Este artículo es de hace 6 años
Independencia judicial o negociado

Cómo hacer negocios por 18 millones de soles

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, solicitó ayer a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana María Aranda, que investigue al juez del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta y a los jueces que participaron en un presunto tráfico de influencias para el cobro de una millonaria indemnización develada por IDL-Reporteros.

IDL-Reporteros
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El hoy suspendido juez supremo César Hinostroza gestionó el pago de una millonaria liquidación con el juez titular del 5to Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta. Velásquez tuvo a su cargo la ejecución de la sentencia que ordenó el pago de las llamadas ‘remuneraciones homologadas’ a más de 3 mil jueces a nivel nacional; dentro de las cuales destaca el monto de 18 millones de soles para 13 jueces supremos, uno de los cuales es Hinostroza.

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No se trató del pago de sueldos sino de remuneraciones descomunales en un caso en el que los jueces fueron tanto juez como parte. El proceso empezó el año 2009, cuando la Asociación Nacional de Magistrados demandó al Poder Judicial para que este ordene homologar las remuneraciones a más de 3 mil jueces, para equipararlas -según el nivel de los jueces- con las de los parlamentarios. Eso fue establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 1993.

La demanda, que afectaba directamente a los juzgadores, se declaró fundada en noviembre de 2010. En 2013 cambió la ley. La 30125 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la homologación de sueldos de los jueces teniendo como base el de los jueces supremos. Ahora a los jueces superiores les correspondía el 80% del de aquellos; a los especializados o mixtos, el 62%; y a los de paz letrados, el 40%. Los salarios comenzaron a nivelarse poco a poco.

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¿Fin de la controversia? No.

En junio de 2017, el juez Hugo Velásquez, del 5to Juzgado Constitucional de Lima, decidió que se pagara la enorme suma que los magistrados habían dejado de ganar desde 1993 hasta el 2013, es decir, los devengados.

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El 15 de noviembre de ese año, Velásquez emitió una resolución más específica donde aprobaba un informe pericial con los montos a pagar a cada uno de los magistrados supremos y ordenaba su cumplimiento. La Procuraduría del Poder Judicial apeló a esta resolución -proceso que está actualmente en la Primera Sala Constitucional de Lima- alegando que el pago de devengados no fue pedido en la demanda de 2009 ni reconocido en la sentencia.

El pago ordenado sumaba 18 millones 119 mil 842 soles. En la lista de beneficiarios estaban el hoy presidente del Poder Judicial, Víctor Prado; su predecesor, Duberlí Rodríguez; los jueces supremos Ana María Aranda, Javier Arévalo, Vicente Walde, Ángel Romero; y, entre otros, el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Un antecedente

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El juez Velásquez ya había alcanzado notoriedad (e impacto) cuando, en septiembre de 2013, aprobó la acción de amparo que presentó el expresidente Alan García contra el Congreso de la República alegando que la Megacomisión que lo investigaba había vulnerado el derecho al debido proceso en su citación. Velásquez ordenó anular las declaraciones de García y todo lo trabajado posteriormente a esa citación.

En marzo de 2014, Velásquez falló otra vez a favor de García, indicando que no se había cumplido la primera resolución y que, por ello, la nueva citación también era nula. La medida dejó sin efecto las declaraciones de García -y sus responsabilidades derivadas de ellas- en cuatro informes de la Megacomisión. Sergio Tejada, quien fue presidente de dicha comisión parlamentaria, declaró a IDL-Reporteros que no se pudo explicar el fallo del juez.

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“Nos pareció rarísimo que nos diga que no habíamos cumplido [en la segunda citación], cuando nosotros habíamos tomado una serie de medidas sin precedentes en las comisiones investigadoras (se especificó a García cuáles eran los asuntos materia de investigación, se le permitió acudir con un abogado y acceder a documentos de la Megacomisión, se le citó con un mes de anticipación). A mí me dio la impresión de que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, la decisión ya estaba tomada para anular nuestros informes”, dijo Tejada.

Al final, después de otras peripecias procesales, casi todos los informes de la Megacomisión contra García quedaron anulados.

La liquidación de Hinostroza

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Volvemos al caso del pago millonario a los jueces supremos que ordenó el juez Velásquez.

La relación entre este y el hoy suspendido pero entonces muy influyente juez supremo Hinostroza Pariachi, uno de los beneficiados por el fallo, no fue neutral como la independencia judicial lo exige. De acuerdo con la información que IDL-R presenta aquí, Hugo Velásquez envió oficios a pedido de Hinostroza para apresurar el trámite de su liquidación, y lo asesoró sobre qué documentos debía presentar.

