La deslegitimada presidenta Dina Boluarte devolvió al Congreso la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, con observaciones.
El anuncio fue confirmado este lunes 13 de enero por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, justo antes de que venciera el plazo de 15 días hábiles para pronunciarse al respecto.
Adrianzén comentó que se han encontrado "una serie de observaciones" en la norma, aunque no proporcionó detalles específicos. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anticipado que su sector había formulado observaciones técnicas para "mejorar" la redacción de la ley.
Según Santiváñez, "no se puede avalar una detención preliminar por un delito sancionado con cuatro años cuando la ley penal establece prisión a partir de cinco años", lo que considera un punto contradictorio e ilegal.
Adrianzén indicó que el documento con las observaciones fue enviado a la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Isaac Mita (Perú Libre). A pesar de las observaciones del Ejecutivo, el Congreso tiene la facultad de insistir en la promulgación.
Sin embargo, dado que el Parlamento se encuentra en receso, la Comisión deberá convocar una sesión extraordinaria para evaluar las observaciones o esperar hasta marzo, cuando inicie la próxima legislatura.
Días antes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, había instado al Ejecutivo a actuar con rapidez y priorizar la promulgación de esta ley. "Es una herramienta crucial en la lucha contra la criminalidad", afirmó.
La ley en cuestión generó controversia y la demora en su promulgación ha tenido consecuencias significativas. En diciembre pasado, diez personas acusadas de pertenecer a la organización criminal Las Hienas Verdes fueron liberadas debido a la legislación vigente.
La demora también ha tenido un impacto directo en la situación legal de Fredy Hinojosa, vocero de Boluarte, quien, junto con otros investigados, eludió su arresto y continúa en libertad mientras es investigado por su papel en el caso Qali Warma, el escándalo de corrupción que involucra irregularidades en la gestión del programa alimentario.