José Jerí fue censurado por el Congreso y removido de la Presidencia de la República tras apenas cuatro meses y siete días en el cargo, en medio de graves cuestionamientos por reuniones secretas con empresarios chinos, contratación irregular de jóvenes funcionarias y dos investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Un presidente de transición bajo sospecha
José Jerí llegó a Palacio de Gobierno el 10 de octubre de 2025, cuando, en un pleno extraordinario, el Congreso declaró la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral, en medio de una prolongada crisis política. Jerí, entonces presidente del Legislativo —elegido como titular de la Mesa Directiva el 26 de julio de 2025—, asumió la jefatura del Estado por sucesión, ante la ausencia de vicepresidentes en la fórmula original de Pedro Castillo.
Desde su despacho parlamentario arrastraba cuestionamientos por decisiones polémicas, como el archivamiento del informe final “Club del Dragón”, que detallaba presuntas irregularidades en contrataciones con diez compañías asiáticas, entre ellas empresas vinculadas al empresario chino Zhihua Yang, a quien ya conocía desde 2024, según declaró ante el Congreso.
Ese contexto previo se convirtió luego en parte central de la argumentación parlamentaria para exigir su censura definitiva, al considerarse que existía una continuidad en sus vínculos con intereses privados cuestionados.
El “Chifagate” y las reuniones con empresarios chinos
El escándalo conocido como Chifagate marcó el inicio de la caída política de Jerí. El 26 de diciembre de 2025, ya como presidente, acudió de noche a un chifa de San Borja, de propiedad de Zhihua Yang, titular de Hidroeléctrica América SAC, acompañado de su escolta —en el vehículo oficial conocido como “Cofre”— y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; la cita no figuraba en la agenda oficial.
Imágenes difundidas por el dominical Punto Final lo mostraron ingresando encapuchado, en buzo y con un morral, lo que alimentó sospechas sobre el carácter reservado del encuentro y detonó una ola de críticas públicas. Jerí aseguró ante la Comisión de Fiscalización que la reunión se organizó para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China y sostuvo que su inusual manera de llegar al local formaba parte de su dinámica de trabajo, negando haber tratado asuntos de Estado o negocios específicos.
Días después, el 6 de enero de 2026, el dominical Cuarto Poder reveló una segunda reunión: el mandatario ingresó al local de Market Capón SAC, en el Centro de Lima, también vinculado a Zhihua Yang, pese a que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima por vender productos al por mayor sin autorización. La versión oficial indicó que Jerí acudió a comprar caramelos y cuadros chinos; luego precisó que esos productos habrían sido obsequios del empresario.
La polémica se agravó cuando se conoció que Xiaodong Ji Wu, empresario chino con mandato de arresto domiciliario e investigado por tráfico ilegal de madera, ingresó en tres ocasiones a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026, acompañado por Zhihua Yang, para reunirse directamente con el presidente, sin registro en la agenda pública.
En una entrevista con RPP, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó estos hechos como un “error político” o una “trampa”, al afirmar que Palacio carece de filtros para detectar si un invitado está investigado y sugerir que uno de los empresarios habría filtrado los videos para perjudicar al Gobierno en plena campaña electoral.
Investigaciones fiscales y el caso de las jóvenes funcionarias
A partir del Chifagate, distintas unidades de investigación periodística comenzaron a revisar las visitas a Palacio de Gobierno y los viajes oficiales de Jerí. La Unidad de Investigación de Latina accedió a registros de 34 viajes del mandatario en sus cuatro meses de gestión y detectó que varias jóvenes que lo acompañaron en el avión presidencial fueron posteriormente contratadas por el Estado bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).
Entre las beneficiadas figuran, entre otras, Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien realizó 34 vuelos (17 viajes) con Jerí y fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio apenas tres días después de visitar el despacho presidencial el 14 de octubre de 2025; y Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, que tras reunirse en tres ocasiones con el mandatario obtuvo una orden de servicio por 11 mil soles a la semana de su última visita.
También aparecen nombres como Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Hilda Denisse Zapata Juárez y Rosa Gabriela Rueda Yaya, quienes registran múltiples viajes oficiales y designaciones rápidas luego de reuniones privadas en Palacio, patrón que se repite en al menos once casos.
