El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCPP), Luis Villanueva Carbajal, afirmó que las municipalidades en todo el Perú deben fiscalizar para evitar construcciones ilegales que son verdaderas bombas de tiempo, en referencia al derrumbe en la Av. Abancay que culminó con el fallecimiento del obrero Jorge Martín Huerto Garrido.
«Hago un llamado al alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, a redoblar esfuerzos para fiscalizar las obras que se realizan en su jurisdicción, para evitar la explotación laboral y desamparo de las familias de construcción en caso de accidentes discapacitantes y mortales», afirmó.
Villanueva Carbajal aseveró que en el sector de la construcción existe un 75% de informalidad, producto de la falta de fiscalización, por lo que existen obras que son verdaderas trampas mortales.
«Es lamentable que tras el dolor de la pérdida de un ser querido, la familia de Huerto Garrido quede en el desamparo legal y económico. En toda obra de construcción debe contratarse seguros para los trabajadores a fin de respaldarlos a ellos y sus familias en casos fatales«, informó.
Señaló que el obrero debe tener un seguro de vida Essalud ‘+Vida Seguro de Accidentes’, que por accidente mortal o invalidez permanente del titular cubre una póliza de 72 mil 456.30 soles para la familia más un pago adicional de S/ 1,150 x 12 meses por canasta familiar.
Asimismo, dijo, adicionalmente, la empresa contratista debe brindar el seguro contra trabajo de riesgo (SCTR) que tiene otras prestaciones como pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, entre otros, y en este caso, gastos de sepelio.
«Malos empresarios cobran de acuerdo al régimen de construcción, pero reducen seguridad y salud en el trabajo, pagan miserias a los trabajadores y desaparecen cuando hay un accidente fatal. Necesitamos fiscalización para evitar estas tragedias», advirtió.
Villanueva Carbajal lamentó que el obrero Huerto Garrido haya sido explotado por 150 soles semanales cuando la categoría más baja en construcción, el peón, supera los 600 soles semanales.
«Existe una tabla salarial avalada por las leyes peruanas en el marco de la negociación colectiva por rama de actividad del sector construcción que establece jornal básico, bonificaciones, asignación escolar, gratificaciones, vacaciones, movilidad, entre otros derechos, y que se renueva cada año. No respetarla genera explotación laboral de trabajadores y competencia desleal para las empresas que cumplen», denunció.
Luis Villanueva recordó que cada año la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) resuelve con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) el Pliego Nacional de Reclamos con aumentos salariales y otros beneficios laborales. Este año, el convenio colectivo 2020-2021, informó, se firmará el lunes 14 de setiembre estableciendo aumentos salariales, facilidades para capacitación y certificación por competencias laborales, entre otros derechos.
«Hago un llamado al alcalde Jorge Muñoz y a los alcaldes de todo el Perú a fiscalizar las obras de construcción de su jurisdicción para evitar la explotación laboral, los accidentes mortales y el desamparo de la familia de construcción civil en todo el Perú», finalizó.
