El tema de la vacancia presidencial beneficia largamente a Martín Vizcarra, en lugar de perjudicarlo, porque debido a la pandemia y a la cercanía de las próximas elecciones este logra congregar un amplio respaldo ciudadano.
Por eso es que provoca y lleva a tal escenario a sus detractores, logrando que en las redes se movilice un ejército de troles rechazando a "los golpistas", evitando así que el presidente aclare las gravísimas imputaciones por eventual delito de cohecho y colusión que pesan sobre él, y que podrían costarle hasta quince años de cárcel cuando termine su mandato.
Salvando naturales diferencias, es la misma estrategia demonizadora del alanismo que en su época tildaba de "comunistas" a quienes exigían la investigación de sus enormes latrocinios y del fujimorismo que terruqueaba a todo el que pedía juzgamiento y cárcel para las fechorías de su inescrupuloso líder.
Es verdad que siempre ha habido y habrá quienes pretendan pescar a río revuelto para tomar el poder por anticipado, lo cual debe ser firmemente rechazado; pero el temor a que esto suceda no debe impedir que se exija al presidente obligadas respuestas, puntuales y concretas, que por elemental respeto, debe a la nación, más allá de las investigaciones penales respectivas. No exigirlas y decir tan solo "que se investigue al término de su mandato", es silbar de costado y optar por un penoso silencio cómplice.
Extrañas omisiones
Así, por ejemplo, si un colaborador eficaz ha referido que Vizcarra recibió un millón de soles de Elard Tejeda, el ejecutivo de Obrainsa, esperábamos que el presidente dijera lo que cualquier ciudadano de a pie hubiese manifestado, tomando al toro por las astas: "A ver, que diga el señor Elard Tejeda si a mí me ha entregado un millón de dólares, exijo su inmediato pronunciamiento".
Si el colaborador sostuvo que Vizcarra visitó las oficinas de esa empresa para recibir el dinero allí, y el presidente reconoció que fue a ese lugar para ver "problemas técnicos" de la obra Lomas de Ilo, esperábamos que explique cuáles fueron éstos, ya que una vez adjudicada la obra, todos los problemas técnicos se resuelven de acuerdo a las bases del proceso de selección, el contrato y las leyes de la materia; en todo caso, esas discusiones corresponden a los ingenieros y personal administrativo del gobierno regional, en sede de la obra o en las instalaciones de esa entidad pública. No entendemos qué hacía el presidente regional en las oficinas de San Isidro, para lo cual tuvo que viajar, muy solícito, de Moquegua hasta Lima.
Tampoco se ha pronunciado sobre el desmentido realizado por la UNOPS, de que no es cierto que el precio de referencia de la obra era un secreto para él, como lo afirmara en su entrevista de Latina, ya que el proceso de selección fue realizado por dicho organismo internacional sobre la base del estudio de mercado, presupuesto y precio referencial proporcionado por la entidad regional. Téngase muy en cuenta que éste es el meollo del asunto, ya que la imputación consiste en que Vizcarra habría dicho al ejecutivo de Obrainsa que oferte por 81 millones de soles para que pueda ganar, dado que el precio referencial era de 86 millones.
Mucho menos se ha pronunciado sobre la imputación de los otros colaboradores eficaces del caso Hospital Regional de Moquegua, edificado por ICCGSA, en el cual hasta el propio ex ministro de Agricultura y ex supervisor de la obra, José Hernández, le atribuye haber cobrado cinco millones de soles de comisión delictiva, habiendo sido éste el intermediario en la entrega del dinero.
Perjucio al Equipo Lava Jato
Una de las situaciones más preocupantes, es que al decir que todo "es una venganza de Odebrecht y el Club de la Construcción", Vizcarra está repitiendo el mismo esquema de defensa fujialanista de desprestigiar al Equipo Especial Lava Jato, de José Domingo Pérez, Rafael Vela y Germán Juárez Atoche, ya que es debido a la esforzada investigación de este último que han surgido esas imputaciones. Por lo pronto, el mandatario ya logró dos cosas: a) que se produzca una pugna de competencias entre aquellos y el Fiscal Elmer Chirre, quien ha sido designado recientemente por la Fiscal de la Nación para encargarse de las investigaciones; y, b) que sus huestes mediáticas se sumen al cargamontón contra el Equipo Lava Jato, atribuyéndoles incapacidad porque "en cuatro años no tienen ninguna acusación o condena", y que solo buscan protagonismo con "perversos requerimientos de prisión preventiva". Mejor servida no podría estar la Señora K.
Consciente de que es un escenario del cual sale airoso, el presidente seguirá aguijoneando el fantasma del golpe y la vacancia, logrando que todos se entretengan con este aquelarre, desde antes de la fiesta de Halloween; el cual, como el anterior, no va a prosperar por muchas razones, entre ellas, porque toda vacancia necesita del respaldo ciudadano y éste por ahora no existe debido al natural sentido de conservación social de optar por el mal menor, ante la pandemia y la segunda ola de contagios que se avecinaría en diciembre, con la cual tal vez superemos la trágica y apocalíptica cifra de 100 mil muertos. Por eso es que ante cámaras exhibe la respectiva notificación de la moción de vacancia con inocultable despreocupación y sarcasmo, diciendo que "recibe una en cada mes", y que "el próximo mes recibirá otra".
Allá los que caen en ese calculado juego de la vacancia, pero allá también los sectores democráticos que pierden credibilidad sumándose a la estrategia del mandatario de politizar los hechos para no aclararlos y mantener en esa distracción a la opinión pública. Solo tengan presente estos últimos, que en las próximas elecciones la derecha y el fujialanismo les cargará con el pasivo de Toledo, Ollanta, PPK, y ahora también de Vizcarra; mientras que éste ya empezó la campaña de llamar a votar por uno de sus candidatos "jóvenes" que "mejor gobernó la ciudad".
