Según la última encuesta de CPI, difundida vía Twitter por esta empresa el 5 de julio último, el Congreso de la República aparece con solo 6.4 % de aprobación, la cual es la peor cifra de toda su historia republicana, evidenciando que ese poder del Estado está más que desahuciado en la aceptación ciudadana.
Si estuviese en manos de la población, hace rato hubiesen mandado a su casa a casi todos los 130 congresistas, declarándolos vacados por incapacidad moral y colocado el aviso de “Se alquila este local”, en el frontis del Palacio Legislativo de la avenida Abancay, como lo hiciera Oliverio Cromwell cuando clausuró el parlamento británico el 20 de abril de 1653, diciendo a sus miembros que no eran aptos para gobernar, con la célebres palabras de: “Os habéis sentado aquí demasiado tiempo para el bien que hacéis. En el nombre de Dios, marchaos”.
Palabras que serían dignas de volver a repetirse en nuestro medio, llenas de convicción, resolución y firmeza, ante los interminables excesos y estropicios, por decir lo menos, de nuestro Congreso de la República, al cual la ciudadanía no soporta un minuto más, como podemos apreciar.
Naturalmente que, por la sinergia de los subalternos intereses que existe entre el Congreso y los poderes mediáticos, el resultado de esa encuesta no ha sido difundido abiertamente por los diarios y canales de televisión como es debido, a excepción de algunos medios independientes cada vez más escasos.
Pero la ciudadanía lo tiene claro: no resiste a ese poder del Estado que desde el inicio le ha importado un bledo los altos intereses de la Nación y las interminables brechas de pobreza, dedicándose solo a conspirar contra la estabilidad democrática y la gobernabilidad del país; poniendo en riesgo, inclusive, la vida e integridad física de grandes sectores de la población, como cuando la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva dijo que “las fuerzas armadas están con nosotros”, expresando su directa intención de ahogar en sangre la protesta social que pudiera producirse en caso de vacar al cada vez más alicaído presidente de la República, y agregando al estilo de los bajos fondos y el lumpen de Juanito Alimaña, que Pedro Castillo “estaba c…ado”. Ya hemos visto también en los últimos días, el insoportable aire virreinal y de infulosa encomendera, con que Alva ha despreciado a la población a la que se refiere en sus discursos públicos como simples “indios” de su pongaje.
El hombre de a pie entiende también con meridiana claridad que, si el numeroso sector de congresistas de Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y quienes los apoyan, se han dedicado desde su instalación a vacar afanosamente al presidente y tomar el poder por asalto, es porque se trata de contumaces conspiradores, y que afectan el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder. Obviamente que el pretexto inicial fue el supuesto “fraude electoral”, el cual se han visto obligados a mandar al archivo con el informe de la Comisión Montoya, al no encontrar una sola prueba luego de casi un año en el cual han dilapidado más de 200 mil soles de nuestros impuestos. El otro, y más consistente pretexto de los últimos meses, se lo dan los enormes desaciertos del presidente, así como el escándalo y graves indicios de corrupción que han rodeado a su entorno directo y al Ministerio de Transportes, de lo cual ya se está encargando la justicia y se espera la mayor rigurosidad en las investigaciones, para que caiga todo el peso de la ley y se ponga tras las rejas a quienes corresponda.
El 6.4 % de aprobación del Congreso, y que, al publicarse esta columna, ya debe ser menos de 6 %, se debe no solo a la intentona golpista permanente, sino a la percepción ciudadana de que ya estamos padeciendo una inclemente dictadura parlamentaria, al que solo la motiva legislar para sus intereses personales y de grupo, así como de los lobbies que son su especial motivación. Por eso han encarpetado más de veinte proyectos de ley del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran propuestas relativas al combate contra la corrupción, la celeridad de obras públicas, la inmediata devolución del FONAVI, de atención alimentaria a la población en situación de vulnerabilidad, a la regulación de la cuestión de confianza, al fortalecimiento de la gobernabilidad y confianza de los principales poderes del Estado, entre muchas otras; cuando el propio reglamento del Legislativo y la Constitución dicen que las iniciativas del Ejecutivo se atienden prioritariamente.
