Hace casi dieciocho años el fujimorismo, esa organización política devenida banda criminal incrustada en el Estado, tuvo su primer revés serio, luego de que se difundieran los primeros vídeos que revelaban la inmundicia de sus principales representantes.
El mismo Fujimori tuvo que huir al Japón a guarecerse tras su nacionalidad de origen, dejando a sus más tozudos esbirros a merced de la sed de justicia de la gente.
Contra lo que se podría haber esperado, esos sacrificados cancerberos (que se llamaban a sí mismos «la resistencia») pudieron conseguir que la llama no se extinguiera y fueron responsables no solo de la recuperación del fujimorismo, sino de que este haya gozado de buena salud hasta hace unas pocas semanas.
Curiosamente, ya no unos videos, sino unos audios, los han vuelto a poner en el centro de una crisis profunda. Su defensa de los protagonistas de las corruptelas reveladas en esos audios y su resistencia a emprender desde su feudo (el Congreso) las reformas promovidas por el Ejecutivo, los han situado en una posición incómoda. Esto lo entendió muy bien el presidente Martín Vizcarra, quien este domingo emplazó al Congreso a aprobar un plan de reformas, planteando una cuestión de confianza, frente a cuyo rechazo habría tenido la posibilidad constitucional de la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones.
La mayoría aprista y fujimorista del Congreso de alguna manera ya lo había previsto y por eso, poco después de la censura del primer gabinete modificó -desde su mayoría autoritaria en el Parlamento- el Reglamento del Congreso para impedir que una nueva censura representara la posibilidad de cerrarlo.
En estas circunstancias el premier Villanueva acudió ayer al Congreso a pedir el voto de confianza. Le dieron la confianza pese a criticarla.
Quedó claro que el Ejecutivo no bromeaba. O al menos eso parecía. En su discurso reclamó celeridad para la aprobación del paquete de reformas.
Celebró que se hubiera aprobado en tiempo récord un dictamen para la reforma del CNM, con algunas evidentes incongruencias para una reforma seria- por unanimidad por la Comisión de Constitución, donde parece que sus miembros tienen terror al desempleo-, pero muy similar al proyecto original del Ejecutivo. Villanueva sujetó la confianza a la aprobación de los otros tres proyectos del paquete.
¿Dónde está el problema? Se ha sostenido que el parlamento tiene hasta el 4 de octubre para aprobar los proyectos. Durante ese tiempo, pueden pasar varias cosas: el Tribunal Constitucional puede resolver la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra las modificaciones al Congreso de la República.
Si la rechaza, habilitará la interpretación fujimorista de que no es posible -aunque se niegue la confianza a este segundo gabinete- cerrar el Congreso.
También puede pasar que el fujimorismo opte por negociar de espaldas a la opinión pública y el Ejecutivo recule frente a algún ofrecimiento desesperado de esta organización, acostumbrada a hacer de la política una plaza de favores y extorsiones.
En cualquiera de los dos casos, la ciudadanía habrá perdido la oportunidad de que frente a esta segunda grave crisis del fujimorismo en su historia, se consolide su derrota política, reservándoles desde hoy solo un papel de ignominia en la historia de los procesos políticos del país.
Serán responsables, como antes, en el 2000 lo fuimos un poco todos quienes participamos del proceso de recuperación del Estado, un Ejecutivo que no fue lo suficientemente fuerte y decidido y una oposición -quiero decir la oposición al fujimorismo en el parlamento- temerosa, escuálida, con escasas luces éticas y políticas, interesada más en no perder la chamba (hoy o en el siguiente periodo parlamentario) que en la vida democrática del país.
