Con votos de José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero Costa, el Tribunal Constitucional (TC) decidió este jueves declarar fundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exdictador Alberto Fujimori y reestablecer los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, que otorgaba el indulto al condenado exmandatario por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski -para evitar ser destituido por el Congreso- la noche de navidad del 2017.
El cuestionado indulto había sido anulado por la Corte Suprema en octubre del 2018 puesto que los crímenes por los cuales el exdictador cumple 25 años de prisión, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se adecúan a las normas para el otorgamiento de indultos humanitarios al estar referidas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La votación que da luz verde al hábeas corpus y otorga la inmediata libertad del exdictador Fujimori fue impulsada por Ernesto Blume -quien en el pasado también había promovido y votado a favor de liberar a Keiko de la prisión preventiva- y contó con el voto dirimente de Augusto Ferrero Costa, en su calidad de presidente del TC. En contra votaron la magistrada Marianella Ledesma y los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda.
Anoche, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta presentaron un pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esta disponga medidas provisionales que invaliden el indulto del Tribunal Constitucional al exdictador, decisión que ya se veía venir.
La CIDH, que sesionará en los próximos días, aún puede revertir la decisión adoptada por el TC y ordenar al Estado peruano que garantice el acceso a la justicia de las víctimas y cumpla con sus obligaciones internacionales.
Por el momento, se desconoce si el Poder Ejecutivo tomará alguna medida aunque algunos integrantes del gabinete ministerial, como el titular de Cultura, Alejandro Salas, declararon que el gobierno “respeta” la separación de poderes y las decisiones adoptadas por las instituciones.
Tras la repudiable decisión, ciudadanos y colectivos de todo el Perú se organizan para salir a las calles, al igual que la noche del 24 de diciembre de 2017.
