El pueblo peruano y el pueblo uruguayo se unen a fin de luchar contra la corrupción y mediante diversas formas exigen que el presidente Tabaré Vásquez, niegue el pedido del Alan García, quien es investigado por presuntamente haber recibido 100 mil dólares de la Caja 2 de Odebrecht.
Sasha Chumpitaz, vocera de la organización juvenil "Actuemos" dijo a PERFIL que está muy bien que los ciudadanos se manifiesten contra el pedido de asilo de García, porque este debe responder ante la justicia. Sostuvo que diversas organizaciones tanto en Perú como en Uruguay están exigiendo que Tabaré Vásquez no blinde a García.
Informó que se alista una marcha este lunes desde la Plaza San Martín hasta la casa del embajador de Uruguay, donde se esconde García. "Está en evaluación, pero lo cierto es que los ciudadanos está organizándose. Saludo el comentario del futbolista Luis Suárez que criticó el pedido de García y dejó su posición de que lucha contra la corrupción", dijo.
GOBIERNO DEBE APOYAR A LA GENTE
Chumpitaz criticó el hecho que el ministro del Interior haya ordenado que se cerque calles a fin de que los ciudadanos no se acerquen a la casa del embajador de Uruguay.
"¿Quieren darle tranquilidad a Alan García? Lo que debe hacer el gobierno es ayudar y apoyar a los ciudadanos", indicó.
GARCÍA NO ES PERSEGUIDO POLÍTICO
El jurista Guillermo Olivera Díaz opinó que será un acto ilícito, un acto inamistoso, si Uruguay otorga el asilo pedido por García, pese a ser ajeno a todo tipo de motivación política.
"Se le imputan ilícitos comunes. Según la vigente Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita el 28-03-1954, los países signatarios solo pueden otorgar asilo a las personas que estén perseguidas por motivos políticos o por delitos políticos. Uruguay tiene que respetar esta norma", explicó.
Indicó que los delitos que se imputan a García son delitos comunes, como son la concusión, el cohecho (corrupción) y el lavado de activos, ninguno de los cuales es considerado por ley alguna ilícitos de motivación política. Lo mismo en Uruguay.
"Además, la investigación abierta está a cargo de un fiscal provincial penal, junto con un juez penal. Este último ha dictado contra García una resolución de impedimento de salida del país, a pedido del fiscal competente. Ambos órganos, en Perú, no obedecen a mandatos del gobierno, lo cual aquí ni siquiera se sospecha. Mal haría el Uruguay pensar y decidir lo contrario, sin fundamento alguno, salvo una fantasmagoría", indicó.
Manifestó que el Artículo III de la citada Convención sostiene: "No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes". Uruguay tiene que acatar esta norma internacional.
"Por lo tanto, en ninguna circunstancia el presidente Martín Vizcarra otorgará el salvoconducto respectivo para que Alan García salga del país, pues un fallo judicial lo prohíbe", señaló.
Indicó que el presidente peruano está obligado a cumplir y hacer cumplir lo resuelto por los jueces. "Violará la Constitución Política si otorga un ilegal salvoconducto, amén que con ese proceder delictivo está sustrayendo de la persecución penal al imputado de delitos comunes, Alan García", concluyó.
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