Si la temeraria acusación de fraude por parte de Keiko Fujimori fue una infeliz declaratoria de guerra a la democracia y al resultado electoral, como bien lo ha hecho notar el prestigioso periodista César Hildebrandt, la reciente decisión de interponer 802 nulidades contra las actas de votación de numerosas mesas de sufragio del sur del país, cuando esos resultados ya fueron oleados y sacramentados, constituye el estruendoso rompimiento de fuegos con misiles de largo alcance por parte de la hija del exdictador para dejar en escombros la legitimidad del proceso, de los organismos electorales y la institucionalidad del país, sin piedad ni misericordia alguna.
Es tal vez peor que los bombardeos realizados antes desde el Congreso disuelto con su abusiva misilera de 73 congresistas, que sumió al país en el actual caos de ingobernabilidad, con el saldo apocalíptico de 180 mil muertos que llevamos por falta de adecuada gestión para prevenir la llegada del devastador azote de la pandemia.
El asunto de las 802 nulidades es tan grave que la propia Susana Abad, esposa del acomodaticio “garante” Álvaro Vargas Llosa, se ha visto obligada a tuitear calificándolo de “sin razón” por el capricho de Keiko de no querer aceptar la decisión de más de la mitad del país, y le ha invocado no provocar algo de lo que “nos podemos arrepentir todos”. Aunque tal vez sea lo que en verdad está buscando la candidata, pues sabe perfectamente que la humilde población ninguneada por ella con esas nulidades no va a permitir que se anule su votación ya consolidada y firme.
Los poderosos estudios jurídicos que patrocinan a Keiko saben bien que esas nulidades deben ser declaradas improcedentes de plano, toda vez que estarían siendo interpuestas contra actos de sufragio ya precluidos, a la vez que fuera de las causales previstas en la normativa electoral. Pero la Señora K sabe también que su decisión obedece exclusivamente a la conocida estrategia política de obstruir, dilatar y deslegitimar el resultado al saberse perdedora. Es el mismo e inconfundible modus operandi que ha usado en el juicio penal que se le sigue por lavado de activos y organización criminal donde, precisamente, el delito de obstrucción es parte de la acusación a 30 años de cárcel que enfrentará al culminar este proceso de balotaje. No es casualidad que quien hoy lidera el pelotón de abogados de la obstrucción electoral sea el excongresista Miguel Torres, el mismo que, según las investigaciones, desde el parlamento disuelto hacía de enlace entre la Señora K con César Hinostroza (el exjefe de los “Cuellos Blancos del Puerto”) y Gonzalo Chávarry, en la casa del empresario Antonio Camayo.
El fujimorismo apostó a los votos del extranjero y ya fueron contabilizados sin variar cualitativamente los porcentajes adversos para Keiko. Ella sabe también que los votos en impugnación ante el JNE no le alcanzarán. De allí su desesperación por patear el tablero, aunque tenga que hacerlo ante el mundo entero y hunda al país en el riesgo de la anarquía; pese a que la propia Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales ha reconocido lo impecable del proceso y está tomando nota de cómo se porta la auto denominada “Salvadora de la democracia”, que a estas alturas más parece un alevoso bombardero japonés sobre Pearl Harbor. Obviamente, tendrá que responder en su momento por la demolición institucional que pretende hacer nuevamente con el país.