro, con el respaldo de toda la derecha política y los poderes fácticos, económicos y mediáticos; sin embargo, por esas curiosidades de la vida, ahora le ha surgido abierta competencia en el campo popular y en el más abierto estilo militar y castrense, con la aparición de Antauro Humala, quien ante miles de pobladores en Huancavelica (decepcionados por el incumplimiento de las promesas de Castillo) ha iniciado su campaña electoral, prometiendo “fusilar a los corruptos”.
Una vez más parece que empieza a hacerse realidad el destino fatal de la derecha de sembrar vientos y cosechar tempestades. Mientras tanto, el Perú y la democracia van quedando entre dos fuegos. A eso hay que agregarle la pólvora que viene acumulando un sector de la Fiscalía, que lamentablemente, se está convirtiendo en parte interesada y actor de este calamitoso proceso de estropear las instituciones y demoler las normas, principios y garantías constitucionales. Solo un botón de muestra comparativa: a Keiko Fujimori que contaba con todo el poder millonario de los aportes bancarios, con 73 congresistas que, según el chat La Botica, se organizaban para “joder”, “chancar” y “matar” al fiscal Domingo Pérez, tenía impresionante récord migratorio de salidas del país (peligro de fuga), intimidaba abiertamente a los testigos y obstruía la actividad probatoria, mediante acaudalados bufets de defensa judicial, le pusieron solo 18 meses de prisión preventiva, que no llegó a cumplirlos porque el Tribunal Constitucional decretó su inmediata liberación; pero a la juvenil provinciana Jennifer Paredes quien, al parecer, se iniciaba en la vergonzosa senda de la corrupción, pero que no tiene los millones de aportes bancarios ni el poder que la hija del exdictador, y jamás ha salido del país, le han impuesto la descomunal sanción adelantada de 30 meses de carcelería.
No hay que ser abogado para darse cuenta que aquí estamos ante una flagrante vulneración de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual en el interior del país se siente y percibe como una perversa práctica discriminatoria desde el poder de administrar justicia en Lima; y tal vez por eso Castillo tiene 47 % de aprobación en el Sur y 40 % en el Perú Rural, según la última encuesta del IEP (a lo cual se suma la impresionante acogida que va teniendo Antauro Humala en tales regiones). Esa vulneración de las garantías constitucionales se evidencia aún más con la declaración de la fiscal Marita Barreto, en el sentido de que la prisión preventiva de Paredes “podría variar con una colaboración eficaz…”. Es decir, te detengo, no porque haya peligro de fuga en tu accionar u obstrucción a la actividad probatoria, sino para presionarte y que sindiques a Castillo o Lila Paredes. Por eso es que José Williams, como transcribimos al inicio de esta columna, no tiene empacho en poner de relieve el papel de la Fiscalía en buscar la vacancia de Pedro Castillo.
Esa misma fiscal es la que allana Palacio de Gobierno para incautar cámaras y videos del allanamiento anterior, de modo que esas incursiones no tienen cuando acabar; y cuidado que ya ha expresado su intención de hacer lo mismo con la ciudadanía crítica del país, al haber manifestado en días anteriores que, cual tenebroso personaje orwelliano, pretende investigar y encarcelar hasta los ciudadanos que critican sus labores; olvidando que en el Perú existe libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, por mandato del artículo 2 inciso 4° de la Constitución Política del país, y que los auténticos demócratas estamos dispuestos a defender ante los tribunales nacionales e internacionales; de modo que no tenemos inconveniente en que empiece por nosotros.
Hacemos hincapié en que aquí no defendemos a nadie: si Pedro Castillo y cualquier ministro, funcionario o familiar de él ha delinquido que les caiga todo el peso de la ley en su debido momento, pero respetando las garantías constitucionales del debido proceso, el equilibrio de poderes, y la institucionalidad del país; y, lo más importante: que los innegables indicios de corrupción pirañesca del actual gobierno no sea pretexto para que las centenarias mafias del poder (en algunos casos vinculada hasta el narcotráfico) vuelvan a Palacio de Gobierno con aureola de santidad.
Nuestra defensa y preocupación es y será siempre por el Perú, que es empujado cada día más hacia el abismo de golpe, y ahora con el peligro también de recibir implacable fuego de granada.
Política
