¡Ni un muerto más! es la inapelable consigna que vienen agitando los organizadores del Gran Paro Nacional del 14 de mayo contra el sicariato, la extorsión, el desgobierno y la corrupción.
El Derecho a la vida contemplado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú resulta, en estas circunstancias, un estéril amago, una impostura, una falacia que podría convertir nuestro pais —por culpa de un gobierno al que califican como corrupto e incapaz— en una gigantesca fosa común. Una muestra de este escenario tanatofílico son el millón 700 mil víctimas por extorsión, los 475 asesinados por sicarios en estos últimos tres meses y una muerte por homicidio cada cuatro horas.
La ausencia de una estrategia integral en materia de seguridad ciudadana por parte del Ejecutivo desató el año pasado cuatro paros promovidos, fundamentalmente, por los transportistas. Su nómina de trabajadores viene convirtiéndose, en medio de balas y sangre, en un largo obituario.
El gobierno, lejos de enmendarse recurrió a fuegos artificiales como el Plan Boluarte —negado después— en referencia al Plan Bukele para hacer creer a la gente que contaban con un plan secreto de raíz salvadoreña.
Fue un embuste, creado por los especialista en psicosociales como lo fue Juan José Santiváñez, inepto, ministro del Interior que fue presentado como un implacable sheriff anticrimen, cuando en realidad era un abogado de policías mafiosos.
Los limeños que se escondieron debajo de su cama cuando el sur combativo vino el año pasado a la capital para arreglar cuentas con Dina Boluarte no fueron los que defenestraron a Santiváñez, tampoco fueron los congresistas que hicieron su show. Fue, según la calle, Paul Flores 'el ruso', el cantante estelar del afamado grupo musical "Armonía 10". Su sangre pudo más que mil solicitudes de vacancia.
"Cayó Santiváñez, ahora le toca a Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros", exclama un sector de manifestantes en este nuevo escenario. El congreso, presionado por el Paro Nacional de este 14 de mayo podría propiciar su destitución.
Pero, ya no será necesario, acaba de renunciar y con esa maniobra evita, según fuentes de Palacio, el descalabro de este agónico régimen y el regocijo de algunos promotores del Paro que querían mostrar su cabeza como trofeo de guerra.
Pero nada de eso parece interesarle a la vanguardia de este movimiento social al que se ha sumado un sector de empresarios de Gamarra usualmente enfocado en los negocios. No quieren al cordero; sino a la madre del cordero. Dina Boluarte es el andamio que debe caer y con ella todo ese puñado, afirman sus detractores, de lobistas y apañadores que ocupan el Hemiciclo y Palacio de Gobierno.
Los sectores de avanzada creen que la plataforma inicial de los 14 puntos —derogatoria de las leyes pro crimen, lucha frontal contra el crimen organizado y la corrupción y justicia y reparación para las víctimas de la represión policial-militar y del sicariato, entre otros— es sólo un referente que pasa —siguiendo el derrotero de la región macrosur— por la renuncia inmediata de la mandataria y la instalación de un gobierno de transición.
No es la recesión económica ni los secretos de alcoba de un ministro o legislador crápula; sino son los muertos los que vienen arrinconando a esta administración y al Congreso que son, según el estudioso Jaime Antezana, el trágico reflejo de un narco Estado. Primero, los asesinados por la represión estatal; después, las cientos de víctimas del sicariato y ahora, los masacrados de Pataz. Depende de los vivos —dijo un sanmarquino que hacía pintas alusivas al paro— su caída final.
También lee
