La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión vinculado al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La misma sentencia recayó sobre la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, mientras que el expremier Aníbal Torres recibió una pena menor, con ejecución suspendida y reglas de conducta fijadas por el tribunal.
Condena a Pedro Castillo
La Sala Penal Especial determinó que Pedro Castillo lideró un plan para quebrar el orden constitucional al anunciar en un mensaje a la Nación la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un “gobierno de excepción”.
El colegiado concluyó que no se llegó a la fase ejecutiva de una rebelión armada, pero sí se acreditó una conspiración organizada para la rebelión, lo que justificó la recalificación jurídica de los hechos.
Castillo, que también recibió 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, continuará recluido en el penal de Barbadillo, donde ya permanecía bajo prisión preventiva tras su detención en flagrancia el mismo 7 de diciembre de 2022.
La Sala también resolvió absolver a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública al considerar que esos hechos quedaban absorbidos por la figura de conspiración para la rebelión.
El tribunal precisó que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo 4 de diciembre, en una audiencia programada a las 9:00 a. m., con los votos firmados por los jueces supremos José Neyra Flores y Norma Carbajal, mientras que Iván Guerrero presentará un voto separado.
Penas para Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta
La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez recibió la misma pena que Castillo: 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, más 2 años de inhabilitación para la función pública, al ser considerada coautora de la conspiración para la rebelión.
La Sala acreditó que Chávez conocía el contenido del mensaje a la Nación, coordinó la presencia de periodistas de TV Perú y buscó oficializar las medidas anunciadas mediante un decreto supremo.
El tribunal también dispuso la ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional, debido a que se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto para viajar a ese país. La resolución sostiene que, tras el fracaso del intento de golpe, Chávez intentó llegar a la sede diplomática mexicana, hecho corroborado con la geolocalización del vehículo oficial y la declaración de su chofer.
En el caso del exministro del Interior Willy Huerta, la Sala impuso también una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, junto con 2 años de inhabilitación, al considerar que fue “parte del acuerdo para atentar contra el orden constitucional” tras ser convocado personalmente por Castillo para presenciar el mensaje a la Nación. Los jueces valoraron que Huerta prestó su teléfono al expresidente y ordenó retirar rejas de Palacio de Gobierno, lo que, según el fallo, evidenció su adhesión al plan.
Al expremier Aníbal Torres Vásquez, el tribunal le impuso 6 años y 8 meses de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos, tomando en cuenta su edad —79 años al momento de los hechos— y su rol en la redacción y respaldo del mensaje presidencial.
Sin embargo, para Torres y Huerta la Sala dispuso la suspensión de la ejecución de la pena en caso de que presenten apelación, condicionada al cumplimiento de medidas como el registro biométrico mensual y la prohibición de ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.
Reparación civil
El Poder Judicial fijó una reparación civil solidaria de 12 millones de soles por daño extrapatrimonial al Estado, monto que deberá ser pagado por Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.
Esa cifra se ubicó por debajo del pedido inicial de la Procuraduría General del Estado, que había solicitado una reparación superior a los 64 millones de soles, pero fue considerada proporcional por la Sala en función de la gravedad del atentado contra el orden constitucional.
En la misma sentencia, la Sala Penal Especial absolvió al general PNP en retiro Manuel Lozada Morales, al policía Jesús Venero Mellado y al efectivo Eder Infanzón, al no encontrar pruebas suficientes que acrediten su participación concertada en el intento de cierre del Congreso.
El tribunal señaló que, en el caso de Lozada, existían dudas sobre si efectivamente impidió el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo, mientras que respecto a Venero e Infanzón no se demostró coordinación con los principales acusados.
Vacancia
Durante la audiencia, los magistrados reiteraron que la vacancia de Pedro Castillo, decretada por el Congreso en diciembre de 2022, fue legalmente válida conforme a una previa decisión del Tribunal Constitucional, que consideró excepcional el contexto de un intento de golpe de Estado.
Asimismo, la Sala declaró improcedentes los pedidos de nulidad del juicio presentados por la defensa del exmandatario, al sostener que el debate ya se encontraba cerrado y que correspondía pronunciarse sobre el fondo del proceso.
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