Chile mira hacia el futuro y tendrá una nueva Constitución. Escrutado el 90.78% de las mesas de votación, los ciudadanos partidarios de una nueva Carta Magna, que durante meses lucharon en las calles contra un modelo que los oprimía, se imponen con el 78.24% de los votos en el histórico plebiscito celebrado hoy en el país vecino. En tanto, los partidarios del Rechazo, alcanzaron apenas el 21.76%.
Asimismo, la nueva Constitución chilena será redactada, de acuerdo al 79.24% de los votos, por una Asamblea Constituyente conformada por 155 ciudadanos que serán elegidos por el voto popular el próximo 11 de abril de 2021, mismo día de las presidenciales peruanas; imponiéndose así a la opción mixta, que alcanzó el 20.76% y proponía que la redacción esté a cargo de únicamente 86 ciudadanos y otros 86 congresistas.
Los resultados ya son irreversibles y en Chile se vive una gran fiesta ciudadana en distintos puntos del país, principalmente en la Plaza Italia, en pleno centro de Santiago, que fue el epicentro de las jornadas de lucha que en octubre de 2019 alcanzaron su clímax y pusieron en jaque al neoliberal Sebastián Piñera. De ahí que ahora ese lugar es conocido como la Plaza de la Dignidad.
Los carabineros, que durante las marchas del año pasado reprimieron violentamente a los ciudadanos y violaron una serie de derechos humanos, intentaron impedir que la población se reúna para festejar en la mencionada plaza, sin embargo, esta vez fue el pueblo el que los replegó y pudo hacerse con el control de ese espacio público.
En horas de la noche, el presidente chileno reconoció el triunfo del “apruebo” y sentenció que “la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor”. “Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”, agregó.
“La calle fue decisiva”
En declaraciones al diario Página 12 de Argentina, el profesor de derecho de la Universidad de Chile y presidente del movimiento Fuerza Común, Fernando Atria, dijo que “la calle fue decisiva” y que “sin eso no hubiera pasado nada”. Además, no dudó en afirmar que “el proceso constituyente fue abierto por la movilización popular (…) Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso”.
Además, Atria explicó que la Convención Constituyente “busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder el poder. Es una historia conocida en América Latina”.
De acuerdo a Sofía Brito, licenciada en Derecho y coautora del libro La Constitución en debate, el resultado del plebiscito es un “hito histórico”, ya que las Cartas Magnas generalmente han sido escritas por un grupo reservado de expertos, en dictaduras, mientras que la nueva para Chile devolverá “la legitimidad popular que tienen que tener las Constituciones”. Además, será una de las primeras en el mundo redactadas por la misma cantidad de hombres y mujeres. “La mayoría de las constituciones latinoamericanas han sido escritas con entre el 30 y el 33% de presencia femenina en el órgano constituyente. En Chile existirá un mecanismo correctivo por el que ninguno de los dos géneros puede superar el 55%”, indicó.
La Constitución de Pinochet
La Constitución vigente en Chile fue aprobada en 1980, durante la dictadura militar de Pinochet. Fue concebida por Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura, quien se encargó de establecer varios mecanismos para limitar el margen de acción de los parlamentarios opositores y perpetuar el modelo político y económico de la dictadura.
Para entender bien su objetivo, basta con leer la prensa de la época: “(..) si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativa que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”, escribió el propio Guzmán en 1979. Para lograr su objetivo impuso, como requisito imprescindible para cualquier modificación del articulado, quórums muy elevados, de 2/3 de parlamentarios. Además, estableció mayorías igualmente muy amplias para otra veintena de leyes orgánicas constitucionales, conocidas como las “leyes de amarre”, que han impedido hasta hoy llevar a cabo cambios profundos y estructurales en los principales temas que la sociedad reclama desde la calle.
Los quórums son una de las principales “trampas”, “candados” o “cerrojos” de la Constitución de 1980, tal y como abogados constitucionalistas y expertos han bautizado a las piedras de tope que hasta hoy han impedido un cambio en el modelo neoliberal chileno. En segundo lugar, destacan la construcción de un “Estado subsidiario”, es decir, que interviene sólo cuando el sector privado o el mercado no pueden hacerlo por sus limitaciones o porque no les es rentable participar. “Esta idea aparece en varios de los primeros artículos de la Constitución y tiene una transversalidad en la interpretación de todos los derechos y garantías constitucionales”, sostiene la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. “Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud o a la educación, no se plantea que tengamos derecho a un buen sistema de salud o de educación públicas y exigir ciertas prestaciones en estos ámbitos, sino el derecho a elegir entre un sistema público y otro privado”, indica la académica.
Según los expertos, la tercera gran “trampa” del texto, estrechamente vinculada la anterior, es la preponderancia de la propiedad privada por encima de los derechos humanos. “Ha sido un aspecto fundamental en el desarrollo económico del país, pero la forma en que se ha interpretado ha dejado todos los derechos supeditados a esto”, asegura Casas. Uno de los ejemplos más claros es el Código de Aguas (1981), a través del cual es Estado entrega “derechos de uso de agua” a quienes lo solicitan que pasan a convertirse, automáticamente, en propietarios del agua de una zona concreta de forma “perpetua”. Lidia Casas pone otro ejemplo en materia de recursos naturales: “Chile tiene una de las más grandes reservas de litio, pero no puede ser explotada por una empresa estatal porque tiene que entregársela al privado, y el Estado solamente puede recibir los royaty”. O en materia educativa: “Cuando hace años se discutía sobre la expulsión de estudiantes embarazadas, no se planteba el derecho de las jóvenes a seguir con su proceso educativo o la discriminación que sufrían por estar embarazadas, sino que el argumento se enfocó en proteger el derecho [de las jóvenes] a la propiedad de su matrícula escolar”, señala la abogada.
Con datos de Página 12, elDiario.es y La Tercera.
