Lo dice la resolución judicial que ordena la detención preliminar de Keiko Fujimori: ella había constituido una organización criminal al interior de Fuerza Popular que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de Odebrecht y otras localidades del mundo, para luego retribuirlos con obras sobrevaluadas, beneficios normativos y favorecimientos judiciales.
Esa organización era jefaturada por ella y tenía una distribución de roles jerarquizados por niveles, para la conversión, transformación, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita. Para dar apariencia de legalidad a esas actividades había dispuesto la organización de cócteles y cenas, la utilización de falsos aportantes, captación de fondos falsos, así como la obstaculización de la investigación, a través del magistrado que absolvía a violadores, César Hinostroza (Antonio Camayo confesó finalmente que ella era la “Señora K”).
La anotación de “Aumentar a 500” de Marcelo Odebrecht, la declaración de Jorge Barata de haberle enviado $ 1’200,000, y la confirmación de llamadas de este a Yoshiyama, son parte del abundante bagaje de elementos probatorios que la vinculan a los hechos delictivos; lo que conllevaría a imponerle una eventual pena de 10 a 20 años.
La inasistencia injustificada a las diligencias para dedicarse (con toda frescura) a actividades proselitistas y la prepotente interferencia al allanamiento de sus locales partidarios, son algunos de los mecanismos usados en su afán de obstaculizar la actividad probatoria.
La existencia del peligro de fuga está dada por la ausencia de trabajo conocido y facilidad que tiene para viajar a los Estados Unidos y Japón, donde cuenta con vinculaciones empresariales y familiares.
La fundamentación de la decisión judicial obra en una resolución de más de 180 páginas, pero Keiko sostiene ahora que se trata de “una persecución política”, fiel al manido libreto que suelen repetir los poderosos cuando caen en manos de la justicia. Sin embargo, calificó como un acto de “independencia” judicial la detención que el mismo juez, Richard Concepción Carhuancho, impuso en su momento a la pareja Ollanta y Nadine.
El esforzado trabajo del aguerrido fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó la detención preliminar, ha dado sus frutos. Esta vez, ni el pretoriano Fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry ha podido impedirlo. La espada implacable de la justicia ha tocado la cabeza de Medusa y empieza a sentirse un aura de esperanza en medio del miasma que nos ha infestado en los últimos tiempos.
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