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Este artículo es de hace 6 años

La informalidad empresarial y estatal

La informalidad es privada y estatal afecta a miles de peruanos en construcción civil y a millones en los distintos rubros de la actividad económica en el Perú.

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De acuerdo al INEI, tres de cada cuatro empleos son informales, caracterizados ellos por la violación de derechos laborales, bajos ingresos y condiciones de trabajo precarias.

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No obstante, la formalidad tampoco es garantía de cumplimiento de derechos. Los trabajadores de construcción civil lo saben, pues hay poca y mala fiscalización. La SUNAFIL no tiene expertos en regímenes especiales, como el de construcción civil, y si los tiene, son insuficientes para la totalidad de las obras.

Ante la falta de fiscalización, malos empresarios no dudan en quebrantar la ley para generarse ganancias. Quienes no saben crear riqueza por sí solos, apelan a reducir derechos laborales, es decir, a robarle dinero, salud y seguridad laboral a los trabajadores con premeditación, alevosía y ventaja.

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En esa línea está la prédica de flexibilizar derechos laborales para fomentar la inversión, propia de un grupo empresarial sin mucho brillo intelectual.

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Uno de los grandes problemas de informalidad en construcción civil radica en la subcontratación en las obras públicas y privadas. Los subcontratistas, en su mayoría, no cumplen con el régimen de construcción civil ni las normas sociolaborales y de salud y seguridad en el trabajo.

Por si fuera poco, una vez concluida la obra, estos capitales, comúnmente extranjeros, emigran y los trabajadores no pueden hacer valer sus reclamos. Por si fuera poco, las propias licitaciones del Estado, sobre todo en infraestructura, se han estado realizando por servicios y no por obras de construcción, lo cual vulnera el régimen especial de construcción civil. Asimismo, municipalidades y gobiernos locales, provinciales y regionales que realizan obras por administración directa deben cumplir con el régimen de construcción civil, pues es de ley, pero muchas veces incumplen este mandato.

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Las municipalidades, el OSCE y la Contraloría también deberían exigir que los expedientes técnicos para la ejecución de un proyecto contemplen el compromiso u obligación de cumplir con las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el Trabajo.

La informalidad es privada y estatal, y afecta a miles de peruanos en construcción civil y a millones en los distintos rubros de la actividad económica en el Perú.

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El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
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