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A la deriva

Camisea: la promesa incumplida de Castillo

El presidente Pedro Castillo y el nuevo ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, aún no explican la forma cómo van a cumplir la promesa de la masificación del gas.

Un país en crisis política, la asunción de un cuarto gabinete ministerial en un solo mandato presidencial, contaminación ambiental por derrame de petróleo en el mar peruano y un presidente que no da luces sobre cómo cumplirá una de sus principales promesas que tiene que ver con el gas de Camisea.

En selva alta de Cusco, en los distritos de Megantoni y Echarate de la provincia de La Convención, y en el distrito de Sepahua, límite entre Cusco y Ucayali, se encuentra el yacimiento de gas natural más rico del país y de Latinoamérica: el gas de Camisea. El país recibe millonarios ingresos por sus tributos; sin embargo, las comunidades indígenas matsigenkas de Camisea que viven alrededor no cuentan con servicios básicos ni de saneamiento, ni de salud.

El Consorcio Camisea (CC) lidera las operaciones gasíferas en La Convención. Esta agrupación de empresas está conformada por la compañía argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil, la coreana Sk Corporation y la multinacional española Repsol.

Repsol no solo es responsable del mayor derrame de petróleo ocurrido en Perú en el último mes, sino que también explota el lote 57 de Camisea para la obtención de gas natural, pero no cumple con la Municipalidad de Megantoni, es decir, no paga tributo, según informa el alcalde del distrito, Daniel Ríos.

Este consorcio fue licitado por el Estado peruano para la explotación, separación y fraccionamiento de hidrocarburos, del que deriva el Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado en los balones de cocina que difícilmente se usan en unas de las comunidades de Camisea: Sepahua.

Sepahua es una de las comunidades nativas de Camisea y frontera con Megantoni. El gerente municipal del distrito de Sepahua, Óscar Vásquez, menciona: “Lo que no se puede creer y el país tiene que saber es que a dos horas de donde se produce el gas, tenemos que comprar un balón por 50 o 55 soles. Esto es lo que mortifica a la población, tremenda desigualdad e injusticia”.

Todo el gas natural del Perú está en el poder del Consorcio Camisea, que obtuvo licitaciones por parte del Estado peruano para extraer este recurso del subsuelo de la selva del país por 40 años, directamente, sin concurso previo. Y que además explota los lotes de gas 56, 57, 58 y 88 ubicados en el distrito de Megantoni y alrededores, los que representan la mayor producción de gas natural a escala nacional.

A pesar de que Camisea posee una gran riqueza natural en su subsuelo, las comunidades indígenas viven en pobreza y pobreza extrema. Los pobladores no tienen garantía de electricidad las 24 horas, cocinan a leña, no tienen agua potable de calidad, ni desagüe, ni centros médicos implementados. La municipalidad del distrito de Megantoni informa que recibe presupuesto, pero el dinero no lo emplea en obras. Esta falta de obras es consecuencia de la ley del canon.

El canon gasífero es el dinero que proviene del impuesto que las empresas pagan al Estado peruano por su actividad extractora en Camisea.

Las comunidades de Camisea enfrentan también los niveles altos de desnutrición crónica, anemia y tuberculosis que atacan, en su mayoría, a los niños y esto es resultado directo de la falta de saneamiento básico en la zona y la inexistencia de hospitales y postas médicas.

Humberto Santillán es el alcalde de Sepahua. Él menciona que cada comunidad nativa es autónoma y tiene su propio apu o jefe de comunidad. Las comunidades de Camisea son propietarias del territorio en donde está ubicado Megantoni. Debido a ello el dinero del canon gasífero no puede ser empleado en infraestructura si es que antes los jefes de comunidad, o líderes, no han vendido o entregado dicho territorio al municipio.

La explotación del gas de Camisea ocasiona también contaminación ambiental. En 2018 y 2019 se reportaron derrames de líquidos de gas natural en el distrito de Megantoni que ocasionó la muerte de peces en la quebrada del río Kemariato, afluente del Bajo Urubamba.

Daniel Ríos, alcalde de Megantoni, mencionó en una entrevista al portal Ojo Público que existe cierta desconfianza entre las comunidades de Megantoni y las empresas explotadoras del gas de Camisea. Estas empresas desde que iniciaron su actividad extractora generaron impacto en el río Urubamba. El alcalde Ríos expresa: “El río ya no es como antes, cuando encontrábamos pescado. No decimos que las empresas no operen, pero deben impulsar programas de responsabilidad social”.

