El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República y militante de Alianza para el Progreso (APP), Jorge Torres Saravia, negó las acusaciones que lo señalan como líder de una presunta red de prostitución dentro del Parlamento. “Estoy consternado e indignado por estas imputaciones, que niego rotundamente”, afirmó durante una entrevista en RPP, donde aseguró contar con documentos para desmentir las denuncias en su contra.
Torres Saravia también rechazó cualquier vínculo con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, la abogada de 28 años que trabajó bajo su dirección y que murió el pasado 17 de diciembre tras permanecer varios días en UCI luego de que sicarios dispararan 40 veces al vehículo en el que se movilizaba, y atribuyó el ataque a la creciente inseguridad ciudadana en el país. “Estamos en una inseguridad tremenda acá en el Perú, y así como le pasó a ella, nos puede pasar a todos”, afirmó.
El hombre de APP negó haber tenido conflictos con Vidal y explicó que su salida del Congreso en septiembre de 2024 se debió a una reestructuración laboral que afectó a más de 150 trabajadores.
Respecto a otras trabajadoras implicadas en el caso, Torres Saravia señaló que no las contrató directamente y que sus ingresos se habrían producido en un periodo en el que él no ocupaba su cargo. Además, desmintió las declaraciones de una testigo anónima que lo acusa de haber solicitado mujeres para ejercer actividades ilícitas dentro del Congreso. “Quiero que esta persona declare ante la Fiscalía para esclarecer la verdad”, enfatizó.
Por otro lado, Torres Saravia también abordó una denuncia previa por violación sexual en 2020, la cual indicó que fue archivada tanto en sede fiscal como administrativa y aseguró que este caso no tiene relación con las actuales acusaciones.
Según un reportaje difundido por Beto a Saber, Torres Saravia habría contratado a mujeres bajo la apariencia de asesoras o secretarias para ofrecer servicios sexuales a congresistas y funcionarios. De acuerdo a versiones preliminares, la extinta Andrea Vidal Gómez, conocida como “La China”, era supuestamente la responsable de reclutar a las mujeres para esta red y su salida del Congreso en septiembre de este año, habría ocurrido tras un conflicto con Torres. Es por ello, que el asesinato de Vidal ha sido interpretado como un intento por silenciarla debido a su conocimiento sobre estas actividades ilícitas.
Tras conocerse el caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso —a cargo de Juan Burgos (Avanza País), quien calificó el caso como "escalofriante y delictivo"— ha citado al exfuncionario para que rinda cuentas sobre las contrataciones y actividades realizadas durante su gestión. Asimismo, ha solicitado acceso a registros administrativos y contratos laborales relacionados con las personas presuntamente vinculadas a esta red.
El escándalo salpica directamente a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, aunque el partido ha negado cualquier vínculo con las acusaciones. Torres Saravia llegó al Congreso en marzo de 2020 como asesor del legislador Luis Valdez Farías, secretario general de APP. Desde agosto de 2023, ocupaba el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Antes de este último cargo, entre junio y agosto de 2023, se desempeñó como director en el Ministerio de Justicia.
Según su declaración jurada de intereses a la que tuvo acceso el periodista Carlos Viguria, entre febrero de 2010 y marzo de 2020, Torres Saravia se desempeñó como ejecutor coactivo en el Gobierno Regional de La Libertad. En esa institución, actualmente bajo la administración de César Acuña, trabaja su esposa Benyta Rodríguez Cruzado como abogada, y su hermano Javier Torres Saravia como gerente regional de Trabajo.
