Un grave escándalo sacude al Congreso de la República tras revelarse la existencia de una presunta red de prostitución que operaría dentro de esta institución. La investigación salió a la luz luego del asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria, quien habría estado vinculada a esta red. El caso involucra a funcionarios de alto nivel y ha generado una ola de indignación en el país.
El ataque a Andrea Vidal
El pasado 9 de diciembre de 2024, Andrea Vidal Gómez viajaba como pasajera en un taxi por aplicativo en el distrito de La Victoria. Mientras el vehículo transitaba por el cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, fue interceptado por un grupo de al menos seis sicarios que se movilizaban en dos motocicletas y dos autos. Los atacantes bloquearon el paso del taxi y abrieron fuego sin piedad, disparando más de 40 veces contra la unidad.
El conductor del taxi, identificado como José Briceño Vargas, un ciudadano venezolano, murió instantáneamente tras recibir múltiples impactos de bala. Vidal Gómez, gravemente herida por los disparos en la cabeza, espalda y brazos, fue trasladada al Hospital Dos de Mayo. Permaneció durante siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los médicos intentaron estabilizarla. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció el 17 de diciembre.
En un primer momento, se creyó que el objetivo principal del ataque era el taxista, posiblemente relacionado con extorsiones o ajustes de cuentas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el verdadero blanco era Vidal, quien trabajó hasta septiembre de 2024 como asesora legal en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia, militante de Alianza para el Progreso (APP) y hombre de confianza de César Acuña.
El pasado 13 de diciembre, tres días después del atentado contra la joven de 28 años, el presidente del Congreso y también militante de APP, Eduardo Salhuana, firmó la destitución de Torres Saravia.
Así operaba la presunta red de prostitución en el Congreso
De acuerdo con un informe de Beto a Saber, esta presunta red habría sido liderada por Jorge Torres Saravia, quien habría utilizado su posición para reclutar mujeres bajo la fachada de empleos administrativos. Estas mujeres eran contratadas como "secretarias" o "asesoras", pero en realidad eran obligadas a prestar servicios sexuales a altos funcionarios del Congreso.
El reportaje señala que Torres Saravia contaba con la colaboración de Andrea Vidal Gómez, conocida como "La China", quien habría actuado como intermediaria para captar a las mujeres que luego eran incorporadas al esquema. Según las denuncias, ella se encargaba de "disfrazarlas" como personal administrativo, mientras que Torres Saravia gestionaba los encuentros con funcionarios. Una extrabajadora del Congreso, bajo anonimato, declaró que estas actividades se realizaban bajo la protección de figuras políticas influyentes vinculadas al partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.
El programa de Beto Ortiz también reveló que algunas de las mujeres contratadas no tenían experiencia laboral ni estudios superiores, lo que reforzaría la hipótesis de que sus contrataciones no respondían a criterios profesionales. Una de ellas, identificada como Isabel Cajo, habría tenido encuentros con el expresidente del Congreso Alejandro Soto, según registros y cámaras de seguridad del Parlamento. La informante anónima aseguró que estas mujeres "se acostaban con los funcionarios a cambio de beneficios".
Piden investigación
En una reciente entrevista con RPP, Soto negó el supuesto encuentro con Cajo y aseguró no haber conocido a Vidal. También rechazó las versiones que lo involucran con la contratación de Torres Saravia y pidió que el caso sea "investigado en profundidad por la Policía Nacional del Perú, por el Ministerio Público".
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Torres Saravia y otros implicados por el presunto delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas.
En tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso —a cargo de Juan Burgos (Avanza País), quien calificó el caso como "escalofriante y delictivo"— ha citado al exfuncionario para que rinda cuentas sobre las contrataciones y actividades realizadas durante su gestión. Asimismo, ha solicitado acceso a registros administrativos y contratos laborales relacionados con las personas presuntamente vinculadas a esta red.
Nacido en Chincha, Torres Saravia es abogado de profesión. Posee un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad otorgado por la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), del que Torres Saravia es militante.
Su carrera en el Congreso comenzó en marzo de 2020 como asesor del legislador Luis Valdez Farías, secretario general de APP. Desde agosto de 2023, ocupaba el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Antes de este último cargo, entre junio y agosto de 2023, se desempeñó como director en el Ministerio de Justicia.
En su declaración jurada de intereses, Jorge Torres Saravia, sindicado en el asesinato de una extrabajadora de Congreso, ha declarado tener estos trabajos. En el Congreso, indica haber sido asesor y jefe de oficina legal y constitucional del Congreso. Según reportajes, en ambos… pic.twitter.com/xYDQd8fEA0
— Carlos Viguria (@cviguria) December 18, 2024
Según su declaración jurada de intereses a la que tuvo acceso el periodista Carlos Viguria, entre febrero de 2010 y marzo de 2020, Torres Saravia se desempeñó como ejecutor coactivo en el Gobierno Regional de La Libertad. En esa institución, actualmente bajo la administración de César Acuña, trabaja su esposa Benyta Rodríguez Cruzado como abogada, y su hermano Javier Torres Saravia como gerente regional de Trabajo.
