La brutal intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, para desalojar a los estudiantes y campesinos que pernoctaban en el Campus Universitario, ha desnudado ante el mundo entero la entraña dictatorial del régimen de Dina Boluarte, Alberto Otárola, William Zapata y la derecha política que mueve los hilos tras bambalinas.
Rompiendo muros como si se tratase de territorio enemigo, con tanquetas, carros portatropas, bombas lacrimógenas, e intimidatorio sobrevuelo de helicópteros, cientos de policías incursionaron, detuvieron, enmarrocaron y humillaron a 205 estudiantes de provincias, incluyendo una niña y su humilde madre, que pernoctaban apaciblemente en esa sede universitaria.
También entraron armados y a patadas en la residencia universitaria, destrozando libros, mobiliario, computadoras y laptops, sin conmoverse siquiera ante el llanto y desesperación de las alumnas. A todos, hombres y mujeres, obligaron a echarse boca abajo contra el caliente pavimento, en medio del ardiente sol de verano, mientras revisaban arbitrariamente sus pertenencias y habitaciones.
Hasta las 10 de la noche del sábado, estudiantes de San Marcos denunciaron que policías mantenían retenidos e incomunicados en la residencia universitaria a los alumnos Leani Vela, Lucía Garay, Marcos Tello y Diany Vivas Keani.
Las imágenes están dando la vuelta al mundo que está viendo el abuso y la prepotencia de la dictadura, al vejar a los estudiantes y campesinos, enmarrocados en el piso, como si fuesen asaltantes de bancos, “marcas” o secuestradores a quienes, por el contrario, tratan con guantes de seda cuando son capturados.
La violenta acción policial ha sido tan vergonzosa y violatoria de los derechos humanos que, para encubrir la arbitrariedad, LA POLICÍA IMPIDIÓ EL INGRESO HASTA DE LA PROPIA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, como ha denunciado Eliana Revollar, la encargada de esa entidad.
Mucho menos dejaron ingresar a los abogados que se constituyeron al lugar, y la Fiscalía de Prevención llegó dos horas después. Obvio, había que hacer firmar a los intervenidos las actas de incautación bajo intimidación, y sin abogados defensores ni fiscales, más claro ni el agua.
En el caso de estos últimos funcionarios, recordemos que ahora el Ministerio Público, a cargo de Patricia Benavides, actúa conjuntamente con la Dirección Nacional de Inteligencia y el Poder Ejecutivo, según lo afirmado oficialmente por la propia Dina Boluarte en su última conferencia de prensa; lo cual explica que el fiscal superior, Alfonso Barrenechea, coordinador de las fiscalías de prevención del delito, haya dicho que “no pueden adelantar valoración” y que “esperarán el informe y las actas de la policía para verificar la legalidad de la intervención”, es decir, la Fiscalía queda supeditada a lo que diga la policía, cuando constitucionalmente es al revés.
Obsérvese que quienes acudieron dos horas después a la intervención fueron los fiscales de prevención del delito, y no los fiscales penales que estuviesen de turno, lo cual desmiente la información policial de que la violenta incursión fue realizada ante la comisión de flagrante delito. Cierto, qué delito podrían estar cometiendo los estudiantes y campesinos que descansaban a esa hora, cuidaban sus víveres y agua donados con el cariño solidario de la población, y ni siquiera habían salido esa mañana a protestar; lo cual tampoco es un delito.
Por supuesto que el Ministerio del Interior se escuda en el estado de emergencia y un pedido de Jerí Ramón, rectora de esa casa de estudios. Al respecto, debemos afirmar que la emergencia no significa patente de corso para la arbitrariedad, no señores; la propia Constitución Política (artículo 200, inciso 6) establece que durante el régimen de excepción se debe observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y NO TIENE NADA DE RAZONABLE ESA BRUTAL INCURSIÓN Y HUMILLACIÓN, máxime cuando el propio Ministerio Público reconoce, sin querer, que no existe delito alguno, como hemos demostrado en líneas anteriores. Por su parte, la rectora de San Marcos niega que haya pedido la intervención para este sábado 21 de enero, aduciendo que la policía actuó “de oficio”. Ahora juegan al gran bonetón.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Save The Children y Transparencia han exhortado al Estado rendir cuentas de la violenta acción, el respeto a los derechos humanos y garantizar la integridad física de los detenidos. Es evidente, sin embargo, que la motivación del gobierno no es otra que la de una cruel venganza por las indignadas protestas de los días jueves 16 y viernes 19.
Cuando las dictaduras fascistoides se ven perdidas y están a punto de caer, optan por el crimen (ya pasamos el medio centenar de muertos), el alarde de fuerza militar y el atropello a la inteligencia. Esto último se ha visto también en las imágenes de las últimas horas en que numerosos vehículos militares cercaron la Universidad Nacional de Ingeniería, en el distrito del Rímac, con el evidente propósito de amedrentar a los estudiantes alojados allí, así como a su digno rector que ha autorizado el alberge a los provincianos. El efecto inmediato del abuso y la prepotencia de la dictadura será el que faltaba a la protesta de estos días: el despertar multitudinario de la rebeldía juvenil a nivel nacional, que es la reserva moral del futuro inmediato. No olvidemos que José Ingenieros, en preclaro tono de arenga democrática decía que: “Juventud sin rebeldía es servidumbre precoz”.
