Miles de personas han salido este miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia para reclamar mejoras en las condiciones laborales y el sistema educativo, entre otras, en el que es el primer paro convocado por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
En la capital, Bogotá, miles de personas han comenzado la marcha hasta congregarse en la plaza de Bolívar, provocando desvíos e retrasos en el transporte, pese a la lluvia, y reuniendo a figuras del opositor Pacto Histórico como el excandidato presidencial Iván Cepeda, que horas antes denunció en sus redes sociales una “estrategia intimidatoria” del Ejecutivo colombiano con vistas a “reprimir” la protesta.
También ha acudido el expresidente Gustavo Petro, que unas imágenes difundidas en sus redes sobre la protesta ha defendido que “así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo”. “Es la vida la compañera y no la muerte. El pueblo no se rinde, carajo”, ha agregado aludiendo al eslógan del presidente argentino, Javier Milei.
Además de la formación opositora, han convocado la protesta la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), organizaciones universitarias y de la sociedad civil, reuniendo reivindicaciones laborales, educativas, económicas y territoriales, además de la oposición a las políticas anunciadas por el Ejecutivo.
Las marchas se producen además un día después de que el dirigente ultraderechista haya aprobado un decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas.
“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!”, señaló De la Espriella al anunciar una medida que, asegura, busca “fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”.
El primero de los artículos del decreto recoge que “frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia (…) y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones” de las fuerzas de seguridad.
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