El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y otros funcionarios del gobierno, entre ellos el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, brindaron una conferencia de prensa en Trujillo para anunciar medidas contra la criminalidad tras el reciente atentado contra la sede de la Fiscalía en esa ciudad.
Santiváñez anunció la remoción de más de 100 efectivos policiales presuntamente vinculados a organizaciones criminales en los próximos 10 días.
"Los efectivos que serán cambiados son aquellos que tengan referencias disciplinarias, presuntamente vinculados con organizaciones criminales", señaló Santiváñez, quien advirtió que a quienes no acepten el cambio se les iniciará un proceso de baja por medida disciplinaria.
El titular del Interior calificó el ataque como una "consecuencia" de la "lucha" emprendida desde su sector contra las redes delictivas en los últimos 15 días e informó que se han logrado 12 detenciones de extorsionadores y 16 bandas criminales están en proceso de prisión preventiva.
Entre las medidas anunciadas, Santiváñez mencionó el envío de 10 agentes de inteligencia del Ministerio del Interior a Trujillo y el despliegue de 100 policías adicionales para labores estratégicas en zonas de alto impacto.
En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros aprovechó para instar al Congreso a revisar el proyecto de ley sobre "terrorismo urbano" enviado por el Ejecutivo.
"En su momento, enviamos al Congreso un proyecto de ley para endurecer severamente las penas por los delitos de sicariato, secuestro y extorsión, y estábamos creando la figura de terrorismo urbano", explicó el premier.
Adrianzén también anunció que se brindará protección a jueces y fiscales amenazados, y que el Ministerio de Vivienda empadronará a los damnificados por el atentado para apoyarlos con bonos.
Las autoridades atribuyeron el ataque a la minería ilegal y señalaron que busca amedrentar el trabajo de una fiscal a cargo de un caso contra la banda criminal "Los compadres".
