Este artículo es de hace 2 años

Nueva Constitución: Que el soberano decida

Solo el atarantamiento de la derecha ignorante, bruta, achorada y mezquina, puede querer intimidar con eso del “comunismo” o chavismo”, para evitar que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho democrático a decidir por una nueva Carta Magna.

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La propuesta de reforma constitucional presentada por Pedro Castillo al Congreso para que se apruebe la consulta ciudadana a una eventual asamblea constituyente marcará el debate político de las próximas semanas y meses, y debe ser asumido con seriedad y firme convicción democrática; pese a ser presentada en el momento de mayor desprestigio del gobierno, así como del Parlamento.

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El proyecto fue objeto de ofrecimiento de varios candidatos en la última campaña presidencial, desde la izquierda, como Marco Arana y Verónika Mendoza, hasta la derecha tecnocrática, como Yonhy Lescano y George Forsyth. En elecciones pasadas también lo ofrecieron Ollanta Humala y Alan García, pero, como bien recordamos, ya en el cargo olvidaron su promesa y gobernaron con el marco constitucional heredado de la dictadura fujimorista de los malhadados años 90.

Durante los últimos veinte años connotados intelectuales y político democráticos, como Javier Valle Riestra y Alberto Borea escribieron y disertaron en cuanto foro académico tenían, sobre la imperiosa necesidad de cambiar la Constitución del 93 por otra de mayor consenso democrático, y hasta plantearon volver a la del 79. En todos los casos con abundantes y enriquecedores argumentos jurídicos, constitucionales e históricos. Personalmente venimos escribiendo en favor del tema, desde mucho antes que aparezca Pedro Castillo como candidato presidencial.

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De modo que el planteamiento no es nuevo, ni es invención ideológica del actual presidente de la República. Pero hay que reconocer que, es el único que ha optado por cumplir con su promesa de campaña y por la cual recibió el esperanzador voto de millones de peruanos, cuando ya se venía haciendo burla y mala costumbre el prometer y olvidar fácilmente, por vil traición política al electorado, por ominosa sumisión a los poderes facticos, o ambas cosas a la vez.

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Obviamente que Castillo lo ha hecho más por necesidad política de sobrevivencia que por convicción real de cambio. Hubiese despertado mayor efervescencia de haber presentado el proyecto al jurar el cargo, el 28 de julio pasado, uniendo palabra y acción; aunque la reacción de la derecha bruta, achorada y faitosa hubiese sido más estrepitosa; pero habríamos discutido temas de fondo en estos meses pasados y no las miserias a que hoy se ha reducido el debate entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es verdad que entonces la derecha amenazaba con el golpe desde el Congreso si se presentaba el proyecto de reforma, pero también es verdad que sigue y seguirá haciéndolo porque es la triste esencia de los oscuros intereses que la motivan. Sin embargo, ahora ella también está muy debilitada y peor parada que el Ejecutivo, por eso es que muchos se han tragado sus recientes palabras de acusar constitucionalmente a Castillo o volver por la vacancia por el solo hecho de la presentación del proyecto. Saben también que las movilizaciones sociales que empiezan a organizarse en estos días desde el agro, piden también el cierre de ese poder del Estado; por lo cual los congresistas deberán pensarlo dos veces antes de votar contra el proyecto si así lo desean.

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Dicho proyecto de reforma plantea una eventual asamblea constituyente de conformación popular, plurinacional y paridad de género; compuesta por 130 asambleístas, de los cuales 40 % representarían a los partidos políticos, 30 % a los independientes, 26 % a los pueblos indígenas y el 4 % a los pueblos afroperuanos. El funcionamiento de la misma no se opondría al de las demás instituciones del Estado, como el Poder Legislativo, y duraría solo nueve meses, prorrogables por única vez a 120 días.

