Afirmando que es inconstitucional, no es razonable ni proporcional una investigación preliminar por el lapso de 36 meses, Keiko Fujimori y su cónyuge, Mark Vito Villanela, reclamaron a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declare improcedente la investigación que le sigue la fiscalía bajo el marco de la ley sobre crimen organizado.
La Fiscalía la tiene en la mira por los fondos que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht, una entrega que ella ha negado en mil idiomas, pero que se han visto reforzadas por una anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht en la que se explicita no solo la entrega, sino el incremento de la suma.
La sala que preside la juez Elvia Barrios examinó ayer los pedidos de casación presentados por la lideresa de Fuerza Popular y su esposo, así como por su agrupación política, contra la indagación que se les sigue por el presunto lavado de activos. El pedido será resuelto el 11 octubre.
La fiscal suprema Betsabet Revilla sostuvo en la audiencia que el Ministerio Público tiene la facultad para extender el plazo de la investigación, después de que la Sala Penal Nacional aceptó un pedido para investigar a la pareja bajo los marcos de la ley.
Revilla pidió a la sala que no declare fundado el recurso de casación para que la investigación pueda continuar, pues la defensa busca la impunidad y que el caso sea archivado.
“Su sala no debe permitir que, como último recurso de los investigados, se pretenda conseguir ser salvados por la campana. Recurrir a mecanismos que no son los pertinentes para evitar los nichos de impunidad que aquí se están tratando de fijar”, expresó, por su parte, el fiscal supremo Abel Salazar.
El fiscal explicó que ya se han realizado 50 diligencias por el caso cócteles, y no tres como afirma la defensa de Keiko. “Se investiga un delito de complejidad que requiere una pesquisa amplia”, indicó. El caso ‘cócteles’ tiene que ver con los fondos recaudados para la campaña del 2016.
Ese mismo año, el Ministerio Público inició una investigación a los esposos Villanella y Fujimori por la adquisición de unos terrenos industriales en Chilca por un monto que ascendió a 617,329 soles, que fueron pagados al contado. Se estima que el valor real de esos terrenos triplica esa suma.
El recurso de casación llegó a la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, que presidía el ahora suspendido juez supremo César Hinostroza el 25 de abril y fue admitido en un plazo de 10 días. Hinostroza es sindicado como el brazo legal de la mafia “Los cuellos blancos del puerto” en la Corte Suprema y, de acuerdo a la versión de un informante de la fiscalía, se habría reunido con la lideresa de Fuerza Popular.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Lazo, afirmó que el fiscal Domingo Pérez adecuó la investigación preliminar a la ley de criminalidad organizada sin dar ningún fundamento.
Keiko deberá declarar el 21 de setiembre ante el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez sobre el caso cócteles. Un día antes, lo debe hacer Mark Vito por la compra de terrenos en Chilca. Pero ella y su esposo no han asegurado su presencia.
Odebrecht
El temor de la candidata obedece a las declaraciones de los empresarios brasileños acerca de los pagos realizados a Fuerza Popular. El pasado marzo, Jorge Barata destapó que la constructora Odebrecht financió las campañas de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Apra, Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible y las candidaturas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.
Antes había hablado de las campañas del Ollanta Humala y Susana Villarán, a los que habría entregado US$ 3 millones a cada uno. Luiz Antonio Mameri, el exsuperintendente de Odebrecht para América Latina y Angola, confirmó ante el fiscal Pérez que autorizó la entrega de un millón 200 mil dólares a la campaña fujimorista.
Pese a estas denuncias, el blindaje en el Congreso funciona a todo tren. La Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por la congresista de Fuerza Popular (FP), Rosa Bartra, dejó fuera del informe de investigación a la lideresa fujimorista, en una nueva reedición del clásico slogan aprista “¡En el dolor, hermanos!”.
Los perjudicó
Giuliana Loza descartó que el suspendido juez César Hinostroza haya favorecido a Keiko: “Nosotros postulamos tres motivos casacionales en este caso y solamente nos aceptaron uno, entonces no se puede decir que pueda haber aquí algún favorecimiento; por el contrario, nos perjudicó”.
