Mientras los trabajadores respaldan su propuesta de referéndum, el presidente de la República Martín Vizcarra traiciona a los mismos trabajadores eliminando la negociación colectiva en el sector estatal mediante decretos legislativos que violan la Constitución peruana y tratados internacionales ratificados por el Perú.
Ante ello, los trabajadores hemos realizado una asamblea ampliada con la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), la Confederación de Trabajadores Estatales (CTE), la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE) y el Frente de las Empresas Estratégicas del Estado, para elaborar la plataforma de lucha y plan de acción común para enfrentar la ofensiva del gobierno central.
En la asamblea, más de 200 delegados de todo el país acordaron realizar un Paro Nacional de 48 horas, el 16 y 17 de octubre, y una huelga nacional indefinida la segunda semana de noviembre, para exigir la derogatoria de los decretos legislativos 1442 y 1450 y el restablecimiento de la negociación colectiva en el sector público.
El Gobierno transgrede así la Constitución Política peruana y los Convenios de la OIT. También incumple la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) que sentenció favorablemente a la aplicación de la negociación colectiva económica de los servidores públicos.
El Gobierno se supedita así a las decisiones de tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes obedecen a recetas de los organismos financieros internacionales, los mismos que han llevado la debacle económica y social a países como Argentina y Colombia, sembrando la pobreza y el hambre en la clase trabajadora y sus familias.
Uno de los acuerdos de asamblea es constituir un Consejo Nacional Unitario de Lucha para forjar la unidad y centralización en una sola organización de los gremios estatales de la CGTP, lo cual fortalecerá la lucha.
Mientras los trabajadores luchan contra la corrupción y contra el fujimorismo, el gobierno de Martín Vizcarra firma de modo grosero decretos legislativos anticonstitucionales que persisten en negar derechos humanos laborales que tienen rango de ley y eso no se puede permitir.
Los trabajadores exigen el cumplimiento de la sentencia del TGC que ordenó al Congreso de la República, hace dos años, dar la ley favorable a los trabajadores del sector público.
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