La mayor cantidad de licitaciones para la extracción del gas se entregaron a partir del 2000. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se firmaron nuevos contratos de licencia con el Consorcio Camisea, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y la brasileña Petrobras, que fue la que cedió sus derechos a la CNPC y resultó involucrada en el caso de corrupción Lava Jato vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

En el gobierno de Toledo y de Alan García se firmaron también contratos privados entre el Consorcio Camisea y el consorcio Perú LNG conformado por la compañía estadounidense Hunt Oil, la holandesa Shell Gas, la coreana SK Innovation y la japonesa Marubeni. Estos contratos privados no solo se enfocaron en la explotación del gas de Camisea, sino también en su exportación al extranjero. Es decir, el gas nacional quedó en manos de las empresas privadas, pues en estos acuerdos no intervinieron ni Perúpetro, ni el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El proyecto Camisea surge a inicios de los 80 durante el segundo gobierno de Belaunde Terry. La empresa angloholandesa Shell firmó un contrato con el Estado peruano en 1981 para realizar operaciones petrolíferas en la selva sur del país y comprobar la existencia de hidrocarburos en el lote 38 y 42, en el distrito de Echarate, límite con Megantoni, provincia de la Convención en Cusco. Así, durante 1984 y 1988, Shell descubre los yacimientos de gas natural en Camisea.

Sin embargo, la unión de la compañía Shell con Mobil resultó un fracaso porque el acuerdo demostró que la inversión era mayor a las ganancias que obtendrían considerando que en esos años el gas natural solo aspiraba a un mercado nacional. Así, Shell-Mobil se retiró y el gas natural quedó en manos del Consorcio Camisea.

El Consorcio Camisea no solo explota el gas natural, sino que también está permitido para transportarlo y distribuirlo por un periodo de 33 años. Este consorcio junto a la empresa argentina Techint y la peruana Graña y Montero, ahora Aenza, suscribieron un acuerdo para conformar la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

La Transportadora de Gas del Perú lleva el gas natural desde los yacimientos de Camisea hasta la planta de fraccionamiento en Pisco, en donde se dividen los líquidos de gas natural usado en los balones de cocina y la gasolina empleada en el transporte. El destino principal del gas de Camisea es la generación de electricidad en el país, y su derivado, el GLP, significa una importante fuente de ingreso de divisas al Perú. A este acuerdo de la TGP se sumó la empresa belga Tractebel, que actualmente es dueña de Cálidda.

Cálidda hace llegar el gas natural a los hogares de Lima y Callao mediante una red de ductos. Gabriela Arroyo vive en la urbanización Los Pinares en el distrito de Los Olivos, ella menciona que Cálidda le instaló el gas natural en su vivienda y el monto que paga varía entre 20 y 25 soles. Antes compraba balones de gas por 50 soles aproximadamente.
Con el éxito que tuvo el gas natural en Lima, en 2012 el Estado peruano decretó la Ley n° 29970 que tenía como objetivo promover la masificación de gas natural en el país. Así surge el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para llevar el gas natural desde Camisea hasta el sur del país y descentralizar el acceso a este recurso con el que solo contaba la capital.

Tras una promoción de la inversión privada, este proyecto fue adjudicado en el 2014, bajo el gobierno de Ollanta Humala, al consorcio integrado por Odebrecht (Brasil), Enagás (España) y Graña y Montero (Perú). El conglomerado obtuvo también la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, que transporta el gas de Camisea desde Cusco hacia Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Y es por este ducto, que la empresa Graña y Montero, ahora Aenza, declaró al equipo especial Lava Jato haber cometido casos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, lo que ocasionó que se paralizara la construcción de este gasoducto hace cinco años.

Camisea tiene todas las condiciones para ser un lugar digno donde vivir. Las comunidades nativas que habitan allí pueden tener una vida de calidad mediante la explotación de su principal recurso energético. Pero, por falta de atención del Estado a esta zona alejada de la capital y la corrupción, Camisea se ha convertido en un infierno, en el que la principal lucha es sobrevivir.

Hasta ahora el presidente Pedro Castillo y el nuevo ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, aún no explican cómo van a cumplir la promesa de la masificación del gas. No hay algo claro en lo que harán. Tampoco existe alguna estrategia, o si quiera un nuevo pronunciamiento respecto al tema, para la promesa que hizo en plena cumbre de su campaña presidencial 2021. El Gobierno no sabe cómo cumplir sus promesas electorales.

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