El arma ideológica y mediática de intimidación ciudadana, por parte de las fuerzas conservadores, la derecha política y los poderes fácticos, contra el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo, es el manido argumento de que se alista el advenimiento del “comunismo” y del “chavismo” en el Perú, lo cual no tiene ningún fundamento consistente ni real, ya que serán los congresistas los que decida con su voto si aprueban la iniciativa del Ejecutivo o la desestiman. Hasta ahora la correlación de fuerzas y de los votos inclinan la balanza por lo segundo.

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Pero, en el supuesto de aprobarse la reforma y convocarse la asamblea, será la ciudadanía la que elija a sus representantes de la amplia gama de posibilidades antes explicada, y será en los debates y ante la opinión pública en que se decida el texto de la nueva Constitución, y su aprobación final correrá por cuenta también de la ciudadanía mediante votación universal vía referéndum. Como podemos apreciar, full ejercicio democrático y participativo No existiendo razón consistente alguna para dar por cierto que el texto contendría un proyecto, “comunista”, autoritario o dictatorial.

La realidad del Perú es distinta a la de otras latitudes de América Latina o el mundo entero, por eso, con nuestro problemas y angustias, siempre hemos tenido derrotero propio en los procesos históricos del orbe, durante los 200 años de emancipación y doce constituciones que han regido nuestra vida institucional y republicana. Por eso en la Constitución de 1856, elaborado por la Convención Nacional y promulgada por el mariscal Ramón Castilla, luego de la revolución liberal contra el gobierno de José Rufino Echenique, no existió una sola letra derivada del influjo de los preceptos del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels (obra primigenia en que se plantea por primera vez las bases del marxismo, la concepción materialista de la historia, la lucha de clases y el modo de producción capitalista), publicado en Londres en 1848; es decir tan solo ocho años antes. Igual sucedió en la Constitución llamada “de consenso”, de 1860, la más duradera de nuestra historia, y fue llamada así por haber sido derivada del acuerdo entre conservadores y liberales.

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Lo mismo ocurrió con la Constitución de 1920, promulgada por el gobierno de Augusto B. Leguía, a tan solo tres años de la Revolución Bolchevique de 1917 que estremeció al mundo entero. A ningún integrante de la Asamblea Nacional se le ocurrió promover el establecimiento de los sóviets o la dictadura del proletariado en el Perú. Ni siquiera hablaron de la cercana reforma agraria que tremolaba ya en las banderas revolucionarias del gran Emiliano Zapata o Pancho Villa, del hermano país de México lindo y querido, desde el año 1910.

Similar autonomía en el proceso de reforma tuvimos en la Constitución de 1933, pese a haber sido promulgada por Luis Sánchez Cerro, en medio de una grave crisis mundial, como el crack que azotó la bolsa de valores de Nueva York en 1929, y el auge de las revoluciones socialistas de Europa Oriental.

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También mantuvimos autonomía al promulgarse la Constitución de 1979, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución comunista de 1949 en China, la Revolución Vietnamita y otras que sacudieron el continente asiático en esas turbulentas décadas de tempestuosas oleadas revolucionarias. Sin ir muy lejos, tampoco hubo en la Constitución alguna letra derivada del influjo de la Revolución Cubana de 1959.

Como podemos apreciar, solo el atarantamiento de la derecha ignorante, bruta, achorada y mezquina, puede querer intimidar con eso del “comunismo” o chavismo”, para evitar que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho democrático a decidir, en un proceso de refundación que toda nación puede y debe ejercer, sobre todo, si se trata de la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. 

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Alguna vez deberían coger un libro de historia y leer en voz alta las palabras del egregio juez James Wilson, uno de los más preclaros firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, del 4 de julio de 1776, cuando sentenciaba: “El pueblo puede cambiar las constituciones cuando y como le plazca. Éste es un derecho del cual no puede despojarlo ninguna institución positiva.” Que el soberano pueblo decida.

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Esta es una columna
El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
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Antonio Castillo Colaborador de EL PERFIL
Abogado y analista político. Exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción del Perú y exasesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros cargos públicos.
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