Dentro unos días estaremos cumpliendo dos años de aquel 31 de diciembre de 2018, en que miles de ciudadanos tuvimos que dejar a nuestras familias con la mesa servida para recibir la noche de Año Nuevo en las calles de Lima, en protesta por el abrupto cese de José Domingo Pérez y Rafael Vela, los emblemáticos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, realizado por el inefable Pedro Chávarry desde la Fiscalía de la Nación.
Las doce de la noche la pasamos frente al local de la Fiscalía ubicado en el jirón Miró Quesada, tremolando banderas rojiblancas y entonando el Himno Nacional, pletóricos de indignación y las gargantas en su más elevada vibración, logrando que el despropósito sea revertido en cuestión de horas por el ahora extitular del Ministerio Público.
Desde sus inicios, sostener a dichos fiscales y al Equipo Especial Lava Jato ha constituido un esfuerzo colectivo de respaldo ciudadano, que hasta ahora no ha podido ser doblegado por las fuerzas oscuras de la política nacional, pese a los innumerables intentos que hasta ahora han venido realizando.
El Equipo Especial constituye la mayor reserva institucional de legalidad con que cuenta el país, ya que a ellos se debe la más rigurosa investigación a cinco expresidentes de la República de los últimos tiempos: Toledo en proceso de extradición, Humala que fue sometido a prisión preventiva, PPK con detención domiciliaria, García que se quitó la vida cuando iba a ser detenido y, finalmente, Vizcarra con impedimento de salida del país por 18 meses.
A ellos se suma Keiko Fujimori que fuera encarcelada en el momento cumbre de su poder, cuando contaba con una poderosa bancada parlamentaria con la que venía arrasando la institucionalidad del país. No podemos dejar de mencionar a exgobernadores presos y empresarios que hicieron de las obras un festín de millonarias ganancias personales.
De meterle un balazo
Como es natural, y dado los grandes intereses mafiosos que están siendo desarticulados, el odio y afán por desmantelar al Equipo ha sido evidente cada vez que han tocado a alguno de los poderosos.
Así, por ejemplo, Keiko buscó demolerlos a través del chat La Botica, viéndose obligado José Domingo Pérez a pedir protección para él y su familia, cuando en vísperas de la Navidad 2018 se sintió amenazado en forma directa por el excongresista y vicealmirante retirado Carlos Tubino.
En su momento hemos visto también las imágenes del extinto Alan García bajar las escaleras de su domicilio, con pistola en mano, ante la orden de detención que iba a ejecutarse en su contra. Se dice que éste habría comentado en días anteriores: “Yo le meto un balazo a este huevón (José Domingo Pérez) y me mato yo”.
Como podemos apreciar a estas alturas, el Equipo viene haciendo una labor casi épica, enfrentándose al poder político y económico más grande de corrupción de los últimos veinte años, a riesgo de sus propias vidas.
Sin embargo, ahora vemos que también el poder mediático en estos días cierra filas encarnizadamente en defensa de Martín Vizcarra, del cual se decía que sea investigado en cuanto deje la presidencia y ahora que se le investiga se ha montado una nueva campaña para desarticular al Equipo Especial al que, sin escrúpulo alguno, el diario La República y conocidos periodistas del mismo han venido tildándolos de “golpistas”, pidiendo la cabeza de Rafael Vela y Juárez Atoche y hasta pena de cárcel contra ellos. Mejor no lo hubiesen hecho Alan y Keiko.
Lo más grave de todo, y como sucede en una bien pensada estrategia mediática de encubrimiento, es que han logrado posicionar en la mente de ciertos sectores democráticos de la población la idea de que, en efecto se trataría de fiscales golpistas, sediciosos y obstruccionistas, que habrían “solicitado” las colaboraciones eficaces contra Vizcarra.
A otros los han convertido en penosa caja de resonancia de los investigados, repitiendo como ventrílocuos que los fiscales “abusan de las prisiones preventivas” y “no tienen ninguna acusación ni condena”, cuando en realidad están cumpliendo con los plazos establecidos.
El enemigo es la corrupción
En otras palabras, es una estrategia de impunidad que está dispuesta a descabezar al Equipo Especial de ser necesario (ver editorial de LR, 30/11/20), que algunos aceptan porque se trata de defender al expresidente que derrotó al fujimorismo y es el “enemigo de mis enemigos”, cuando en realidad el enemigo es la corrupción.
Aceptar ese equivocado criterio es aceptar el “roba, pero hace obra” y el “mató menos, pero derrotó al terrorismo”; con lo cual nos hacen cómplices morales del latrocinio, y en las próximas elecciones terminar votando en favor del fujiaprista Salaverry, porque con él va el perseguido Martín Vizcarra en busca de blindaje e inmunidad.
Como vemos, el combate a la corrupción no es solo de orden legal y político, es, sobre todo, de principios y de mantener claras nuestras ideas para no dejarnos manipular emocionalmente. En esa vocación, defender al Equipo Especial Lava Jato y sus investigaciones se ha convertido en el imperativo moral e institucional de nuestros tiempos y del venidero año 2021.