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En una llamada del 27 de diciembre del año pasado, un mes después de que se emitiera la resolución que ordenaba el pago de las remuneraciones homologadas, Velásquez le informó al “doctor Cesitar” que ya habían aprobado su liquidación. “Ya está para que presenten un escrito de requerimiento porque yo no lo puedo hacer de oficio, para avanzar lo más rápido”, le dijo. Hinostroza señaló que iba a enviar el oficio ese mismo día. Se despidieron afectuosamente y quedaron en encontrarse el sábado.

El 25 de enero de este año, Hinostroza llamó a Hugo Velásquez a las 8 de la mañana. “Hermano, te llamaba por el asunto de mi tema pues (…) Por favor pues hermano, ya hace una semana está ahí”, le dijo el juez supremo. Velásquez le respondió que iba a ver el tema.

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Preguntado al respecto, Hugo Velásquez declaró a IDL-Reporteros que Hinostroza “es un magistrado de la Corte Suprema, por eso él está preguntando ese caso, porque él es uno de los interesados. Él estaba llamando a preguntarme cuál era el trámite, nada más”. Sin embargo, en los audios se escucha que Hinostroza lo presionó para acelerar “el tema” y él le respondió que ese mismo día lo vería.

Dicho y hecho. Velásquez remitió ese día un oficio a Duberlí Rodríguez, entonces presidente del Poder Judicial, y a Jaime Gómez, gerente general del Poder Judicial, “para poner a conocimiento del Consejo Ejecutivo, el requerimiento del pago del monto aprobado en la Resolución N° 25, de fecha 15 de noviembre de 2017” de más de 18 millones de soles a 13 jueces supremos. Velásquez también ingresó la resolución N° 30 y dos escritos a la casilla electrónica de varios jueces, entre ellos, César Hinostroza. Al hoy suspendido juez supremo le correspondía el monto de S/. 1’961,004.06.

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Al día siguiente, 26 de enero, Velásquez llamó a Hinostroza para avisarle que ya había enviado la resolución a su casilla electrónica. Velásquez le dijo, entre risas, que ahora solo quedaba esperar.

En su respuesta a IDL-R, Velásquez dijo que no veía nada irregular en que haya mandado los oficios a pedido de Hinostroza. “Como esa resolución se dictó en noviembre y se estaba demorando el trámite, él quería que se remita el oficio, porque es el trámite regular. Entonces, aparentemente, el procedimiento se estaba demorando y por eso me estaba llamando porque a él lo debían notificar a su casilla”, declaró. También indicó que Hinostroza no fue el único juez que lo llamaba por el pago de remuneraciones. “En realidad, no solo supremos sino también jueces de todo el país porque es un expediente donde hay 3 mil magistrados [involucrados] y es una ejecución del 2009. Ellos querían que se acelere el proceso. Pero como son mil magistrados es difícil”, contó.

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El 17 de abril, Hugo Velásquez llamó a Hinostroza y le mencionó que el procurador del Poder Judicial había interpuesto una acción de amparo contra su resolución que ordenaba el pago. “Pero está jodiendo, está obstaculizando, está haciendo problemas ¿no?”, exclamó Hinostroza. Velásquez le explicó que debía hacerlo porque era parte de sus funciones, de lo contrario, la Contraloría lo podía sancionar. Hinostroza le contó a Velásquez que era posible que el día siguiente se reúna con el Procurador para hablar de ese tema.

Hinostroza se refería al pedido de impugnación que había presentado el procurador del Poder Judicial José Manuel Espinoza a la pericia que fijó el monto de las remuneraciones a pagar, por considerarlo excesivo, en noviembre de 2017. Hinostroza mencionó en su llamada con Velásquez que posiblemente se reuniría con Espinoza el día siguiente. Espinoza indicó a IDL-Reporteros que en ninguna ocasión ha conversado con Hinostroza.

El hermano favorecido

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El juez Velásquez tampoco era ajeno al círculo de confianza del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. En palabras de Ríos, Velásquez era “un amigo que puta, te sirve como la puta mare”. Incluso Ríos gestionó la contratación de su hermano Percy en la Corte del Callao (…).

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Periodismo de investigación centrado en la corrupción nacional y cuyo objetivo es promover la transparencia periodística, pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL). Desde su fundación, ha publicado más de 500 investigaciones.
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