El 19 de enero, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abrió una investigación preliminar contra Jerí por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en relación con sus reuniones con los empresarios Zhihua Yang y Xiaodong Ji Wu. Posteriormente, el 13 de febrero, el Ministerio Público inició una nueva investigación por presunto tráfico de influencias, esta vez centrada en las contrataciones de jóvenes que obtuvieron vínculos laborales con el Estado tras visitar al mandatario en el Despacho Presidencial, algunas de las cuales renunciaron luego del destape periodístico.
Jerí acudió a declarar el 30 de enero en Palacio y, ante el Congreso, insistió en que la cena con Zhihua Yang no tuvo irregularidades, denunciando un supuesto complot para generar inestabilidad y alterar el proceso electoral. Además, rechazó las insinuaciones de que las funcionarias habrían sido favorecidas por su cercanía personal, calificando como misóginas y despectivas las versiones que atribuían sus contratos únicamente a conocerlo.
El pleno extraordinario y la censura en el Congreso
Mientras las investigaciones avanzaban, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó a un Pleno extraordinario para este 17 de febrero de 2026 en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, en el jirón Azángaro, con el fin de debatir y votar siete mociones de censura contra José Jerí.
La sesión se realizó en receso parlamentario y con una logística inusual: el hemiciclo tradicional no estaba habilitado y no se dispuso un espacio adecuado para la prensa, por lo que muchos reporteros quedaron fuera del recinto mientras 116 de los 130 congresistas registraban asistencia.
Durante el debate, la congresista Ruth Luque abrió la sesión al sustentar su moción, en la que señaló las reuniones reservadas con empresarios chinos y las prolongadas visitas nocturnas al despacho presidencial, acusando al mandatario de priorizar intereses personales sobre el interés nacional y de deteriorar la representación conferida por el Parlamento. Su planteamiento superó los 70 votos y habilitó la discusión de las demás mociones.
A continuación, congresistas como Elías Varas, Jaime Quito y Edward Málaga expusieron cargos similares, vinculando la conducta de Jerí con un patrón de blindajes políticos y afectación de la imagen internacional del país, y obtuvieron apoyos que oscilaron entre 69 y 76 votos para sus respectivas mociones.
Un episodio llamativo se produjo cuando legisladores de Renovación Popular proyectaron un video del vocero fujimorista César Revilla afirmando que Jerí fungía como presidente encargado, lo que, según su interpretación, habilitaba la censura; Rospigliosi ordenó cortar el video, mientras Esdras Medina acusaba a Fuerza Popular de sostener posiciones contradictorias respecto a la condición de Jerí.
Paralelamente, la congresista Ana Zegarra intentó bloquear el proceso con una cuestión de orden en la que sostuvo que, al tratarse del presidente de la República, correspondía una vacancia y no una censura, argumento que fue rechazado por 71 votos al interpretarse que buscaba elevar el umbral necesario de votos a 87. Tras la derrota, Zegarra abandonó el edificio.
Finalmente, tras una cuestión previa de Norma Yarrow para cerrar el debate y pasar directamente a votar, el Pleno aprobó la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, decisión que puso fin al mandato de Jerí tanto como presidente del Congreso como jefe de Estado interino.
La Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo, en aplicación del criterio de que la pérdida de la presidencia del Legislativo implicaba automáticamente la salida de la Presidencia de la República, al tratarse de un mandatario surgido por sucesión congresal.
Con ello, Jerí se convirtió en el octavo presidente en ocupar el puesto en los últimos diez años y el segundo más breve en la historia reciente, después de Manuel Merino, debiendo retornar a su curul con al menos dos investigaciones fiscales abiertas.
Una década de inestabilidad y el futuro inmediato
La destitución de José Jerí profundizó el ciclo de inestabilidad política que atraviesa el Perú, con siete presidentes desde 2016 y ninguno capaz de completar plenamente su mandato. En la última década, el país ha pasado por las gestiones truncas de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el propio Jerí, además del breve período constitucional completado por Francisco Sagasti; a ellos se suma el antecedente de Ollanta Humala, último presidente que gobernó cinco años sin interrupciones.
La raíz de esta crisis reside en la combinación de gobiernos con bancadas débiles y un Congreso que ha acumulado poder, empleando figuras como la vacancia por incapacidad moral y la censura para remover presidentes con relativa facilidad.
Tras la salida de Jerí, el Legislativo debe elegir a un nuevo presidente interino en medio de un proceso de elecciones generales que tendrá su primera final este 12 de abril. Ese día se escogerá al noveno gobernante de la década y a un nuevo Congreso, esta vez conformado por 60 senadores y 130 diputados.
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