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Este artículo es de hace 6 años

Por una nueva Constitución, no a la impunidad

El fujimorismo, comprometido a fondo con el narcotráfico, empezando por la familia “imperial”, es el opositor mayor a una nueva Constitución.
Gerónimo López

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) participó en la Movilización Ciudadana el pasado 12 de setiembre para exigir la salida del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pues es sindicado como el soporte de la red de corrupción en el sistema de justicia peruano.

Felicitamos a los fiscales que, pese a las amenazas, han denunciado a Chávarry como integrante del crimen organizado de "Los Cuellos Blancos del Puerto". Por otro lado, también es loable que, militantes del Apra, mediante una carta firmada, manifiesten su oposición a que Alan García vuelva a ser candidato en 2021. En política, García es un zombie, y eso todo el mundo lo sabe, incluso los mismos apristas.

La corrupción siempre está dirigida desde la cúpula del poder político y empresarial hacia el resto de las instituciones del Estado. Por eso los trabajadores consideramos que las movilizaciones recientes abordan un aspecto de la corrupción: la del Congreso y del Poder Judicial, pero no debemos olvidar que la corrupción ha corroído todo el aparato estatal, incluyendo el Ejecutivo. Y ahí también está incluido el Ministerio Público. La crisis de corrupción y de impunidad es generalizada donde confluyen los cárteles del narcotráfico.

En el Perú, de acuerdo a datos de la Contraloría de la República, la corrupción cuesta entre 3 a 5% del PBI, algo de 15,000 millones de soles al año. Debe ser más, pero, aun con esa cifra, es certero afirmar que los gobiernos sucesivos se solventan manteniendo la miseria en que sobreviven millones de peruanos.

La propuesta del presidente Martín Vizcarra de realizar un referéndum para acabar con la corrupción mediante una reforma en el sistema de justicia y una reforma política es insuficiente, pues una solución integral requiere de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución que responda a los intereses del pueblo peruano y acabar con los grupos de poder que han tomado al Perú como si fuese su chacra. Debemos acabar con esta Constitución privatista, excluyente que privilegia a un pequeño grupo de poder que se enriquece con el crecimiento económico que generamos los peruanos.

El fujimorismo, comprometido a fondo con el narcotráfico, empezando por la familia "imperial", es el opositor mayor a una nueva Constitución.

Por eso, la CGTP convoca a los trabajadores y la población en general en todo el Perú a movilizarse este 26 de setiembre en la Jornada Nacional de Lucha "Por un país sin corrupción ni impunidad"; Y por una nueva Constitución Política democrática que beneficie al pueblo, impulse el desarrollo económico y social con una equitativa redistribución de las riquezas para el pueblo peruano.

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El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)