La represión policial contra la protesta pacífica de los trabajadores durante la Jornada Nacional de Lucha del 23 de julio descubrió, una vez más, el velo de la intransigencia del Gobierno ante las demandas justas del pueblo.
El gabinete Cateriano inaugura, con bombas lacrimógenas y detención de obreros, una nueva etapa de acallamiento de las voces populares, las mismas que le exigen priorizar la salud y el trabajo, la ayuda solidaria a los más necesitados, antes que las ganancias de las empresas.
Mientras a las grandes empresas se les ofrece millonario créditos con aval del 98% del monto prestado, a los trabajadores y a un reducido sector de la población en general solo se ha ofrecido un bono familiar que no llega a quienes más lo necesitan y, cuando sucede, no sirve para enfrentar los más de 130 días de pandemia con las graves las consecuencias en la economías personales y familiares.
En el caso de los trabajadores en construcción civil, demandamos la reactivación de la construcción con planes de bioseguridad para cuidar la vida, pues muchos trabajadores se han contagiado en obras por no aplicarse un protocolo efectivo, lo que ha redundado en la nueva paralización de obras.
Con más de 2 millones 600 mil nuevos desempleados, Lima es una de las regiones más golpeadas por la crisis, con miles de infectados y muertos por Covid-19, con los hospitales colapsados, siendo sintomático de la incapacidad gubernamental para enfrentar la crisis incluso en la capital de la República.
Ante ello, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) exhorta al Gobierno a plantear la solución a estas demandas de los trabajadores y el pueblo peruano, que clama por tener las mismas oportunidades de sobrevivencia que el aparato gubernamental y empresarial peruano.
La crisis golpea a los más pobres, quienes son los que colocan la mayor cantidad de muertos y enfermos desde el inicio de la cuarentena. En momentos en el que el Ejecutivo calcula el regreso a una nueva cuarentena, es momento de replantear las prioridades del dinero del Estado. Los trabajadores demandamos el mismo trato que el Gobierno brinda a las empresas, en concreto el bono universal de 1000 soles para todos los peruanos, y no las migajas que el Gobierno está acostumbrado a darle a los peruanos de a pie.