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Arbizu: Es muy probable que pidan prisión preventiva para PPK

Exprocurador, respondiendo a Nakazaki, dice que el juez es el único que decidirá si expresidente debe ir a la cárcel.

El exprocurador Julio Arbuzi sostuvo, en diálogo con PERFIL, que la edad del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (81) y su supuesta enfermedad no impiden que pueda ir a la cárcel y que, aclaró, en todo caso, el juez es el único que decidirá si el exmandatario debe ser investigado mientras cumpla prisión preventiva.

Arbuzi respondió de esta manera a César Nakazaki, abogado de Kuczynski, quien aseguró que su defendido no irá a prisión preventiva y preguntó. “¿Por qué detención preliminar si por edad y salud no puede haber luego prisión preventiva?”.

Nakazaki anunció que este jueves apelará a la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó que Kuczynski sea detenido de manera preliminar, razón por la cual el expresidente está en la Prefectura.

Sobre este punto, Arbizu explicó: “Hay dos cosas aquí: la primera es que la detención preliminar se ha solicitado para asegurar (por 10 días) la investigación preliminar y para formalizar la investigación preparatoria. No necesariamente para luego solicitar una prisión preventiva. Y lo otro es que la decisión de conceder o no la prisión preventiva en etapa preparatoria, dependerá exclusivamente del juez a quien se solicite la medida”.

Ante la pregunta de PERFIL: ¿entonces es posible que la Fiscalía pida prisión preventiva teniendo en cuenta que ya pidió la detención preliminar?, Arbizu respondió: “Sí, claro que sí”.

Kuczynski fue detenido el miércoles por la noche por orden del juez Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, como parte de la investigación que se le sigue por el Caso Odebrecht.

El expresidente es investigado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, por presuntamente haber cometido, como ministro de Economía y premier del gobierno de Alejandro Toledo, el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de exfuncionario público.

La detención preliminar también fue dictada contra la exsecretaria de Kuczynski Gloria Kisic Wagner (67) y José Luis Bernaola Ñuflo (56), su exchofer.

La Fiscalía encontró irregularidades en los contratos que las empresas Westfield Capital y First Capital, vinculadas Kuczynski, realizaron con la empresa Odebrecht, así como las transferencias de dinero hacia cuentas bancarias del expresidente.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público es que Kuczynski, como ministro de Toledo, ayudó a que, de manera irregular, se le otorgue a Odebrecht la buena pro de las concesiones del proyecto Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) y del transvase de Olmos. Para lograr tal fin PPK introdujo conceptos técnico-económicos que solo favorecían a la constructora brasileña, con la finalidad de que luego la constructora “pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado Kuczynski, mediante la contratación de sus asesorías privadas”.

Kuczynski emitió el Decreto Supremo 028-2002-PCM, en el que se le encargaba la elección de los miembros del Comité de Pro-Inversión para la concesión de la IIRSA 2 y 3. Esto, pese a que antes de asumir como funcionario trabajó una “asesoría financiera” con Odebrecht para el proyecto corredor vial Perú-Brasil.

La fiscalía señala que se trató de ocultar la participación de Kuczynski en dicha asesoría pues la propuesta fue presentada por el Banco de Crédito y Westfield Capital –de propiedad de PPK–; sin embargo, en la documentación solo aparecía el BCP.

También menciona que PPK suscribió el Decreto Supremo 100-2004-EF del 21 de julio del 2004, que autorizó el otorgamiento y posterior contrato con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (es decir con Odebrecht) representada por Jorge Barata. En el 2003, Westfield Capital Ltd. participó en una asesoría para la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP).

El juez consideró que existen elementos para señalar que el dinero obtenido de dichas asesorías sería ilegal y habría sido lavado a través de transferencias a las cuentas personales de Kuczynski y otra mancomunada con Gloria Kisic, hasta por US$1’665.000. Otra parte del dinero (US$115 mil) habría sido enviada a las cuentas de su exchofer José Bernaola.

El juez también consideró que K no tiene arraigo laboral, domiciliario y existiría peligro de fuga por su poder económico, y que podría obstaculizar la investigación al tratar de influenciar en la contadora Denise Hernández, quien laboró en su momento en la empresa Wesfield Capital LTD.

Kuczynski escribió en Twitter: “Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia”.

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