Una más del Congreso de la República. El pasado 13 de diciembre, se aprobó en primera votación un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 35-2022-CR, presentado por la bancada de Fuerza Popular (FP), que introduce modificaciones significativas a la Ley de Extinción de Dominio. Este proyecto propone que los procesos de extinción solo puedan iniciarse cuando exista una sentencia penal condenatoria firme y consentida contra los investigados, según un informe de la periodista Karem Barboza de El Comercio.
La extinción de dominio es una herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluso sin necesidad de una sentencia previa. La normativa vigente facilita la incautación y decomiso de bienes sospechosos para evitar que sean ocultados o sustraídos, pero esta autonomía está en riesgo con las nuevas disposiciones propuestas.
El texto sustitutorio fue aprobado sin debate previo, con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones. Isaac Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia, le dijo a El Comercio que el documento fue presentado al Pleno apenas horas antes de su votación. La propuesta establece que los procesos solo podrán iniciarse tras una sentencia firme, aunque contempla excepciones para ciertos delitos, como lavado de activos y secuestro. Sin embargo, delitos relacionados con corrupción, medioambiente y otros quedarían sujetos a esta nueva restricción.
Una modificación clave es que ya no se exigirá a las personas investigadas demostrar la procedencia lícita de sus bienes, lo cual representa un cambio significativo respecto a la norma actual. Esto podría beneficiar a figuras públicas como Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, quienes enfrentan procesos bajo el sistema vigente. Por ejemplo, el caso contra Cerrón busca que S/1.6 millones incautados pasen al Estado; sin embargo, con la nueva ley, esto dependería de una sentencia penal firme.
Otros casos emblemáticos también estarían en riesgo. El informe de El Comercio destaca que los procesos vinculados al Caso Lava Jato o bienes incautados a personajes como Mauricio Fernandini y Sada Goray podrían quedar archivados. Según cifras oficiales, actualmente hay más de 5 mil casos en trámite bajo esta legislación.
La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio y el Poder Judicial han expresado su preocupación por los efectos negativos del proyecto. Liliana Meza, procuradora especializada en este ámbito, advirtió al mencionado diario que estas modificaciones "socavan y aniquilan" la figura legal al limitarla a casos con sentencia firme. Esto excluiría bienes pertenecientes a procesados fallecidos o prófugos y aquellos registrados a nombre de testaferros.
El juez supremo Manuel Luján también rechazó las reformas propuestas, señalando que debilitan la capacidad del Estado para recuperar bienes ilícitos y contradicen compromisos internacionales asumidos por el país. Por su parte, el Ministerio de Justicia recordó que la extinción de dominio es crucial para combatir el crimen organizado y recuperar bienes para destinarlos al servicio público.
Desde su creación en 2019 hasta noviembre de 2024, este mecanismo ha permitido recuperar más de S/ 551 millones para el Estado, según datos oficiales recogidos por El Comercio. Sin embargo, las modificaciones aprobadas podrían revertir estos avances y debilitar significativamente la lucha contra la corrupción y otras actividades ilícitas en el Perú.
