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Este artículo es de hace 4 años

Vizcarra es un asco, un forajido y un canalla, y debe ir a la cárcel

Procuradora Judith Villegas Espinoza ya pidió la detención preliminar por siete días de nueve implicados, entre ellos, de Málaga. Falta Vizcarra.
Antonio Castillo

Vizcarra es un asco, un forajido y un canalla; así califica esta semana el prestigioso periodista César Hildebrandt al nefasto proceder del expresidente, tras haber liderado la escandalosa repartija de vacunas para beneficio propio, de sus familiares, funcionarios del más alto nivel, empresarios, amigos, lobistas y hasta de conocidos personajes ligados al fujimorismo; en una sucia trama que habría sido montada para favorecer al laboratorio chino Sinopharm.

Luego de varios días de estallado el escándalo y ante los claros indicios de que estaríamos ante una vil operación de soborno, la Fiscalía de la Nación se ha visto obligada a iniciar investigación por los delitos de negociación incompatible y concusión y ha procedido a intervenir las instalaciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Por si fuera poco, al momento de redactarse esta columna, se viene realizando también un megaoperativo de intervención en las instalaciones del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud (INS), y Digemid, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

De procederse con rigor, no sería de extrañar que en los próximos días o semanas la Fiscalía solicite la prisión preventiva del expresidente y de los funcionarios de mayor vinculación a esa eventual operación delictiva. Esta posibilidad es jurídicamente posible y tal vez necesaria, ya que el delito de negociación incompatible se encuentra sancionado con pena no menor a cuatro años (art. 399 del CP) y habría sido cometido mediante abuso del poder, en el contexto de la devastadora pandemia que ha convertido al país en un cementerio, y ha costado hasta hoy más de 100 mil fallecidos, según las cifras institucionales del SINADEF; entre ellos, 310 médicos, 125 enfermeras y 525 policías, mientras Vizcarra y compañía se ponían astutamente a buen recaudo sanitario.

La medida se adoptaría para evitar la obstrucción a la actividad probatoria de parte del expresidente, que viene mintiendo públicamente con la cínica coartada de que usó "valientemente" vacunas sujetas a ensayos, cuando esto ya ha sido desmentido por otro de los implicados, el doctor Germán Málaga, quien ha referido categóricamente que Vizcarra pidió y recibió dosis activas, así como para evitar su fuga técnica, amparándose en una posible elección congresal. Por lo pronto, la Procuradora Judith Villegas Espinoza ya pidió la detención preliminar por siete días de nueve implicados, entre ellos, de Málaga y algunos que mencionaremos en las siguientes líneas. Vizcarra no está en la lista por el momento. Pero todo indica que merece la cárcel. Se salva por el momento por haber sido presidente.

Gracias a la investigación de la revista "HILDEBRANDT en sus Trece" de esta semana, sabemos ahora que estos hechos habrían sido realizados para favorecer a Sinopharm por encima de otros laboratorios internacionales como Pfizer/BioNtech, con el cual nunca se tuvo la intención de firmar, según fuentes de la Cancillería, citadas por ese semanario, hasta arribar a un acuerdo definitivo con la opción china.

Este bloqueo a la firma con Pfizer, que ofertaba menor costo que la vacuna china, y que se habría efectuado bajo pretexto de razones de soberanía, sería de responsabilidad de los 18 miembros del Comité Multisectorial de alto nivel, a cargo de Martín Vizcarra, en el cual el trabajo operativo habría corrido por cuenta del embajador Jorge Jarama Alván y del médico cirujano Carlos Castillo Solórzano, cercanos a la excanciller Astete y de la exministra Mazzetti, respectivamente, quienes escogieron a los funcionarios e invitados a vacunar por fuera del ensayo clínico.

El primero de los nombrados fue el enlace con la embajada china en el Perú y aprovechó para vacunarse no solo él, sino también a su esposa suegra y cuñado. El segundo sería el contacto con el fujimorista Alejandro Aguinaga y quien favoreció la vacuna de este y su cónyuge (Dios los cría y ellos se juntan). Asimismo, bloquearon la posibilidad de que se suscriba el convenio respectivo de vacunas con AstraZeneca/Oxford, con la excusa de tener información insuficiente.

Lo cierto es que, pasada la decepción y más allá de la eventual responsabilidad penal de Martín Vizcarra y sus funcionarios, así como de la gravísima responsabilidad ética e infracción constitucional correspondiente, el expresidente ha demostrado ser, como dice César Hildebrandt, un eslabón más de esa larga y ominosa cadena de infamia que ha manchado la historia del Perú desde hace 200 años de vida republicana. Ahora, en el año del Bicentenario, los maestros del Perú deberán sumar el nombre de Martín Vizcarra Cornejo a la negra historia de traiciones y felonías sin nombre realizadas en momentos trágicos del país, que empezó con el Marqués de Torre Tagle, seguida por el expresidente Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Miguel Iglesias, y tantos otros, que parecía terminar con Vladimiro Montesinos, el exasesor de Alberto Fujimori, quien fue acusado de permitir el tráfico de armas de Argentina en contra del Perú durante la Guerra con el Ecuador.

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El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
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Colaborador de EL PERFIL
Abogado y analista político. Exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción del Perú y exasesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros cargos públicos.