A través de un comunicado difundido este viernes, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación informó que el requerimiento del usuario y contraseña de la cuenta de iCloud del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no afecta su intimidad ni la seguridad nacional.
Luego de que Santiváñez se negara a entregar esa información, la Fiscalía dejó en claro que la información solicitada se limita a un periodo específico relacionado con los hechos investigados, sin pretender acceder a información personal del ministro.
La Fiscalía también enfatizó que su actuación cumple estrictamente los mandatos de la ley y la Constitución Política del Perú, y rechazó cualquier acusación de arbitrariedad o violación de derechos y garantías.
La controversia se originó luego de que en diciembre, Santiváñez entregara un celular reseteado de fábrica y, por consecuencia, sin ninguna información. Ante esto, el pasado 14 de enero la Fiscalía le dio un plazo de 48 horas para proporcionar el acceso a su cuenta de iCloud y el chip de su celular utilizado entre abril y julio del año pasado.
Sin embargo, ayer, 16 de enero, el titular del Mininter, investigado por presunto abuso de autoridad, informó que no iba a acatar lo que él considera un "ilegal" pedido de la Fiscalía y anunció que presentará una queja formal contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
"Quienes tienen iPhone saben que con el iCloud accede a todo: cuentas bancarias, fotografías, antecedentes y toda tu información. Entonces, si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y me pregunte", dijo desde Arequipa.
El caso está relacionado con la difusión de supuestas conversaciones entre Santiváñez y el capitán Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', en las que presuntamente se solicitaba "controlar" al periodista Marco Sifuentes de La Encerrona.
Expertos consultados por medios locales advierten que la estrategia de Santiváñez de no colaborar con la Fiscalía podría ser un intento de dilatar la investigación en su contra. El abogado penalista Joel Córdova señaló que, aunque no es un delito retroceder en la decisión de colaborar con la justicia, sí demuestra "una conducta procesal de mala fe".