Los parlamentarios actúan como si el Congreso tuviese la aceptación ciudadana, cuando ya está al borde del 0 % de aprobación y tiene a más del 90% del país en contra; pero la ambición los obnubila. De por medio están los negocios de la educación superior, el favorecimiento de los monopolios, el apoderamiento del Tribunal Constitucional que ya lograron; ahora van por la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones. Luego irán por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Con la propuesta de bicameralidad que pretenden aprobar a troche y moche en estos días, van también por la reelección y 60 escaños más; por el retorno de los Martha Chávez, Mauricio Mulder, del Castillo, Luz Salgado y otros zombies políticos del pasado, con eso de poner como requisito para el Senado, el de contar con “experiencia de elección previa” para cargo público. Hacen de todo para quedarse y dar más espacio a los suyos. Por nuestra parte, y en cuanto al Senado se refiere, ya hemos dicho en anterior columna que este es parte del poder legislativo de todo sistema democrático; pero no en la forma dictatorial e intención de beneficio propio con que se está tramando, haciéndolo de manera apresurada y a lo “Pepe el vivo”, sin contar con amplio debate público y despreciando la opinión ciudadana, que ya rechazó abrumadoramente esa opción en el referéndum del 2018 por casi 14 millones de votos.
En ese cuestionable propósito de reestablecer la bicameralidad, vienen modificando 53 artículos de los 206 que tiene la Constitución, es decir, el 25% de la misma, convirtiéndose en la práctica en una asamblea constituyente para sus intereses directos; mientras que a la ciudadanía le negaron el derecho al referéndum para que se exprese en torno a la convocatoria a una constituyente donde se discuta también los grandes temas del Bicentenario que le interesa a todo el país.
Es que el sentir y bienestar de la gente les importa un pepino, son ellos, solo ellos y sus lobbys: allí está la avivata inclusión del lomo fino y el faisán en la exoneración del Impuesto General a la Ventas, la eliminación del decreto que evitaba la tercerización laboral, perjudicando a más de 240 mil trabajadores, la censura a la ministra Betssy Chávez por preocuparse de elaborar un código del trabajo, el conflicto de interés entre los proyectos de ley planteados por la misma presidente del Congreso, María del Carmen Alva, y las empresas agroexportadoras de su esposo, Eric Farah Bote; así como la contrarreforma del transporte, sin importarles las víctimas que diariamente mueren en las calles.
Es pertinente mencionar que, extrañamente, jamás se preocuparon por fiscalizar al entonces titular de ese Sector, el exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, a quien blindaron todo el tiempo con sus diligentes votos; muy al contrario de lo que ha venido sucediendo con los titulares de otras carteras, a quienes hacen pasar a diario por las horcas caudinas y el abusivo callejón oscuro de interminables censuras e interpelaciones; como al exministro del Interior Dimitri Senmache a quien censuraron a un mes de jurar el cargo, y al reciente Mariano Gonzales, que al día siguiente de colocarse el fajín ya lo estaban citando al Congreso.
Pero no solo son los intentos permanentes de vacancia, los lobbies de la educación, las contrarreformas, ni los estropicios antipopulares, para lo cual volvieron a ampliar la legislatura por tercera vez, hasta el 15 de julio; sino también el grosero y descarado blindaje a sus amigos, como los “Cuellos Blancos” Pedro Chávarry y Gálvez Villegas, el ex Contralor Edgard Alarcón, Manuel Merino, y últimamente Héctor Becerril, en la acusación que se le hiciera de integrar la organización criminal “Los temerarios del Crimen”; también la “dolce vita”, mientras perciben jugosos emolumentos, en algunos casos sin trabajar, como la del fujimorista Hernando Guerra García en su placentero viaje por la playas del norte, que ha sido previsiblemente favorecido por el archivamiento en la Comisión de Ética.
No podemos dejar de mencionar aquí el blindaje ya impúdico y desfachatado a Luciana León, la excongresista del apra, cuya denuncia constitucional N° 240, formulada por la exfiscal de la Nación por la presunta comisión de los delitos de cohecho, peculado, tráfico de influencias y organización criminal con “Los Intocables ediles”, permanece más de un año en la Sub comisión de Acusaciones Constitucionales, probablemente a la espera de que transcurra el tiempo de prescripción y se consagre la impunidad. Por algo Alan García, el extinto jefe partidario de Rómulo León Alegría y su referida hija, decía que “en política no hay que ser ingenuos”.
No sería de extrañar que, si ese más de 90% de la ciudadanía que rechaza al Congreso se llenase de coraje y pusiese en el local del Palacio Legislativo de la avenida Abancay el mismo aviso que Oliverio Cromwell en el parlamento británico en 1653, lo tomarían en alquiler los casi 130 congresistas actuales y harían de él un abierto mercado persa de venta de impunidades, lobbies, conspiraciones, ganzúas, patas de cabra y afilados puñales de cogotero. ¿Y ustedes qué opinan?
Política
