El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva dictada contra Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, en el marco del caso Aeródromo Wanka. La decisión fue tomada tras declarar fundado un habeas corpus presentado por su defensa, argumentando vulneraciones a derechos fundamentales.
La sentencia original había sido emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín, el 6 de octubre de 2023, fecha desde la cual Cerrón permanece prófugo. Según el TC, dicha sala no motivó adecuadamente su resolución sobre la prescripción del delito imputado, lo que constituye una violación al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
El TC concluyó que no se especificó si el delito imputado era instantáneo, continuado o permanente, lo cual resulta crucial para determinar si operaba la prescripción penal. Este argumento fue clave para fundamentar la nulidad de la condena impuesta al exgobernador regional.
El recurso se logró por mayoría con los votos afirmativos de los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández. Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo se pronunciaron en contra.
El @TC_Peru declara FUNDADO recurso de habeas corpus y NULA la sentencia por arbitraria [Caso Aeródromo Wanka], por lo que me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El TC es en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia… pic.twitter.com/gOkN5zEy5E
— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 19, 2024
La defensa de Vladimir Cerrón celebró el fallo como una reivindicación de sus derechos procesales. Sin embargo, sectores críticos han señalado que esta decisión debilita la lucha contra la corrupción al sentar un precedente cuestionable en casos similares.
Pese a ello, la anulación de esta condena —que también incluía una reparación civil de 800 mil soles a favor del Estado peruano— no implica el cierre definitivo del caso Aeródromo Wanka. El TC ordenó que se emita una nueva resolución judicial que subsane los errores identificados en el proceso anterior, lo que podría reabrir el debate legal sobre su responsabilidad penal.
A pesar de este fallo favorable, sobre Cerrón pesan otras órdenes de prisión preventiva relacionadas con investigaciones por corrupción. Entre ellas destaca un proceso por presuntas irregularidades en obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Junín.
Es así que el Ministerio Público ha solicitado penas adicionales para el líder de Perú Libre en otros casos vinculados a delitos contra la administración pública. Estas investigaciones incluyen acusaciones por negociación incompatible y pagos irregulares en contratos estatales.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la excongresista Indira Huilca acusó a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón de haber negociado la composición del Tribunal Constitucional a cambio de prebendas que garantizan impunidad en sus procesos judiciales y el respaldo al régimen de Dina Boluarte.
Keiko negoció con Cerrón la composición del Tribunal Constitucional a cambio de esta clase de prebendas: impunidad en sus sentencias y procesos judiciales, un pacto para aprobar leyes nefastas y sostener a este régimen corrupto. Gracias al fujicerronismo Dina sigue en el poder. https://t.co/ypgYckL90j
— Indira Huilca (@IndiraHuilca) December 19, 2024
En la misma línea, el abogado Rodolfo Pérez señaló que la decisión del Tribunal Constitucional "demuestra que el fujicerronismo dirige el país". "Juntos nombraron al TC, al Defensor del Pueblo, manejan la Mesa Directiva y han impulsado todas las leyes a favor de la delincuencia", publicó en X (antes Twitter).
Decisión del @TC_Peru que favorece a Cerrón demuestra que el Fujicerronismo dirige el país.
— Rodolfo Pérez (@RodolfoPerezOpe) December 19, 2024
JUNTOS nombraron al TC, al Defensor del Pueblo, manejan la Mesa Directiva y han impulsado todas las leyes a favor de la delincuencia.
Esta alianza de 🐀 está destruyendo el Perú. pic.twitter.com/qXYebk7k5X
¿Qué es el caso Aeródromo Wanka?
El caso Aeródromo Wanka, que involucra al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución de un proyecto para construir un aeródromo en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción. Este proyecto fue declarado de interés regional mediante una ordenanza firmada por Cerrón en 2013, a pesar de carecer de viabilidad técnica y económica según auditorías oficiales.
La Contraloría General de la República identificó que el Gobierno Regional de Junín, bajo la gestión de Cerrón, destinó recursos públicos a un proyecto que no estaba dentro de sus competencias. Según el informe, esta iniciativa debía ser gestionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ya que era un proyecto de carácter nacional. Además, la región ya contaba con un aeropuerto operativo en Jauja, lo que hacía innecesaria la construcción del nuevo aeródromo.
El proyecto fue adjudicado directamente al Consorcio Aeródromo Regional Wanka, compuesto por empresas sin experiencia previa en habilitación aeroportuaria. La adjudicación omitió requisitos legales y procedimientos normativos, como la evaluación adecuada de las propuestas y la verificación de la experiencia profesional mínima exigida. Estas acciones fueron señaladas como concertadas para beneficiar al consorcio contratado.
El contrato firmado por Cerrón estipulaba cláusulas perjudiciales para el Gobierno Regional, incluyendo el compromiso de pagar más de dos millones de soles como parte del acuerdo. Este contrato fue posteriormente anulado por una gestión regional sucesora debido a las irregularidades detectadas.
La investigación fiscal determinó que no existía justificación técnica para el proyecto. Además, se reveló que Cerrón continuó impulsándolo incluso después de que el MTC y otras entidades rechazaran su viabilidad. El Ministerio Público acusó a Cerrón y otros funcionarios por colusión simple al favorecer al consorcio mediante procedimientos irregulares.
Además del perjuicio económico directo identificado por la Contraloría, que ascendió a más de 700 mil soles solo en la formulación del estudio del proyecto, el caso generó un impacto negativo en las finanzas del Gobierno Regional debido a costos adicionales derivados de arbitrajes perdidos. La Contraloría también atribuyó responsabilidad penal y administrativa a varios funcionarios involucrados.
