Los congresistas de Acción Popular anunciaron la presentación ante la Contraloría General de la República de su Declaración Jurada de Intereses.
“La Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los 130 congresista están en custodia de la Contraloría, ahí se van también la Declaración Jurada de Intereses porque así lo ha considerado la modificación aprobada por el Parlamento”, dijo Manuel Merino, congresista de AP y actual presidente del Congreso.
Según Merino, la demora de casi 3 meses desde el inicio de funciones del nuevo Congreso se debió a “que por los tiempos no se ha hecho en el debido momento”.
Merino aseguró que la bancada de Acción Popular está comprometida con “la lucha frontal contra la corrupción”.
Remoción
La crisis en el interior de Acción Popular cobra fuerza. Esta tarde, 6 de sus parlamentarios solicitaron la “inmediata remoción” de los voceros del partido de la lampa ya que “lejos de articular a la bancada, con falsas justificaciones buscan destruir a congresistas y militantes genuinos de Acción Popular”.
“El periodismo ha publicado en las redes sociales fotografías y copias de la relación de visitas al premier y al presidente de la República hechas por el vocero de la bancada Otto Guibovich y 3 presidentes de comisiones: Anthony Nova, Leonardo Inga, y Lesly Lazo, hechas dos días antes del voto de investidura al gabinete”, se lee en el documento.
La misiva dirigida a la Comisión Política del partido y difundido por El Comercio lleva las firmas de Rosario Paredes (Arequipa), Orlando Arapa (Puno), Freddy Llaulli (Junín), Hans Troyes (Cajamarca), Wilmer Bajonero (Huánuco), y Kenyon Durand (Huancavelica), quienes señalan que los voceros del partido limitan sus participaciones en el Pleno.
“Pretender convertir a los voceros en los únicos que exponen los temas cuando en el caso nuestro jamás ha consultado su posición, exponiendo posiciones a veces traídas de los pelos, y dictadas por el Poder Ejecutivo”, agregan.
En el pronunciamiento también se solicita la rotación de las presidencias de las comisiones cada 4 meses, con el objetivo de compartir la labor parlamentaria.
