Ayer dio otro manotazo de ahogado y logró que la presidenta interina de Junta de Fiscales Provinciales de Lima suspendiera la sesión extraordinaria de los fiscales provinciales especializados en delitos de corrupción que se iba a pronunciar en contra de su permanencia en la fiscalía. Desde las primeras horas, los avisos de suspensión se colocaron en las sedes institucionales.
La reunión de fiscales provinciales de Lima fue levantada sin motivo claro. La presidenta encargada de la Junta de fiscales provinciales de Lima, Cecilia Vásquez, emitió un sucinto comunicado que indicaba que el encuentro fue cancelado "hasta nuevo aviso". Elizabeth Matute, titular de la Junta, está de licencia por enfermedad. Los citados fueron sorprendidos por la decisión.
De acuerdo a diversas fuentes, Chávarry se encuentra cercado y solo cuenta con el respaldo de unos cuantos fieles dentro de la institución, por lo que sus esperanzas se cobijan en el Congreso, donde confía que sus amigos del fujimorismo y el Apra lo blinden de los pedidos de renuncia que cobran mayor fuerza a lo largo y ancho del país.
Tras las demandas de numerosos fiscales para que renuncie o para que el Congreso lo suspenda, el mandamás de la Fiscalía no tuvo ayer otra salida que ordenar la publicación de un comunicado en el que hizo un llamado a la unidad institucional para hacer frente "a la serie de desinformaciones y calificativos que ponen en duda su autoridad e independencia".
El documento fue en respuesta al pronunciamiento de un equipo de la Fiscalía de Lavado de Activos, encabezados por Marita Barreto, que demandó al Congreso suspender de sus funciones a Chávarry y a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, sindicados como miembros de la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Mediante un documento, los disidentes habían reclamado la conformación de una junta de transición liderada por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos Rivera, dos fiscales superiores y dos fiscales provinciales de intachable trayectoria con el objetivo de dirigir la institución hasta la restitución o definición de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura.
Plantearon además que la elección del fiscal de la Nación y los fiscales supremos sea por elección de todos los fiscales superiores, provinciales y adjuntos titulares a nivel nacional, con clara prohibición de que los que aspiren al cargo, realicen campañas o lobbies para su elección, bajo riesgo de exclusión.
En esta misma semana, el fiscal supremo Pablo Sánchez exigió a Chávarry su renuncia y lo mismo hicieron los fiscales superiores y provinciales de Áncash. Pero este no se dio por enterado.
El comunicado de la institución indicó que: "Solo con unidad de todos sus integrantes, el Ministerio Público podrá hacer frente y solucionar la sensación de enfrentamiento producida por presiones de diversos sectores".
Y para que no queden dudas de la calidad moral de su labor, el comunicado aseguraba que se continuará con la política "de lucha frontal contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción en todo el país, en el marco del debido proceso".
Presión
Pero el llamado del comunicado no se condice con las presiones de todo tipo que se han puesto en marcha para acallar a los disidentes. En esa labor cumplen su tarea los fieles del fiscal de la Nación.
Aislado cada vez más de sus pares, a Chávarry solo queda apelar a los sectores políticos que hasta el momento se libraron de las denuncias judiciales del Caso Lava Jato, una investigación en la que él y sus allegados pueden cumplir un papel determinante en estas semanas cruciales.
Blindaje es a todo tren
La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, se opuso a un pronunciamiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) sobre la situación del cuestionado. Según ella, su postura obedeció a que los miembros de la CAN no se podían de acuerdo con lo que querían: si sacar a Pedro Chávarry o expulsar a la institución.
De acuerdo a diversos observadores el blindaje se corresponde con la actuación del fiscal que sigue la línea trazada por el fujimorato en la Comisión Lava Jato, en la que solo se busca incriminar a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, dejando de lado o, mejor dicho, exculpando a Keiko Fujimori y Alan García, que no son unas santas palomas.
Los lazos entre Chávarry, el juez César Hinostroza y la denominada "Señora K" alientan las sospechas de que se estaría buscando sacar de las investigaciones a la lideresa del fujimorismo.
Incluso se corre la versión que no solo Hinostroza habría participado de esos encuentros en los que se habrían soldado los tridentes del Poder Judicial y el Ministerio Público para exculparla de todo cargo.
Cita a los miembros del CNM
El caso de Keiko preocupa a sus seguidores. Ayer, el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, citó a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Baltazar Morales y Elsa Aragón para que declaren en calidad de testigos dentro de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular por supuestas irregularidades en la recaudación de dinero a través de cócteles.
El expresidente del CNM Guido Aguila fue citado el martes, pero presentó un documento para que se le reprograme la citación. Morales Parraguez fue citado ayer, pero no acudió a rendir su declaración y tampoco presentó ninguna petición de reprogramación.
Odebrecht
En las próximas semanas, el fiscal Domingo Pérez, uno de los que ha reclamado la destitución de Chávarry, debe recoger el testimonio de Carlos Nostre Junior, exdirector del contrato de la línea 1 del metro de Lima, quien solicitó a la Procuraduría General de Brasil reprogramar la diligencia para incorporar más información al caso.
El interrogatorio se realizará el jueves 4 de octubre. "No hay ninguna incomodidad respecto al Ministerio Público, consideramos que es atendible el pedido", indicó el fiscal tras conocer el pedido.
Nostre se comprometió a brindar todos los detalles sobre los sobornos que la empresa Odebrecht pagó a los miembros del comité de licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. Deberá esclarecer además si otras autoridades peruanas participaron en el negociado.
Otro de los objetivos del fiscal Pérez será indagar si el conglomerado brasileño tuvo intervención en la emisión del Decreto de Urgencia 032, que fue firmado en febrero del 2009, en el segundo gobierno de Alan García, quien niega haber recibido algún pago irregular de Odebrecht.
Todo esto hace ver que, en estos momentos, Chávarry todavía es necesario para algunos políticos.
Nervios
Los nervios de Chávarry están en su máximo punto de tensión, por lo que habría dispuesto a sus aliados hacer los máximos esfuerzos para desviar la atención sobre su actuación.
El pasado lunes, día en que Keiko Fujimori y él se presentaban en el Congreso, la Iglesia Cristiana, aliada del fujimorismo, invadió los terrenos de Alianza Lima.
El fiscal además habría ordenado una presión sostenida contra las fiscales del Callao que lo acusaron por sus vínculos con la mafia "Los Cuellos Blancos del Puerto".
Los tweets de Chávarry
Siempre he sido leal al velar por la autonomía del Ministerio Público. Dediqué estas palabras durante la gestión de Pablo Sánchez, cuando era políticamente cuestionado. La lucha contra la corrupción y la unidad institucional siempre han sido y serán mi línea de trabajo. (1/2) pic.twitter.com/H3lXVY6bdd
— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) September 12, 2018
Hoy que soy Fiscal de la Nación sigo trabajando por la senda institucional que siempre defendí. Sigamos trabajando dentro del marco del debido proceso. (2/2) pic.twitter.com/qn2HhHU4Js
— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) September 12, 2018
